El Senado y la Cámara de Diputados se confrontan por la nueva ley de deuda
La reforma que limita la contratación de deuda en los gobiernos de estados y municipios confrontó este martes al Senado y a la Cámara de Diputados, en un episodio en el que ambos órganos difieren sobre sus facultades para legislar en materia de préstamos.
Por la tarde, el Senado aprobó una iniciativa de reforma constitucional que regula la adquisición de deuda en las entidades y alcaldías.
Poco después, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados —conformada por los líderes de las siete bancadas— informó que pedirá a su Mesa Directiva que rechace el documento porque considera que invade atribuciones de la Cámara baja.
El presidente de la Jucopo, el panista Luis Alberto Villarreal, dijo a medios que el argumento de los diputados es que la reforma debió empezar a discutirse en la Cámara baja porque trata sobre préstamos.
La Constitución señala que los proyectos legislativos pueden comenzar a debatirse en cualquier cámara, “con excepción de los proyectos que versaren sobre emprésitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados”.
Por el contrario, los senadores argumentan que al tratarse de una reforma constitucional, su análisis podía empezar en cualquier cámara.
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados tendrá que decidir si acepta o no el documento del Senado, lo que se prevé que ocurra este miércoles en la sesión del pleno de San Lázaro.
La reforma del Senado
La reforma avalada por la Cámara alta prohíbe a los gobiernos estatales y municipales pedir préstamos para cubrir gasto corriente o solicitarlos durante los últimos tres meses de la gestión de un gobernante, entre otras medidas.
La propuesta quedó avalada a raíz de la polémica que han generado los altos niveles de endeudamiento que algunas localidades —como Coahuila, Chiapas, Jalisco, Michoacán o Tabasco — han alcanzado en los últimos años.
En total, las deudas de estados y municipios ascienden a más de 430,000 millones de pesos y han crecido en más del 100% de 2008 a la fecha, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La reforma mantiene en los congresos locales la facultad de definir los montos del endeudamiento de cada entidad o sus alcaldías, aunque solamente podrán aprobarlos por mayoría calificada, no por mayoría simple.
El punto causó molestia en la sesión de martes entre algunos senadores, que consideraron que la Cámara alta debía imponer mayores controles a las deudas de los gobiernos estatales y municipales.
Marco Antonio Blásquez, del Partido del Trabajo (PT), dijo en su intervención que debería fijarse en la Constitución un límite claro para los endeudamientos locales, en tanto José María Martínez, del Partido Acción Nacional (PAN), había señalado la semana pasada que la iniciativa no atendía el problema “de fondo”.
David Penchyna, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afimó en respuesta que la reforma “respeta” la autonomía que la propia Carta Magna da a las localidades y que los topes de deuda se detallarán en una ley secundaria posterior.
Los detalles pendientes
Algunos analistas consideran que la reforma aprobada es positiva, aunque la legislación reglamentaria deberá precisar cómo se aplicará.
“Es trascendental que esto se afine, no con otro objetivo sino el de prevenir que en un momento dado los montos del endeudamiento crezcan de manera más arriba de las capacidades de pago y para que los endeudamientos en realidad acaben generando crecimiento y desarrollo”, dijo en entrevista el académico José Luis de la Cruz, del Tecnológico de Monterrey.
La reforma establece que los préstamos únicamente podrán emplearse para inversión productiva, como se conoce a las obras y los servicios que generan recursos.
Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), también aplaudió la iniciativa aunque llamó a que casos como el de Coahuila —donde la deuda pública creció de 300 millones a 33,000 millones de pesos en seis años, en el gobierno de Humberto Moreira — sean investigados y no queden impunes.
“Son cambios que van a ayudar a la estabilidad de las finanzas… (pero) quedan muchas dudas, y la principal duda es por qué la impunidad”, dijo Pardinas este martes durante un acto en el Senado.
Pardinas fue uno de los analistas consultados por el Senado en meses recientes para la elaboración del dictamen, que quedó aprobado en comisiones la semana pasada.
La reforma sobre la disciplina financiera de estados y municipios también ordena que el Estado cree un registro único de deuda y que los funcionarios públicos que oculten información al respecto sean sancionados penalmente.
El nuevo registro estará a cargo de la Secretaría de Hacienda. Según la dependencia, el endeudamiento de los gobiernos locales equivale al 2.9% del Producto Interno Bruto (PIB) y, aunque no representa un riesgo para las finanzas del país, el gobierno federal está preocupado porque ha crecido con rapidez en los últimos años.
En febrero pasado, el tema fue catalogado como una de las prioridades de las principales bancadas del Senado para este periodo de sesiones, que termina el 30 de abril. El documento aprobado este martes fue enviado a la Cámara de Diputados para su análisis.