La Suprema Corte ordena la liberación de 15 indígenas por el caso Acteal
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la inmediata libertad de 15 indígenas, involucrados en el caso de la comunidad de Acteal, Chiapas, donde fueron asesinados 45 indígenas tzotziles, en 1997.
Ellos habían sido sentenciados por "los delitos de homicidio y lesiones calificadas, así como por los de portación de arma de fuego sin licencia y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional", indicó un comunicado de la SCJN.
A propuesta de Arturo Zaldívar, avalada por los demás ministros de la Corte, se ordenó la inmediata libertad a las 15 personas que promovieron recursos de reconocimiento de inocencia.
"Ello en virtud de que las pruebas mediante las cuales se le condenó tenían el carácter de ilícitas", indicó el mensaje de la Corte. "Los testigos a partir de los cuales se declaró culpables a los ahora sentenciados, fueron inducidas y, por lo mismo, ilícitas".
Las personas que promovieron el reconocimiento de inocencia habían sido condenadas a una pena de 36 años de prisión.
Inconformes, los afectados promovieron recursos de apelación, amparos directos, recursos de revisión y, finalmente, los reconocimientos de inocencia ante el máximo tribunal del país, la SCJN.
El 22 de diciembre de 1997, un grupo armado entró a una iglesia de la localidad de Acteal, Chiapas, en el sur de México, y asesinó a 45 pobladores que pertenecían a la organización indígena de Las Abejas: 21 mujeres -cuatro de ellas embarazadas-, 15 niños y nueve hombres.
Otras 25 personas resultaron heridas.
En diciembre pasado, cuando se cumplieron 15 años de los hechos, sobrevivientes de la matanza marcharon para pedir a las autoridades que castiguen a los responsables.
Demandaron que se enjuicie a altos funcionarios, como al expresidente Ernesto Zedillo (1994-2000) y a Emilio Chuayfett, que era secretario de Gobernación cuando ocurrieron los asesinatos en Acteal, y ahora es secretario de Educación Pública.
Algunos habitantes de Acteal acusan al gobierno de Zedillo de haber fomentado e incluso planeado la masacre, apoyando la formación de grupos armados en la zona.
El exmandatario consideró que esos señalamientos eran calumnias, y obtuvo inmunidad en Estados Unidos, frente a una denuncia por los hechos.
Tras la masacre, decenas de indígenas fueron detenidos y encarcelados por su presunta participación en el caso. Pero en 2009 la SCJN ordenó la liberación de por lo menos 20 de ellos , por las irregularidades en los procesos en su contra.
En febrero de 2012, la SCJN ordenó la liberación de otras siete personas, acusadas de participar en los hechos de 1997. Ocurrió lo mismo con el indígena Manuel Sántiz Pérez, en septiembre de 2012.
Organizaciones como Amnistía Internacional (AI) han asegurado que México sigue “en deuda de justicia” por lo que ocurrió en Acteal.