Los resultados en seguridad no serán inmediatos en el gobierno de Peña
La estrategia de seguridad de Enrique Peña Nieto no dará resultados inmediatos, coinciden expertos, pero ya se hicieron cambios en la estructura de las fuerzas de seguridad, concentrando en Gobernación a la policía federal, las labores de inteligencia y la creación de una gendarmería, además de un plan de prevención del delito con enfoque social.
Disminuir los homicidios, el secuestro y la extorsión son la prioridad de la estrategia de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto, solo que el tiempo para alcanzar esta meta no está en el corto plazo.
En los primeros tres meses de su mandato, se han registrado 3,157 muertes vinculadas con el crimen organizado, aunque ahora les llama homicidios dolosos "relacionados con delitos federales”, informó la Secretaría de Gobernación (Segob).
De ese registro, en enero y febrero murieron 2,018 personas, de las cuales 1,920 (95.4%) eran presuntos delincuentes, 85 servidores públicos murieron “en el cumplimiento de su deber” (4.2%), y 13 personas se presume que eran ajenas a los hechos (0.64%).
Peña Nieto advierte que los resultados de las decisiones en materia de seguridad se verán en un mediano plazo.
"Lamentablemente se han registrado hechos de violencia en algunas entidades y estamos justamente aplicando una nueva estrategia que espero, en un mediano plazo, nos permita reducir sensiblemente los niveles de violencia que hoy tenemos", reconoció ante medios la noche del 20 de febrero.
Para Alejandro Hope, analista e investigador en temas de seguridad, este mediano plazo significa ver resultados en las elecciones intermedias de 2015.
Pronostica que, de seguir así los índices de violencia, en 2015 habrá entre 45,000 y 50,000 muertos, si se toma en cuenta la tendencia de disminución de 6% anual en homicidios dolosos. Esto es, unos 90,000 muertos al final del sexenio, cifra similar al gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Las noticias sobre inseguridad en México han incluido el caso de seis turistas españolas que fueron violadas un grupo armado en Barra Vieja , una de las zonas más tradicionales del puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, hecho que atrajo la atención de medios internacionales.
El alcalde del puerto, Luis Walton, pidió ayuda al presidente. En menos de dos semanas, los presuntos responsables fueron detenidos. Acapulco es considerada una de las 50 ciudades con mayor inseguridad del mundo y actualmente el índice de homicidios es más alto que el de Ciudad Juárez.
La violencia no se ha quedado en las calles, también ha alcanzado las últimas semanas la esfera virtual. En el estado fronterizo de Tamaulipas, en el norte de México, el administrador de la página de Facebook Valor por Tamaulipas -de alerta ciudadana sobre ataques del crimen organizado- es buscado por el crimen organizado, quien ofrece, a través de volantes, una recompensa de 600 mil pesos a quien ayude a dar información sobre él o su familia.
Esta semana, circuló un video en redes sociales donde supuestamente un ciudadano que colabora con Valor por Tamaulipas es asesinado como señal de advertencia. El administrador publicó en su muro que él se encuentra bien y que desconoce si esa persona colabora o no con el sitio.
El diario de Juárez y el Canal 44 en Ciudad Juárez, Chihuahua, ciudad fronteriza en el noroeste de México, también fueron blanco de ataques con arma de fuego en su fachada esta semana.
También en Chihuahua, el director del sitio Ojinaga Noticias, Jaime González , fue asesinado el 4 de marzo -el primer periodista asesinado en el goberno de Peña-.
La administración de Peña Nieto no ha hecho ningún comentario sobre los ataques a los medios de comunicación.
El de Peña es el primero del Partido Revolucionario Institucional después de dos sexenios del Partido Acción Nacional (2000-2012). En contraste con su antecesor, Felipe Calderón, quien anunció a inicios de su mandato una “guerra contra el narcotráfico”, la cual después llamaría “estrategia de seguridad”, el priista ha destacado que su prioridad es que México “esté en paz”.
La estrategia
El primer presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) después de dos sexenios panistas, desapareció la Secretaría de Seguridad Pública —emblemática en el combate al narcotráfico en el sexenio anterior — y propuso hacerla una subsecretaría que ahora depende de Gobernación.
Además, anunció la creación de una gendarmería nacional, la cual tendrá inicialmente 10,000 elementos y acordó con los gobernadores implementar un modelo de seguridad de mando único estatal (subordinando a las policías municipales).
“No ha acabado de cuajar el plan estratégico en materia de seguridad “, opina Alejandro Hope, investigador que dirige el Proyecto Menos Crimen, Menos Castigo, iniciativa conjunta en materia de seguridad pública del IMCO y México Evalúa.
Las principales instituciones como la Comisión Nacional de Seguridad “no existe todavía (…) No hay claridad sobre qué va a hacer la gendarmería y qué no va a hacer en contraste con la policía federal. La Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública sigue vacante…”.
Explicó que esta última es la institución que da seguimiento a los mandatos del Consejo Nacional de Seguridad Pública y en ausencia de una cabeza tan fuerte se quedan los acuerdos sin seguimiento.
Peña también anunció la división del territorio en cinco regiones como parte de la estrategia para combatir el crimen .
“No es algo muy distinto a lo que se ha intentado en el pasado, esas regionalizaciones no empatan con las que tienen las fuerzas de seguridad. El Ejército tiene 12 zonas militares y la Marina tiene siete zonas navales; encajarlo en cinco regiones, rompe la línea de mando de las fuerzas armadas y dificulta la coordinación”, dijo Hope.
