Guardias comunitarios entregan a 21 sospechosos de nexos con el crimen
Pobladores que integran una policía comunitaria en Michoacán entregaron a 21 personas que mantenían detenidas bajo acusaciones de supuestos vínculos con el crimen organizado, luego de varias horas de negociaciones con autoridades del gobierno estatal.
Un agente de la Procuraduría General de la República (PGR) recibió a 20 hombres y una mujer que estaban retenidos por los civiles armados de La Ruana, quienes los acusaban de ser vigías de los grupos del narcotráfico.
Luego de que fue verificada la salud de los detenidos, el agente del Ministerio Público federal con sede en la ciudad de Apatzingán tomó en custodia a las personas retenidas, quienes posteriormente fueron trasladados en medio de un operativo de seguridad a la ciudad de Morelia, la capital del estado.
El secretario estatal de Gobierno, Jesús Reyna García, dijo que las autoridades estatales no cuentan con indicios de que estas personas tengan nexos con el crimen organizado, por lo que serán las autoridades federales quienes determinarán su situación legal.
Horas antes, los civiles armados se habían negado a entregar a las 21 personas, pero tras las negociaciones con el gobierno del Estado accedieron a entregarlos bajo la condición de que la PGR iniciara una investigación de su posible relación con el crimen organizado.
En los días pasados, elementos del Ejército detuvieron a 51 personas, primero a 34 y después a 17 más, de esa policía comunitaria que presuntamente hace labores de seguridad pública en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, al occidente de Michoacán.
Las autoridades federales iniciaron una investigación contra los detenidos, pues presuntamente habían recibido armas de las organizaciones del tráfico de drogas que operan en la región limítrofe con el estado de Jalisco.
Desde inicios de este año, en diversos municipios del sur y occidente de México han surgido grupos de autodefensa o policías comunitarias que se organizan en patrullas bajo el argumento de que refuerzan la seguridad de sus comunidades ante la poca eficacia de la policía y el crecimiento del crimen.
