Una empleada penitenciaria ingresa a prisión por filtración sobre Gordillo
La empleada del Sistema Penitenciario del Distrito Federal Samantha Olivarez Vázquez ingresó la noche de este sábado al penal de Santa Martha Acatitla, en el oriente de la Ciudad de México, por “ejercicio indebido del servicio público” vinculado con la filtración de la ficha signalética de la líder sindical Elba Esther Gordillo.
Olivarez, quien se desempeñaba como técnica del área jurídica, ingresó al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) a las 21:00 horas, informó la Subsecretaría Sistema Penitenciario en un comunicado.
La dependencia no precisó el nivel de responsabilidad de Olivarez en la filtración ocurrida a fines de febrero pasado, un par de días después de la detención de Gordillo, quien enfrenta un juicio por el desvío ilícito de más de 2,600 millones de pesos del sindicato de profesores que dirigió durante más de dos décadas.
La ficha signalética de Gordillo circuló en redes sociales, violando el principio jurídico de confidencialidad en el proceso de la exdirigente sindical. En el documento fechado el miércoles 27 de febrero se aprecian sus datos generales: nombre completo, lugar de origen, edad, características físicas y sus huellas dactilares.
Horas después de la filtración, el Sistema Penitenciario inició una investigación para determinar su origen, dijo una vocera de la dependencia a CNNMéxico.
Elba Esther Gordillo, de 68 años, permanece recluida en instalaciones penitenciarias del sur de la Ciudad de México, luego de que un juez le negara la libertad bajo fianza por la gravedad de los crímenes (delincuencia organizada) por los que se le investiga.
La defensa de La Maestra apeló la orden de prisión provisional el 7 de marzo pasado y se encuentra a la espera de una resolución por parte de un tribunal unitario que no tiene un tiempo definido para pronunciarse sobre el recurso.
Tras su detención, Gordillo fue destituida como presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que había liderado desde 1988.
La medida, ocurrida en los 100 primeros días de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, fue destacada por analistas como un golpe a los poderes fácticos en México, que podría significar un mensaje de la tónica de la administración en materia de justicia.
