El juicio contra Elba Esther Gordillo puede extenderse al menos un año
El juicio contra la líder sindical Elba Esther Gordillo, a quien el gobierno federal acusa de delincuencia organizada y de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, puede extenderse al menos un año, según las leyes mexicanas.
Gordillo encara cargos por delincuencia organizada, por los que podría alcanzar una sanción de cuatro a ocho años de prisión; en tanto, por operaciones con recursos ilícitos, una de cinco a 15 años.
La defensa de la exdirigente magisterial tiene derecho a pedir al juez que amplíe el plazo de un año, a fin de presentar más pruebas a su favor.
“Creo que será un juicio muy largo, de un año y medio o dos años, por la complejidad del caso, en el que se tendrá que pedir apoyo a autoridades del extranjero”, dijo Javier Cruz Angulo, profesor de Derecho del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Gordillo fue detenida el 26 de febrero por la Procuraduría General de la República (PGR), acusada de asociarse con otras tres personas para desviar unos 2,600 millones de pesos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a cuentas personales. Según la acusación, parte de ese dinero se utilizó para comprar bienes raíces en Estados Unidos así como en tiendas departamentales.
La noche del lunes, un juez dictó a Gordillo auto de formal prisión o de vinculación a proceso, lo que significa que consideró que existen suficientes elementos para presumir que cometió un delito.
La defensa de la exdirigente, de 68 años, aún puede apelar esa decisión o promover un amparo, pero ninguna de esas medidas detiene de inmediato el inicio del juicio, dijo Cruz Angulo.
El “punto medular” del caso
El juicio contra Gordillo, que dirigió el SNTE durante 23 años, tendrá al menos cuatro etapas: la presentación de pruebas por parte del gobierno y de la defensa, una de audiencias para contrastar elementos, una de conclusiones y una audiencia de vista en la que se defina el caso.
En todo el proceso, el “punto medular” estará en que se determine si el origen de los recursos detectados en cuentas de Gordillo es ilícito o no, dijo el abogado José Antonio Granados Atlaco, profesor de Derecho Penal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e integrante del Despacho Especialista en Negocios.
La PGR argumenta que la procedencia del dinero es ilícita porque la exdirigente y sus presuntos cómplices lo utilizaron sin haber tenido derecho a hacerlo. Según Granados Atlaco, la defensa de Gordillo puede señalar en contraparte que los estatutos del sindicato la facultaban a emplear los fondos o que fueron transferidos con motivo de un préstamo u otros fines.
“El que tú hayas pasado el dinero de cuenta en cuenta, a menos que en alguno de esos pasos haya sucedido algo que lo convierta en ilegal, no es suficiente para (acreditar) lavado de dinero”, dijo el abogado fiscalista Luis Cornu Gómez, socio fundador del despacho Cornu Asesores.
La PGR tendrá que sustentar sus señalamientos a través de peritajes contables, entre otras pruebas, señalaron los juristas.
La salud de Elba Esther
La única senadora del Partido Nueva Alianza (Panal), Mónica Arriola, hija de la exdirgente sindical, exigió este martes que el proceso se realice “conforme a derecho”.
“Ella está enferma, es una señora de 70 años, hay que entenderlo, se le está dando en la medida de lo posible cuidado médico, está su médico con ella y esperemos que esto siga su curso legal y no haya ningún tinte político”, dijo Arriola a medios.
La legisladorea reconoció que su familia vive “un momento triste” y, como hizo la semana pasada, anunció que evitará emitir opiniones sobre el caso por tratarse de un asunto familiar.
“Como entenderán soy familiar, uno ni puede ser juez y parte, es un proceso muy difícil para la familia, es un proceso personal muy difícil, es mi madre, estar aquí también me cuesta trabajo, pero me formó bien y hay que ver para adelante y seguir trabajando”, dijo.
La actuación de la PGR
El procurador Jesús Murillo Karam afirma que la acusación contra Gordillo está bien armada, aunque los abogados consultados tuvieron opiniones encontradas al referirse a la actuación de la PGR en este caso.
Granados Atlaco consideró que la dependencia actuó con “premura” al sustentar su acusación en la revisión de las transferencias realizadas en sólo dos cuentas del SNTE, dejando las 79 restantes para un análisis posterior.
En contraste, Cruz Angulo señaló que los movimientos de la PGR han sido “milimétricos” y esperó que así se mantengan para que la resolución del caso no deje dudas entre la ciudadanía.
Militantes de varios partidos han exigido al gobierno de Enrique Peña Nieto que haga un manejo “escrupuloso” del asunto y que investigue a otros líderes sindicales señalados por corrupción.
La noche del miércoles, en un mensaje en cadena nacional, Peña Nieto defendió la acusación de la PGR y, sin mencionar a Gordillo, dijo que “nadie puede estar por encima de la ley”. El domingo, durante la asamblea del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que en el país “no hay intereses intocables”.
