Defensores alertan de desapariciones forzadas en América Latina

Organizaciones civiles y familiares de víctimas de desaparición forzada en América Latina denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la impunidad de casos en países como México, Colombia, Guatemala y Perú, así como el incremento de ese delito. 

En una audiencia pública en Washington, transmitida vía internet, ciudadanos de esas naciones coincidieron en la negativa de sus gobiernos a reconocer los crímenes y la participación de funcionarios en algunos de ellos.

Entre los denunciantes acudieron Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos Hasta Encontrarlos, la Fundación Erika Bautista de Colombia, la Corporación Desarrollo Regional de Guatemala y el Equipo de Antropología Forense de Perú.

Fueron recibidos por los comisionados Felipe González, Dinah Shelton, Rodrigo Escobar Gil, y el secretario ejecutivo del organismo, Emilio Álvarez Icaza.

El caso de México

Diana Iris García, de Fundem, y Nadin Reyes, de Hasta Encontrarlos, denunciaron la impunidad de desapariciones forzadas en México y el aumento de casos.

La primera en hablar fue Reyes, hija del integrante del Ejército Popular Revolucionario (EPR) Edmundo Reyes Amaya, desaparecido en Oaxaca en 2007.

Según la activista, las desapariciones forzadas aumentaron desde la década de 1970, cuando México vivió un periodo conocido como Guerra Sucia, en el que autoridades reprimieron a disidentes.

Leer: México vive una de las peores crisis de desapariciones forzadas, según HRW

Señaló que entre 1969 y 1988 se documentaron 1,200 desapariciones, mientras que tras el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), cuando se puso en marcha la Estrategia Nacional de Seguridad, se han reconocido oficialmente 26,000 personas desaparecidas .

El gobierno de Enrique Peña Nieto, sin embargo, ha señalado que aún se desconocen las causas de esas desapariciones.

"Esta práctica ocurre casi en todo el país, ya no solo se desaparece a las organizaciones y defensores de derechos humanos, sino que se ha extendido a amplios sectores de la población", dijo Reyes. 

Iris, de Fundem, señaló que en México existen cuatro patrones de desaparición forzada: a) las realizadas por fuerzas de seguridad federales o locales, b) de corporaciones que portan uniformes sin identificación, c) las realizadas por paramilitares a bordo de camionetas polarizadas, y d) y las que cometen miembros del crimen organizado.

"La impunidad y el contexto que vive México han permitido el encubrimiento y no reconocimiento de estos crímenes que han sido estratégicamente señalados como actos cometidos por la delincuencia y así, el gobierno se deslinda de su responsabilidad", dijo Iris, madre de Daniel Cantú, un joven de 23 años desaparecido desde 2007. 

Criticó que no exista un protocolo de búsqueda urgente, ni una ley de desaparición forzada o un registro de desaparecidos confiable a nivel nacional. La activista consideró que la base de datos que presentó la Secretaría de Gobernación recientemente contiene errores y omisiones.

Además, no existe un estatus jurídico de los desaparecidos, lo que imposibilita a los familiares a acceder a derechos como salud o educación, denunció.

Colombia: leyes y mecanismos que no funcionan

El conflicto con la guerrilla ha dejado un total de 61,000 personas desaparecidas, de los cuales 18,179 casos son forzadas, es decir, que ocurrieron con la intervención de autoridades del Estado.

Yanette Bautista, integrante de la Fundación Érika Bautista, reconoció que a nivel regional Colombia es uno de los países con mayores mecanismos judiciales para emprender la búsqueda de personas desaparecidas.

Sin embargo, ante los representantes de la CIDH, alertó que estos no han tenido los resultados prometidos, pues en la práctica no hay recursos suficientes y las autoridades no siguen las medidas.

Colombia cuenta con el Mecanismo de Búsqueda Urgente, un instrumento que se activa en cuanto una persona realiza una denuncia de desaparición.

En un periodo de máximo 24 horas las autoridades deben plantear un plan de búsqueda que les permite ingresar a hospitales, centros de detención y guarniciones militares para dar con su paradero, además de que permite solicitar el apoyo de seguridad para buscar en otras áreas.

"(Pero) no hay recursos para el Mecanismo, es una costumbre que a los 8, 15 días se comiencen apenas las diligencias de búsqueda, cuando deben iniciar a las 24 horas", dijo Bautista. "Hay una discriminación de las autoridades hacia las víctimas, no creen en ellas, es muy doloroso que no crean lo que decimos".  

