El Congreso aprueba una nueva ley de amparo que molesta al sector privado
El Congreso mexicano dio el aval definitivo a reformas a la ley de amparo que han generado molestia en el sector privado, para el cual las modificaciones pueden derivar en abusos de las autoridades y, con ello, afectar a las empresas.
La iniciativa fue aprobada en el Senado sin cambios al documento revisado en febrero por la Cámara de Diputados, por lo que fue enviado al presidente para su promulgación y entrada en vigor.
El documento fue avalado en lo general por 101 votos a favor y cero en contra, y en lo particular, por 90 votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones.
La reforma ha generado molestia entre algunos grupos empresariales porque modifica las reglas que deben seguir los particulares para pedir un amparo, la figura jurídica a la que los ciudadanos pueden recurrir en México para protegerse de un acto de autoridad.
Actualmente, si una empresa considera que autoridades la afectan con sus acciones, puede solicitar un amparo y que se suspenda la medida en cuestión mientras la justicia emite una sentencia sobre el caso.
Con la reforma, los particulares no podrán solicitar la suspensión inmediata de un acto de autoridad que incida sobre bienes concesionados por el Estado —como el espectro radioeléctrico o las vías de comunicación—, sino que tendrán que esperar a que se resuelva todo el litigio.
En febrero, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), organismos cúpula del sector privado, llamaron a que el Congreso cambiara ese punto, argumentando que podría generar pérdidas para las empresas y despidos.
"El amparo es una figura jurídica motivo de orgullo. No queremos mexicanos de primera ni de segunda. Consideramos que sí existen algunos abusos en giros e industrias, pero no por ello (se debe) suprimir la garantía individual", dijo entonces el presidente de la Coparmex, Juan Pablo Castañón.
Durante la sesión de este miércoles en el Senado, Cristina Díaz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Benjamín Robles, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), rechazaron que la reforma vaya a afectar a las empresas porque los tribunales estarán obligados a resolver con rapidez si un acto de autoridad es arbitrario o no.
"Lejos de lo que se ha especulado, esta ley no restringirá ningún derecho particular, colectivo o empresarial", dijo Robles en tribuna.
"Algunos grupos sociales han manifestado incertidumbre. (…) A ellos les decimos (…) no permitiremos un retroceso que legalice la impunidad, el abuso de autoridad", agregó.
Los otros puntos
Los promotores de la reforma aseguran que representa una legislación "de avanzada" porque, entre otras cosas, permitirá que los ciudadanos recurran al amparo no sólo para proteger derechos contenidos en la Constitución, sino aquellos consagrados en tratados internacionales.
La reforma también establece que los ciudadanos podrán reclamar por las omisiones de una autoridad, no únicamente por sus acciones.
Otros puntos —que los partidos apoyaron por consenso— consisten en que los efectos de un amparo serán más amplios: podrán beneficiar no solamente a quien lo promueva, como ocurre actualmente, sino a todos los posibles afectados.
El documento modifica la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Congreso y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR).
La iniciativa llegó al Senado durante la pasada Legislatura (2009-2012). Una primera versión quedó aprobada en 2011 , pero su análisis en la Cámara de Diputados se prolongó más de un año. La Cámara baja la avaló en febrero pasado con algunos cambios, que los senadores aceptaron este miércoles.
El gobierno del priista Enrique Peña Nieto y los tres principales partidos —el PRI, el PRD y Acción Nacional (PAN)— se comprometieron en diciembre en el Pacto por México a concretar las reformas a la ley de amparo durante el primer semestre de 2013.
El convenio suscrito por las fuerzas políticas también establece que tendrán que impulsar este año otras normatividades en materia de justicia, como un código penal y un código de procedimientos penales únicos para el país.
