La lucha de un joven con síndrome de Asperger por ejercer sus derechos

Ricardo Adair Coronel Robles, un joven de 24 años diagnosticado con síndrome de Asperger, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quitarle el estado de interdicción, que le impide ejercer por cuenta propia sus derechos jurídicos, civiles y políticos.

“Lo que quiero es cambiar el procedimiento de protección por el de inclusión y que nosotros (personas con discapacidad intelectual), tomemos nuestras propias decisiones, que la discapacidad se vea de manera diferente por el gobierno y la sociedad”, dijo Coronel Robles a CNNMéxico.

La SCJN podría turnar la primera semana de abril a uno de los magistrados para que elabore la ponencia y sea sometida a consideración del pleno, informó a CNNMéxico la oficina de Comunicación Social de este órgano.

El joven originario del Distrito Federal, vive bajo la tutela de sus padres, debido a que hace cinco años, un juez de lo familiar determinó que “no tiene capacidad para ejercer sus derechos civiles, actos jurídicos o actuar en sociedad”, explicó Andrés Aguinaco Gomez-Mont, abogado de Ricardo.

Los padres solicitaron este estado para “proteger a su hijo después de que cumplió la mayoría de edad y recurrieron a esa herramienta única que ofrece el Estado”, agregó el abogado.

Tras involucrarse en asociaciones de ayuda a personas con discapacidad intelectual, Ricardo y sus padres comprendieron que el estado de interdicción limitaría la toma de decisiones del joven y emprendieron en julio del año pasado el proceso legal para eliminar esta declaratoria.

“Hemos cambiado nuestra actitud de sobreprotegerlo en todo, ahora permitimos que él tome sus decisiones y hemos visto que cuando eso sucede, está más motivado”, dijo a CNNMéxico, Leticia Robles, madre de Ricardo.

Aguinaco Gómez-Mont explicó que Ricardo y sus padres decidieron acudir al más alto tribunal en México, porque no solo quieren eliminar el estado de interdicción, -lo cual hubiera sido suficiente al acudir ante un juez de lo familiar-, sino que además buscan garantizar que la resolución vaya acompañada de apoyos para el joven al momento de ejercer sus derechos.

"Reconocemos que Ricardo tiene una discapacidad intelectual y para interactuar en una sociedad necesita ayuda, necesita diversos mecanismos y salvaguardas para que él pueda tomar sus decisiones", advirtió el abogado.

"Podemos dejarlo en estado de interdicción y que no tome ninguna decisión o ir a un procedimiento ante un juez de lo familiar quitando el estado de interdicción y que pueda tomar decisiones pero sin ninguna ayuda y si eso sucede, estaría desprotegido y podría ser víctima de abusos", abundó.

La madre de Ricardo citó como ejemplo de los tipos de ayuda que se requieren que, personal capacitado en las diferentes dependencias lean los contratos de manera lenta y explicíta para que una persona con dispcacidad intelectual lo pueda entender.

"Si les dan una lectura fácil y explícita, lo beneficiarán a él y a todos los chicos con discapacidad..., que les simplifiquen los contratos, asistencia en sus trámites, que les den su tiempo, porque actualmente solo dicen 'él no puede, mejor usted', debemos darles oportunidad", enfatizó.

Un mal diagnóstico

Robles explicó que su hijo vivió desde su nacimiento y hasta los 18 años, con un diagnóstico erróneo: retraso mental, sin embargo a muy temprana edad mostró aptitudes que no coincidían con el dictamen médico.

“A nosotros lo que nos sacaba de balance es que tenía excelente memoria, le gustaba la geografía recordaba banderas, nombres de capitales, números telefónicos, hasta que nos dieron el diagnóstico correcto fue que como padres ‘nos cayeron muchos veintes’”, agregó.

El síndrome de Asperger es una forma de autismo , y quienes lo padecen tiene una alta capacidad de aprendizaje, “una inteligencia superior, pero al mismo tiempo son personas que no actúan de manera cómoda en situaciones sociales”, explicó en entrevista reciente con CNN, el especialista, Pierluigi Mancini .

El especialista refirió que quienes tienen este síndrome son personas "tranquilas" y "difícilmente" recurren a la violencia.

Ricardo dice que estudió en escuelas regulares y consiguió graduarse como técnico en Alimentos y Bebidas.

Concluyó también un diplomado dirigido a personas con discapacidad y actualmente trabaja como becario en el módulo de información del museo Soumaya, en la capital del país.

Indica que nunca ha tenido dificultades con las personas que se ha relacionado en su trabajo, “la mayoría son amables”, aunque reconoce que en la escuela y con los chicos de su edad encuentra resistencia para relacionarse, “no tenemos los mismos intereses y a veces no entiendo de lo que hablan”.

Refiere que el hecho de “vivir en su mundo y en sus propios intereses”, le ha dificultado tener novia, aunque aclara: “sé de algunas personas con mi mismo padecimiento que se han casado y tenido hijos”.

Cuenta que le gusta viajar y buscar en Internet información de su interés, por ejemplo estadísticas deportivas, palabras, información sobre enfermedades, datos de historia, geografía y fenómenos climatológico.

Agrega que en caso de obtener la plenitud de sus derechos, lo primero que le gustaría hacer es conducir su propio auto para poder viajar e ir al trabajo.

La impugnación

El caso de Ricardo es el primero en su tipo que llega ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), según su abogado, quien advierte que la trascendencia de este juicio radica en el alcance que podría tener para todas las personas que actualmente viven en estado de interdicción.

Los demandantes están pidiendo además de eliminar el estado de interdicción para Ricardo, que la SCJN ordené a la Asamblea del Distrito Federal crear un nuevo modelo de derechos para las personas con discapacidad intelectual basado en la convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad al que México se adhirió en el año 2008, agregó el abogado.

“El modelo actual de México es categórico y viola los derechos humanos de estas personas porque no les permite tomar decisiones y por lo tanto se les establece un tutor. Queremos que ese modelo cambie de uno de tutela a uno de apoyo en las toma de decisiones”, indicó Aguinaco Gomez-Mont.

“La palabra clave es apoyo, en lugar de decidir si una persona tiene o no capacidad para conducir su vida social, civil, jurídica, política, se buscan los apoyos necesarios para que cada persona en lo particular pueda tomar sus propias decisiones”, insistió el abogado.

Ricardo y su familia iniciaron este proceso el 14 de julio del 2011, cuando solicitaron un amparo contra el estado de interdicción ante un juzgado de distrito en materia civil. 

En septiembre del 2012, el juez negó el amparo y los demandantes decidieron entonces interponer un recurso de revisión ante un tribunal colegiado, en el que además pedían a la SCJN "reasumir" su competencia, petición que fue atendida por el órgano judicial el 6 de marzo pasado.