El Senado avala ley que amplía los derechos de las víctimas de violencia
El Senado mexicano aprobó este jueves una reforma a la Ley General de Víctimas, que amplía los derechos de las personas que resulten afectadas por hechos de violencia y detalla cómo será el proceso para que reciban apoyo de parte del Estado.
La reforma —que modifica la legislación promulgada hace menos de tres meses— aumenta la lista de afectaciones por las que los ciudadanos podrán solicitar una indemnización.
El documento actual señala que las víctimas de violencia podrán pedir compensaciones por daños físicos, morales y materiales, si un hecho violento les hace perder oportunidades de empleo o educación, y por gastos de asistencia jurídica, médica o psicológica.
La reforma , enviada a la Cámara de Diputados para su análisis, agrega que podrán solicitar apoyo por afectaciones patrimoniales y para cubrir erogaciones derivadas de tratamientos médicos o terapéuticos, así como en caso de que asistir a esos tratamientos les impliquen trasladarse o alojarse en otra localidad.
También se establece que las víctimas de violaciones a los derechos humanos deberán ser compensadas según las resoluciones tanto de tribunales nacionales como de organismos internacionales reconocidos por México.
Los recursos para indemnizar a las víctimas se integrarán en un fondo federal que anualmente tendrá que recibir el 0.014% del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación —un porcentaje no fijado en el texto actual — y será administrado por una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
La reforma redujo de nueve a siete el número de integrantes de la comisión y el de sectores que participarán en el Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
Según el documento aprobado, el sistema se conformará por el presidente, el secretario de Gobernación, un gobernador, un representante del Senado, la Cámara de Diputados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el Poder Judicial federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organizaciones civiles y la Comisión Ejecutiva.
El documento actual incluye muchos más integrantes, entre ellos más de 10 dependencias del gobierno federal.
“Una ley funcional”
Activistas que impulsaron la reforma en el Senado declararon estar satisfechos con su aprobación, aunque consideraron que la ley de víctimas sigue teniendo pendientes y aún debe evaluarse su aplicación.
“Sabemos que el reto todavía está en pie, porque necesitamos que se instrumenten bien (las reglas) para que realmente las víctimas puedan tener una solución a sus problemas”, dijo en entrevista María Elena Morera, presidenta de la asociación civil Causa en Común.
Junto con el poeta Javier Sicilia y los empresarios Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, Morera se reunió con senadores en los primeros meses de 2013 a fin de presentarles propuestas de reforma a la legislación, promulgada en enero.
“Queríamos una ley que funcionara. Hoy ya es una ley funcional, que le quitaron mucho de la burocracia, le adelgazaron la burocracia, disminuyeron el Sistema Nacional de Víctimas. (…) Hoy ya el simple hecho de que alguien sufra un delito violento ya es automáticamente reconocido”, dijo Miranda de Wallace.
En entrevista por separado, la presidenta de la asociación Alto al Secuestro señaló que la normatividad aún necesita ajustes, como especificar el plazo en que el Estado debe atender la solicitud de una víctima.
El debate en el pleno
La aprobación de la reforma se produjo luego de tres horas de discusión, en las que el Partido Acción Nacional (PAN) exigió hacer modificaciones al texto para hacerlo “operante” y confrontó a los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), que en febrero adoptaron las propuestas de los activistas .
En tribuna, el panista Roberto Gil Zuarth señaló que el documento no había sido discutido con detenimiento y acusó a los legisladores del PRI y del PRD de buscar aprobarlo con rapidez para quedar bien los grupos de víctimas.
“(La urgencia) no debe ser pretexto para renunciar al deber básico de legislar bien”, dijo. “Pudimos hacer más en este proceso. Quizá no nos escuchamos lo suficiente por esa lógica del apresuramiento”.
En su turno, Manuel Camacho Solís, del PRD, defendió el dictamen y que los senadores hayan retomado las propuestas de organizaciones civiles.
“Qué bueno que abrimos las puertas del Senado a quienes reclamaban paz y justicia”, dijo.
Momentos después, la panista Adriana Dávila exigió que las reformas a la ley de víctimas se discutan para favorecer a la ciudadanía, no “por coyuntura política”.
“Las personas que hoy son víctimas y todos los aquí presentes, que podemos serlo, celebramos que las adecuaciones que aquí se proponen resulten en un instrumento fuerte, sólido y eficaz”, respondió la priista Arely Gómez.
La ley de víctimas ha generado polémica entre las fuerzas políticas desde finales del gobierno del panista Felipe Calderón (2006-2012). La legislación fue una de las demandas que grupos civiles plantearon al presidente, en cuyo mandato murieron unas 70,000 personas en actividades derivadas de la delincuencia.
El documento quedó aprobado por el Congreso antes de que Calderón dejara el cargo, pero él se negó a publicarlo argumentando que tenía inconsistencias. Su rechazo a promulgarlo le valió críticas de activistas y después de que dejó el poder, su sucesor, el priista Enrique Peña Nieto, ordenó su publicación.