Uno de los pilares en la nueva estrategia de seguridad es el Plan de Prevención del Delito, que involucra a nueve secretarías, que destinarán en conjunto 118 mil millones de pesos a acciones que busquen fortalecer el tejido social.
En su primera etapa está enfocado a 57 localidades del país, municipios y zonas metropolitanas a las que se destinaron directamente 2,250 millones de pesos para crear “espacios vivos”, impulsar actividades deportivas y culturales y alejar así los jóvenes de la violencia.
Para el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Roberto Campa Cifrián, los resultados se podrán ver en un plazo de un año a 18 meses .
Este punto de la estrategia de seguridad es reconocido por algunos investigadores. Virgilio Bravo, maestro en Administración Pública y doctor en Derecho, es visible el cambio de estrategia de seguridad en la administración de Peña Nieto en contraste con la de Felipe Calderón.
“Un cambio importante, en el cual el problema no solo se ve desde el punto de vista policial, sino también social. Esto es crucial para definir una política pública”, dijo el profesor investigador del Tecnológico de Monterrey.
Sobre las muertes con violencia y los secuestros, coincide en que eso “no se puede dar resultados en el corto plazo”.
Para Hope, hay preguntas que responder en los criterios para otorgar recursos al plan para prevenir el delito. Ya que hay ciudades como Reynosa, con un alto índice de violencia, que no tiene recursos directos en la primera etapa del plan.
En contraste, ciudades como Querétaro reciben más recursos (68.5 millones de pesos) que zonas como La Laguna (53.1 mdp), formada por municipios de varios estados y que tienen mayor índice de violencia.
Mientras que el estado de Tlaxcala recibe para dos municipios 35.19 mdp, Reynosa no recibe recursos directos. Querétaro es de los estados más seguros del país y Tlaxcala no es considerado un foco rojo en materia de seguridad.
Según los criterios del plan, expuestos en el diario oficial, hay municipios como el de Tlaxcala que se eligieron por su “cobertura territorial”, otros por el índice delictivo y el criterio de la población fue el que influyó al elegir las zonas metropolitanas prioritarias.
“La asignación de presupuesto no necesariamente se da en torno a una afectación de percepción sino a políticas de prevención, seguramente tienen que ser mucho más costosas en zonas donde no ha llegado cuando menos de una forma abierta o franca la delincuencia y son políticas de prevención”, explica Luis Miguel Pérez Juárez, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey.
Las cifras de homicidios por rivalidad delincuencial
Si la violencia en México se mide con base en los delitos de alto impacto registrados por las procuradurías de los 31 estados y el Distrito Federal, las cifras del primer bimestre del gobierno de Peña Nieto son similares a las del último año de Felipe Calderón, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
En los tres primeros meses del nuevo gobierno, la Secretaría de Gobernación, que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong, relaciona 3,157 homicidios “vinculadas al crimen organizado” (1,139 en diciembre, 1,104 en enero y 914 en febrero).
El último mes, Gobernación les cambió el nombre a este tipo de homicidios, ahora son “homicidios dolosos relacionados con delitos federales”.
En el mismo periodo del año pasado, el SNSP registró 4,975 homicidios dolosos en todo el país sin diferenciar cuáles podrían estar vinculados con el crimen organizado.
El conteo de las muertes vinculadas al crimen lo realiza el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), que depende de la PGR.
Hasta julio de 2011, el gobierno del Partido Acción Nacional (PAN) había contabilizado 47,515 muertes vinculadas al crimen organizado .
En todo el sexenio de Calderón, las muertes vinculadas al crimen organizado fueron 70,000 según Osorio Chong.
Además, tienen registrados que entre 60 y 70 células de cárteles “entre medianos y chicos” existen en el país, luego del desmembramiento de las organizaciones criminales en el sexenio anterior, dijo Murillo Karam en diciembre pasado.
“Están en varias partes del país (…) estamos identificando geográficamente … por eso es que se modifica, se hace una estrategia regional”.
Peña Nieto ha decidido no hacer de la seguridad un tema mediático del que tenga que hablarse día a día, incluso que sea un tema prioritario en la agenda internacional.
"No se trata de cambiar la conversación, simplemente es darle a cada lugar y en cada espacio el tema que nos ocupa, lo que no podemos hacer es que, de lo único que se hable es que sea un solo tema", dijo ante medios al responder sobre el tema de seguridad en febrero.
“Todavía no encuentran la cuadratura del círculo sobre cómo informar sin que abarque la agenda pública”, dice Hope.
En los dos reportes que han dado sobre la situación de seguridad, uno encuentra muchos los vicios del sexenio anterior, como el hecho de en qué basan la presunción de que 97% de los muertos son delincuentes.
El escenario
Analizando los registros de homicidios, Hope no espera que “hubiera una pacificación inmediata”, pero considera que debería de haber claridad la estructura y sobre la estrategia de seguridad.
Para Virgilio Bravo, 100 días de un gobierno siempre son poco para valorar resultados, pero son suficientes para darse una idea de las intenciones de un gobierno.
“Ahora tendremos que ver si estos primeros 100 días en donde están los primeros acomodos, se traducen en resultados (…) Todavía nos faltará un tiempo más razonable para empezar a ver resultados”, comenta.
Luis Miguel Pérez Juárez, dice que para ver resultados tangibles en una reducción importante de delitos de alto impacto, el plazo que no deberá exceder los 24 o 36 meses para decir que un proyecto funciona.
“A los 15 ó 16 meses de un programa es suficiente para saber si se está caminando por el lado adecuado y correcto o habrá que hacer ajustes. Y el gobierno, no creo que tenga tiempo ni posibilidad de estar esperando más allá de esos 15, 20 meses, casi dos años de administración”, dijo.
