El dueño del Casino Royale comparece como testigo protegido en Nuevo León
El dueño del Casino Royale, el centro de apuestas que fue atacado por el crimen organizado en Monterrey, compareció ante la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León como testigo protegido, ya que las autoridades estatales no lo persiguen por ningún delito, informó el procurador estatal Adrián de la Garza.
Raúl Rocha era buscado por las autoridades “como testigo protegido para ver qué podría aportar”, según explicó De la Garza en una conferencia de prensa este martes.
El empresario compareció en diciembre y “ha aportado algunos datos importantes, sobre todo relacionados al tema de la compañía de seguros para poder recompensar a las víctimas en lo que a su responsabilidad civil se refiere”, agregó el procurador.
El funcionario afirmó que la Procuraduría no investiga a Rocha por la posesión de un fusil de asalto de uso exclusivo del Ejército que presuntamente fue descubierto por los bomberos en el techo del local el 25 de agosto del 2011, día en que hombres armados incendiaron el inmueble.
Hay una “indagatoria sobre las armas, pero la Procuraduría del estado no tiene conocimiento de esas armas”, dijo el funcionario. Mencionó que solo tiene conocimiento por notas periodísticas sobre esas armas, y que la indagatoria la lleva a cabo la Procuraduría General de la República (PGR).
“Pero en la indagatoria de la Procuraduría estatal formalmente no tenemos nada (sobre las armas)”, aseveró De la Garza.
Sámara Pérez, vocera de las 52 familias afectadas por el atentad o, confirmó que la PGR persigue al dueño del casino Royale por poseer un rifle calibre AR 15 en su negocio.
“Raúl Rocha es investigado por la PGR por poseer una arma de uso exclusivo del Ejército”, dijo a CNNMéxico la vocera de las familias que perdieron a sus seres queridos en el incendio del casino.
La tarde del 25 de agosto un grupo de aproximadamente de 10 miembros de Los Zetas arribaron al centro de diversión y lo incendiaron , ya que sus dueños se negaban a pagar una extorsión. En el atentado fallecieron 52 personas, la mayoría intoxicadas.
Raúl Rocha huyó al extranjero después del atentado y semanas después, el 7 de septiembre de 2011, compareció ante la PGR en una oficina consular de Miami, Florida, donde tiene su residencia.