Human Rights Watch denuncia abusos y tortura de las autoridades mexicanas
Las fuerzas de seguridad en México han cometido numerosas violaciones a los derechos humanos durante el combate al crimen organizado, incluidos asesinatos, desapariciones y tortura, denunció la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) en su informe anual 2013.
Aunque en 2012 el país aprobó reformas para proteger a los defensores de derechos humanos y a los periodistas, aún no se cuenta con protocolos para implementarlas, criticó el reporte.
Además, la mayoría de las acusaciones contra militares son juzgadas dentro del mismo Ejército y no por autoridades civiles, afirmó HRW, a pesar de que en agosto del año pasado la Suprema Corte de Justicia afirmó que el uso de la jurisdicción militar para perseguir violaciones a los derechos humanos es inconstitucional.
La organización citó reportes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que indican que entre enero de 2007 y noviembre de 2012 se registraron 109 casos en los que integrantes de las fuerzas armadas cometieron violaciones a los derechos humanos, y se presentaron 7,350 quejas contra soldados.
“Una de las principales razones por las cuales los abusos de militares persisten es porque los soldados que los cometen virtualmente nunca son llevados a la justicia”, señala el informe. A pesar de que fiscales militares abrieron casi 5,000 investigaciones por violaciones de derechos de civiles, indica, solo 38 militares han sido sentenciados por dichos delitos.
Los integrantes de las fuerzas de seguridad continúan utilizando la tortura como un método para obtener confesiones forzadas e información del crimen organizado, sostiene el informe. Según la organización, solo dos funcionarios federales han sido sentenciados por denuncias de tortura desde 1994, a pesar de que la CNDH ha recibido más de 100 quejas de tortura y más de 4,700 de maltrato.
Aunado a esto, el sistema judicial del país está plagado de corrupción, tiene entrenamiento y recursos inadecuados, y existe una complicidad entre los fiscales y los defensores públicos, acusó HRW en el informe de 665 páginas.
Aunque desde 2008 se aprobaron los juicios orales, su implementación no será completa hasta 2016, por lo que aún persisten prácticas de justicia opacas.
HRW también se pronunció contra la figura del arraigo, ya que detener a una persona por 80 días sin presentarle cargo “viola las obligaciones de México con respecto a la libertad y seguridad y el debido proceso bajo la ley internacional”. Según la organización, muchos detenidos permanecen bajo arraigo incluso por un lapso mayor a ese periodo.
Abusos en Venezuela, Colombia y Cuba
Casi 8,000 venezolanos han muerto en Venezuela a manos de las fuerzas de seguridad pública entre 2000 y 2009, según el informe de HRW, en asesinatos extrajudiciales que se han convertido en “una práctica recurrente”.
Además, el presidente Hugo Chávez sigue acumulando poder, que aunado a un deterioro de las garantías de derechos humanos permite que el poder ejecutivo “intimide, censure y enjuicie” a quienes se le oponen .
En tanto, en Colombia los grupos irregulares siguen cometiendo abusos, mientras que existe una “impunidad crónica” en casos de violaciones de derechos humanos.
Cuba es “el único país de América Latina donde se reprimen casi todas las formas de disenso político" mediante "detenciones arbitrarias, golpizas, actos de repudio, restricciones de viaje y exilio forzado", denunció HRW.
Tras la primavera árabe, se debe respetar la democracia
La caída de regímenes tras la primavera árabe y la elección de nuevos gobiernos debe de ir acompañada del respeto a los derechos humanos, lo que determinará si las revoluciones fueron genuinas o generaron simplemente más formas de autoritarismo, afirmó HRW.
Los gobiernos de Medio Oriente y el Norte de África que llegaron al poder por medio de las urnas tras las revoluciones no deben de “sacrificar” los derechos de las minorías, como en el caso de Egipto, donde la nueva constitución es vaga con respecto a la libertad de expresión, la religión y la familia.
La organización con sede en Nueva York también criticó el hecho de que los gobiernos no han hecho lo suficiente para denunciar la situación en Siria ante la Corte Penal Internacional, a pesar de los crímenes de guerra cometidos en el país.