La declaración patrimonial del gobierno federal ¿rinde cuentas?
La declaración patrimonial del presidente Enrique Peña Nieto y los secretarios de Estado cumple con la ley, pero no implica un ejercicio de rendición de cuentas con el que la ciudadanía pueda confirmar que los funcionarios no se han enriquecido ilícitamente ni lo harán en el futuro,afirman especialistas.
Según especialistas en transparencia, difundir la lista de bienes de los servidores públicos y el valor de éstos permite a la ciudadanía conocer el origen y la evolución del patrimonio de quienes manejan los recursos públicos del país.
“Podemos hablar de rendición de cuentas y transparencia cuando hay precisión en el capital que poseen y que esto permita constatar que no hubo enriquecimiento ilícito en el ejercicio de otros cargos públicos ni lo habrá al finalizar el cargo actual”, dijo Roberto Tejeda, profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana.
El día de la presentación de su declaración patrimonial -el 16 de enero- el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, precisó que hay "dos modalidades para presentar la Declaración Patrimonial: la Declaración Privada y la Declaración Pública" y que "es una decisión del servidor público si hace del conocimiento de la opinión pública, a través del propio sistema, su Declaración Patrimonial".
El presidente Peña Nieto dijo que en alcance a esta obligación de establecer un gobierno transparente y que rinda cuentas claras ante la ciudadanía cumplía con ese mandato legal.
"Cumplo así, no solo con un mandato legal, sino también con una obligación ética que normará los actos de quienes somos parte de este equipo de trabajo dentro del gobierno de la República”, expresó.
Según el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), la rendición de cuentas combina la obligación del funcionario a informar qué ha hecho con los recursos públicos y el derecho de los ciudadanos de demandar datos sobre el uso de los mismos.
“ Lo que hizo Peña Nieto y los secretarios es cumplir con la ley de presentar una declaración patrimonial, pero por la forma y el contenido es un ejercicio que no ayuda a la transparencia ni es un verdadero ejercicio de rendición de cuentas”, dijo Guillermo Ávila, investigador del área de transparencia y rendición de cuentas de la organización civil Fundar, un centro de investigación independiente y sin fines partidistas.
Según la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, los funcionarios están obligados a entregar en los primeros 60 días tras asumir un nuevo cargo su declaración patrimonial, pero ésta o partes de ésta se harán públicas “siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público del que se trate”.
Para Roberto Tejeda, hay una contradicción en la ley al obligar a los funcionarios a informar sobre su patrimonio para que éstos puedan ser investigados en caso de “sospechas” de enriquecimiento ilícito, y al mismo tiempo “darles una protección” para no hacer públicos sus bienes.
Pero independientemente de ello, el profesor asegura que en una verdadera democracia los servidores públicos deben abonar a un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas haciendo público cuánto tienen y cómo lo obtuvieron.
“Peña Nieto hace un acto mediático pero no de transparencia, no sabemos cuánto tiene gracias a su actividad como gobernador y no podremos saber cuánto creció su patrimonio tras haber ejercido como presidente”, dijo.
La lista de bienes que presentó el presidente incluye nueve propiedades: reporta que una fue donada en 2009, cuando ejercía el cargo de gobernador del Estado de México y que adquirió otras tres, también bajo el concepto de donación, el 8 de diciembre de 2011, cuando acababa de dejar el cargo estatal y se había registrado como precandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Según Peña Nieto, tiene un departamento que fue herencia, otras dos propiedades donadas en la década de 1980, y dos compradas de contado en el 2005 y 1982, cuando él tenía 16 años.
El mandatario no incluyó ni los bienes que están a nombre de su esposa, la actriz Angélica Rivera, ni los de sus dependientes económicos.
“Uno de los argumentos por los que no se hace pública la declaración patrimonial completa es que se piensa que se viola la privacidad, pero la situación patrimonial de un funcionario es de interés público por su grado de responsabilidad en la administración de los recursos públicos”, dijo el investigador de Fundar.
La comisionada presidente del IFAI, Jacqueline Peschard —cuyo periodo en el cargo termina este 19 de enero— se dijo “sorprendida” por la decisión de Peña Nieto y de los integrantes del gabinete de no dar a conocer el valor de su patrimonio.
"Se debe dar a conocer todo lo que tenga que ver con esos registros patrimoniales", dijo Peschard este miércoles.