Agregó que por eso las víctimas viven un "estado de indefensión, de intimidación" que les impide denunciar. 

Yanette Bautista es hermana de la joven Érika Bautista, desaparecida desde hace 25 años.

En tanto, Gloria Gómez, coordinadora general de la Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos, dijo que la desaparición forzada es un crimen que atenta contra la dignidad de la persona y que en la actualidad, pese a la condena internacional de estos crímenes en Colombia siguen sin ser buscados.

"Se convierten en un número, un expediente archivado".

Guatemala arrastra crímenes desde la Guerra Civil

Domingo Álvarez, de la Corporación Desarrollo Regional de Guatemala, habló en representación de las víctimas de desaparición forzada de su país.

Guatemala vivió un conflicto armado entre las décadas de 1960 y 1990 que dejó como saldo la detención y desaparición de 45,000 personas.

Ante la CIDH, Álvarez denunció que el gobierno de Guatemala no se ha comprometido en asumir su responsabilidad y buscar a los desaparecidos, a pesar de que hubo acuerdos de paz.

Karla Kasah, también miembro de la organización, reconoció que hay avances como la creación de los Archivos de Paz y la investigación de los responsables. Sin embargo, acotó, la impunidad persiste.

"La ausencia de la política estatal ha terminado por fortalecer la continuidad de las desapariciones forzadas. Una política estatal de búsqueda permitiría establecer el vínculo entre las estructuras de desaparición del pasado con las de hoy”, dijo.

Además, señaló que es preocupante que el Poder Ejecutivo, encabezado por Otto Pérez Molina, emita mensajes que deslegitiman los esfuerzos por esclarecer y castigar las desapariciones.

"Me refiero a los mensajes dados por el Presidente y el Secretario de la Paz. Se han repetido tres mensajes claros que son indicador de una política de negación: la primera es que no existieron delitos porque no estaban tipificados, la segunda es que si existieron ya prescribieron, la tercera si no están prescritos están amnistados", dijo la activista.

Acusó que está estancado el proyecto de ley para crear la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada. Esta ley lograría que la búsqueda corriera por parte del estado y no de los familiares.

Perú: al ritmo que vamos, en 200 años los encontraremos

El conflicto armado en Perú dejó 15,730 personas desaparecidas y más de 6,000 sitios de entierro clandestino.

José Pablo Baraybar, director del Equipo de Antropología Forense de Perú, refirió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que entre 2002 y 2012 entre autoridades del gobierno han logrado recuperar 2,407 cuerpos, de los cuales se identificaron 1,574.

“Pese a la cantidad de dinero invertido el Estado no identificó a ninguno de estos restantes. Hace falta mayor voluntad ”, dijo ante el organismo internacional de derechos humanos.

Además, organizaciones de la sociedad civil han identificado a 98.

Así, dijo, tendrán que pasar 200 años más para identificar a los cadáveres que aún no tienen nombre.

Peticiones de las víctimas a la CIDH

Al concluir la sesión pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre desapariciones forzadas, Carlos Rodríguez Mejía, el responsable de coordinarla, dijo que hay una tendencia de los gobiernos a negar la existencia de estos crímenes.

Rodríguez Mejía leyó, a nombre de las organizaciones, una serie de peticiones para la CIDH.

• Sobre la política pública de atención a crímenes, pidieron al organismo poner en sus temas prioritarios la desaparición forzada y reconocer que no son solo cosa del pasado, sino que siguen ocurriendo.
• Las víctimas pidieron que se genere una unidad permanente o grupo de trabajo encargado de darle seguimiento a la desaparición forzada del continente.
• Que la CIDH examine la situación de estos crímenes en América Latina y las políticas de prevención, atención y registro de casos, y presente un informe público para el año 2014 en el cual formule recomendaciones a los estados.
• Sobre la búsqueda, pidieron examinar la eficacia o inexistencia de planes de búsqueda e identificación de víctimas, con indicadores de resultados; además, dar medidas cautelares a favor de las víctimas de desaparición; que los casos que han tenido investigación judicial no se ha logrado dar con el paradero de las víctimas.
• Sobre la impunidad, las víctimas solicitaron examinar la incompatibilidad de las leyes de amnistía, fuero militar y pedir su derogación a los Estados; examinar los mecanismos de acceso a la verdad y hacer recomendaciones sobre la metodología de investigación.