Legisladores y gobierno promueven poner límites al arraigo
El gobierno federal y el Senado mexicano abrieron este miércoles el debate en torno a posibles reformas al arraigo, al reconocer que el uso de esa figura jurídica ha causado violaciones a los derechos humanos y que su utilización debe ser limitada.
En un foro convocado por la Cámara alta, funcionarios del gobierno de Enrique Pena Nieto afirmaron que el presidente es consciente de los efectos negativos del arraigo y está dispuesto a promover cambios legales en la materia.
"(El arraigo) ha traído una secuela de abusos, de violaciones a los derechos humanos, y ha debilitado a las instituciones", dijo en el encuentro el subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo García Cervantes.
En México, los ministerios públicos utilizan el arraigo para pedir a un juez que mantenga detenido a un presunto delincuente mientras la investigación del caso no ha concluido.
En 2008, una reforma constitucional estableció que el arraigo por 40 días únicamente puede ser empleado cuando se indague a una persona por delincuencia organizada.
García Cervantes considero que la figura necesita mayores límites, como reducir el tiempo que alguien podría permanecer detenido.
"Con datos objetivos, está claro que la figura del arraigo ha sido ocasión para la violación de derechos humanos de manera persistente, es también ocasión para la práctica de la tortura, ocasión para detener y luego investigar, cuando un Estado de derecho implica que de las investigaciones previas se pueda inculpar a alguien y ponerlo en manos de la justicia", dijo a medios.
Momentos antes, la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación (Segob), Lía Limón, coincidió en que es necesario revisar el marco jurídico del arraigo.
"(Hay que) evitar que esta figura se use de manera excesiva, lograr que el uso de ella sea la excepción y no la regla", dijo durante el foro.
La utilización del arraigo, según la funcionaria, no ha mejorado la procuración de justicia. Citó como ejemplo que más de 4,000 personas fueron arraigadas en los últimos dos años y, de ellas, sólo se procesó a 129.
En sus intervenciones, los senadores Miguel Barbosa, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y Miguel Romo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señalaron que sus bancadas están a favor de modificar el arraigo.
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado informó esta semana que el tema será una de las prioridades de su agenda en el actual periodo de sesiones, que concluye el 30 de abril.
Sin embargo, los senadores no han indicado si analizarán una nueva iniciativa o conformarán un solo dictamen con las distintas propuestas que se han presentado desde el inicio de la Legislatura, en septiembre pasado.
Algunos legisladores se inclinan por imponer más límites al uso del arraigo para evitar abusos, en tanto otros exigen su desaparición.
En varias ocasiones, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y asociaciones como Amnistía Internacional (AI) han llamado a México a reformar sus leyes para erradicar el arraigo porque lo consideran lesivo de los derechos humanos.