A pesar de su pobreza, una comunidad de Chiapas prioriza la educación
En la mesa disponen la comida, especial por ser día de fiesta: trozos de maíz molido y cocido con un poco de manteca, agua endulzada con melaza y café elaborado con los pocos granos que dejó la cosecha de este año, afectada por las plagas.
La insuficiencia de alimentos afectará durante los próximos meses a los habitantes de la comunidad Masojá Shucjá —con apenas 350 habitantes— ubicada en el municipio de Tila, Chiapas, en el sur de México. Pero la conversación de la etnia chol no trata los problemas de abasto, sino la forma de conseguir una beca para que Antonio, uno de los jóvenes de la comunidad, siga estudiando.
Historias como las de esta comunidad se repiten entre los 52 millones de personas pobres que hay en México (46.3%), de las cuales el 11.4% vive en pobreza extrema y que el presidente Enrique Peña Nieto quiere atacar con la Cruzada contra el Hambre, programa que en una primera etapa está enfocado a 7 millones 400,000 personas en 400 municipios que padecen pobreza extrema y carencia alimentaria severa.
En los últimos dos años, el fenómeno se agudizó: 1 millón 300,000 mexicanos cayeron en extrema pobreza, sumando 13 millones de personas que viven en esta condición, advirtió en enero pasado el subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Javier Guerrero García.
En Chiapas, el 78% de la población vive en condiciones de pobreza y 38.3% en pobreza extrema.
El pasado 6 de marzo, a unos días de cumplirse los primeros 100 días del gobierno de Peña Nieto, la responsable de este programa y titular de la Sedesol, Rosario Robles, dijo ante diputados que ya firmaron los acuerdos de colaboración con los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero , los cuales aglutinan el 60% de los municipios incluidos en la primera etapa de la cruzada.
Pero especialistas en pobreza y desarrollo humano consideran que en la Cruzada no hay “reglas de operación claras ni candados contra el clientelismo” .
La Cruzada Nacional Contra el Hambre llegará a 213 de los 1,432 municipios que este año tienen elecciones.
En su comparecencia ante legisladores de la comisión de Desarrollo Social y de Asuntos Indígenas, Robles rechazó fines electorales o políticos en el programa .
Organismos internacionales dedicados a la atención de la alimentación y la pobreza en México consideraron que el éxito de este esquema dependerá de las acciones que se lleven a cabo para trasladar los objetivos en papel a la realidad y que su prioridad debe ser la infancia.
“Hay situaciones como la desnutrición que tienen un impacto negativo en el aprendizaje escolar y el desarrollo físico que es muy difícil recuperar en otras etapas de la vida”, dijo a CNNMéxico Erika Strand, jefa de Política Social en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Además, coincidieron en advertir sobre el riesgo de convertir estos comités vecinales en mecanismos de control político y aseguramiento del voto.
“En Solidaridad (un programa implementado durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari) al organizar por comunidades se identificaron a líderes y comenzó la práctica de comprarlos, cooptarlos para asegurar el voto de las comunidades beneficiadas con los apoyos”, dijo Julio Boltvinik, profesor del Colegio de México (Colmex).
Buscando la salida
Todos los habitantes de Masojá Shucjá son indígenas choles, cuya aspiración es lograr que sus hijos salgan de ahí para seguir sus estudios, porque en este lugar solo hay una escuela primaria multigrado —aquellas en las que el profesor atiende más de dos grados simultáneamente, generalmente ubicadas en zonas rurales pequeñas y dispersas—.
Laureano López Torres, uno de los líderes de la comunidad, analiza las condiciones para que Antonio, de 12 años, sea aceptado en una escuela de oficios en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, a unos 300 kilómetros del municipio de Tila.
El futuro de Antonio está en juego, pocos habitantes de esa comunidad han logrado estudiar algo más que la primaria. Un profesor local recomendó a la comunidad actuar para que el niño continúe con su educación, pues considera que es un estudiante con capacidades destacadas.
Como sus papás no tienen recursos para cubrir el gasto que implica mandarlo a estudiar a otro lugar, otras familias decidieron apoyar y han juntado 830 pesos. Eso es suficiente para su pasaje; ahora solo falta la certeza de que Antonio recibirá una beca.
Según estadísticas de la Secretaría de Educación de Chiapas, en el pasado ciclo escolar, 12,932 alumnos de todo el municipio de Tila —al que pertenece la comunidad Masoja Shucjá— estudiaron la Escuela Primaria. De ellos, menos del 50% (solo 5,192) continuó sus estudios en el nivel Secundaria.
La mayoría de las mujeres de Masojá Shucjá son monolingües , hablan únicamente la lengua chol. Graciela recuerda que en noviembre pasado la comunidad acordó que cada familia donara un poco de maíz para elaborar los tamales que se comerán en el poblado durante los días que dure la ceremonia para recordar a sus muertos.
Ella también dio una gallina, que sirvió para sazonar los tamales de ese día. Otras familias entregaron un poco de panela (melaza elaborada con jugo de caña de azúcar, cocido y solidificado), la que utilizan para endulzar ocasionalmente alguna de sus bebidas.
Para la elaboración del café, se completó el grano con un poco de tortillas de maíz, carbonizadas y molidas.
Pero este año no habrá suficiente café, pues una plaga de broca afectó la cosecha. Las mujeres detallan que en Masojá Shucjá lo que se produce es para la autosubsistencia, por lo que hay racionamiento para la distribución de los productos entre cosecha y cosecha.
Laureano López Torres, uno de los habitantes de la comunidad, considera que el aislamiento de la zona baja de Tila es una de las condiciones que impiden su desarrollo. El viaje en auto hasta la cabecera municipal dura cinco horas, a lo cual se suma una hora más por caminos de terracería.
Se necesitan 400 pesos para el pasaje de ida y vuelta de una sola persona. Para atender un problema de salud que requiere tratamiento en un hospital de especialidades, como el que necesita Laureano, quien padece cáncer de próstata, este es un gasto inminente.
El Censo 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revela que en unas 120 mil localidades viven más de 2,2 millones de personas, lo que dificulta su acceso a programas sociales y servicios básicos como salud y educación.
Sin embargo, si la cosecha de café no fue suficiente para dejar un excedente que pueda comercializarse para obtener algunos ingresos económicos, es prácticamente imposible conseguir los recursos.
Laureano fomenta y confía en la solidaridad de su comunidad. Por lo pronto, para él lo prioritario es que los jóvenes de Masojá Shucjá sigan estudiando “y después regresen a seguir apoyando a la comunidad”.
Ángeles Mariscal y Belén Zapata contribuyeron con este reporte