Más ataques a la prensa y un periodista desaparecido en el inicio de 2013

Sergio Landa Rosado era, hasta enero pasado, reportero de la sección policía del Diario Cardel, un diario de circulación local del municipio La Antigua, a unos 30 kilómetros al norte del puerto de Veracruz.

Sus compañeros lo vieron por última vez el 22 de enero de 2013 en la redacción, preparando material para la edición del día siguiente, en donde todavía se publicaron notas con su nombre. Nunca llegó a su casa.

Landa Rosado tenía 45 años, y según el informe trimestral de agresiones a periodistas que publicó este lunes la organización Artículo 19, es el primer periodista desaparecido desde que Enrique Peña Nieto rindió protesta como presidente del país. 

La organización documentó las agresiones a la prensa en México durante el primer trimestre de 2013 y según sus registros, los ataques a prensa aumentaron 20% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

“En este contexto de transición política Artículo 19 constató que la reacción del Estado ante las agresiones contra los periodistas, los medios de comunicación y sus trabajadores no ha mejorado”, señala el informe.

“Las autoridades siguen sin dar resultados fiables que demuestren un compromiso serio para castigar a los perpetradores y evitar más agresiones. Las acciones del gobierno son de disimulo ya que aparentan una reacción temprana, pero no concluyen en resultados eficaces”, añade.

De las 50 agresiones documentadas en el informe, califica a 13 como graves: el asesinato de Jaime González, director del portal OjinagaNoticias , de Chihuahua; tres ataques al diario El Siglo, de Torreón – incluido el secuestro de 5 de sus trabajadores –; ataques armados a El Diario y Canal 44 , de Ciudad Juárez, y la desaparición de Sergio Landa.

"Reportero de hule"

A Landa Rosado, quien estudió hasta la secundaria antes de convertirse en reportero de temas de seguridad, sus compañeros le decían “reportero de hule (goma o caucho)” porque salió ileso de un par de accidentes viales.

En 2012 tuvo una breve y fallida incursión en la política: fue candidato a diputado federal por Nueva Alianza, pero renunció unos días antes de la elección desencantado del partido, según declaró al anunciar su renuncia. Después, Landa regresó al periodismo.

Según información recopilada por CNNMéxico con personas cercanas a la investigación y que pidieron no ser identificadas por razones de seguridad, en noviembre de 2012 el reportero fue secuestrado por un grupo armado y liberado por la intervención de fuerzas federales.

Tras su liberación, huyó del estado con el apoyo del gobierno estatal. Supuestamente regresó a Cardel en enero de 2013, luego del asesinato de un hombre al que las autoridades identificaban como el dirigente del grupo que lo había secuestrado. “Estaba convencido de que el peligro había pasado”, dijo una persona cercana al reportero.

Veracruz, Coahuila y Tlaxcala suman 24 de las 50 agresiones a periodistas reportadas en el informe; el resto se distribuyen en otras 10 entidades.

Las agresiones ocurrieron en medio la polémica causada por el premio que el 2 de abril entregó la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos, A.C, (AME) al gobernador Javier Duarte por crear la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas.

El rechazo al premio en las redes sociales provocó el deslinde de una decena de medios que la AME dice representar y de la Sociedad Interamericana de Prensa, de la que es parte.

“Es un reconocimiento al esfuerzo que ha hecho Veracruz, que ha hecho mi gobierno para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión (…) Implica el reconocimiento de resultados, nos confirma que en la defensa y respeto de la libertad de expresión vamos por la ruta correcta, y que en la protección de los periodistas respondimos con oportunidad y acciones concretas a un desafío”, dijo el mandatario al recibir el premio. En los dos primeros años de gobierno de Duarte fueron asesinados nueve periodistas y al menos tres más están desaparecidos, entre ellos Sergio Landa.

En su informe, Artículo 19 destaca “la disparidad entre la retórica y las acciones de las autoridades y la realidad a la que se enfrentan los periodistas” en distintos estados del país.

Y concluye: “el Estado mexicano ha incumplido con su obligación de proteger la integridad física de los comunicadores y castigara a los agresores. Al fallar con sus obligaciones solamente está fomentando la impunidad”.