Las víctimas de abuso sexual carecen de píldoras de emergencia en México

Las mujeres víctimas de abuso sexual en México carecen de una atención "efectiva" que les permita acceder a servicios de anticoncepción de emergencia a los que tienen derecho, denunció el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una organización de defensa de los derechos reproductivos de las mujeres.

En un informe que se hará público este martes, y al que tuvo acceso la agencia EFE, la ONG explica que un 72.5 % de las mexicanas tiene cobertura de anticonceptivos, pero el nivel desciende al 58.3 % entre las mujeres indígenas, al 63.7 % entre quienes viven en zonas rurales y al 60.5 % entre las de baja escolaridad.

En cuanto a la anticoncepción de emergencia, "a pesar de existir la obligación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud (SNS) de ofrecerla en un plazo no mayor a 120 horas”, solo 15 de los 32 estados la proporcionan, entre ellos Durango, Guerrero, Zacatecas y el Distrito Federal, según el GIRE.

El informe, titulado Omisión e indiferencia. Derechos reproductivos en México, reconoce que en casos de violación el aborto es legal en todo el país, pero deplora que "la mayoría de las procuradurías no están emitiendo autorizaciones" para que las mujeres puedan acceder al procedimiento.

"En los últimos cinco años solamente se emitieron 39 en todo el país", señaló la organización, que recordó que solo en la capital mexicana es legal abortar en las 12 primeras semanas de gestación.

La "legislación restrictiva en materia de aborto y la falta de acceso aun en causales legales orilla a que muchas mujeres recurran a abortos clandestinos que ponen en riesgo su salud y su vida", señala el reporte de 184 páginas.

"Se calcula que la tasa de abortos inducidos en 2009 fue de 38 por cada mil mujeres entre 15 y 44 años, lo que se traduce en 1.02 millones de abortos inducidos" ese año, una de las "más altas del mundo", apuntó la ONG.

Actualmente, "solo una de cada seis mujeres que se realiza un aborto clandestino busca u obtiene atención hospitalaria", lo que hace que este procedimiento sea más inseguro entre las mujeres pobres, menos educadas e indígenas.

"Tan solo en 2010 el aborto fue causa del 11% de las muertes maternas en México", indicó la organización, que manifestó su preocupación por la inseguridad jurídica que sufren las mujeres que desean abortar.

"A partir de la aprobación en varios estados de las reformas constitucionales que protegen la vida desde la concepción, durante el período 2009-2011, 679 mujeres han sido denunciadas por el delito de aborto", detalló la agrupación.

Respecto a las tasas de mortalidad materna, la ONG, fundada en 1991, señaló que en 2011 se ubicó en 51 por cada 100,000 nacidos vivos, y advirtió que "de seguir esta tendencia, no se cumplirá el Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) de reducirla en un 75 % para 2015.

GIRE lamentó que en México un 38% de los nacimientos ocurran por cesárea, una tasa muy elevada con respecto a la recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de entre 10% y 15%.

Por ello, el 71.6 % de las mexicanas en edad reproductiva "ha estado en riesgo de sufrir violencia obstétrica", tanto en su dimensión física (prácticas invasivas, administración de medicamentos sin justificación, entre otras) como psicológica (trato deshumanizado, grosero o discriminatorio), apuntó.

La agrupación también lamentó que la esterilización forzada de mujeres solo esté considerada delito en ocho estados y que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Salud les hayan dicho que carecen de información "sobre malos tratos y/o negligencia médica”.

Una controversia que llegó a la Suprema Corte

En 2010, un estudio del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), denunció que de 339 mujeres que fueron violadas en 2009,  a ninguna se le informó que tenía derecho a utilizar la píldora de emergencia , tal como lo indicaba la Norma Oficial Mexicana 046, previa información y consentimiento de la víctima.

La norma fue impugnada por el entonces gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), que calificó a los abortos como asesinatos.

Aunque las autoridades sanitarias afirmaron que la píldora no era abortiva, debido a que solo impide la fecundación, y no actúa sobre un óvulo ya fecundado y adherido al útero, González Márquez afirmó que atentaba contra la vida de las mujeres.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)  falló a favor de que la píldora estuviese disponible en todo el país , quisieran o no los gobernadores, para víctimas de violencia familiar o sexual. El gobierno de Jalisco  lamentó la decisión  tomada por los ministros.