El Senado aprueba incluir el tipo sanguíneo en la credencial de elector
La credencial de elector, el principal documento de identificación en México, podrá incluir el tipo sanguíneo y si el propietario es donador de órganos, según una reforma aprobada este miércoles por el Senado.
El cambio avalado señala que al tratarse de datos personales, únicamente serán incluidos a petición del dueño de la mica.
La reforma establece que el Instituto Federal Electoral (IFE) tendrá 90 días a partir de la promulgación del decreto para ajustar sus sistemas de tramitación y emisión de credenciales, informó la Cámara alta en un comunicado.
De esa forma, si las personas lo solicitan, los funcionarios del IFE deberán incluir en las nuevas micas si son donadoras de órganos y su tipo de sangre, con la condición de que esté acreditado en un examen médico.
La reforma —que aún necesita la aprobación de la Cámara de Diputados— modifica el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), la norma que regula los datos de la credencial de elector.
Hasta ahora, el Cofipe señala que las micas deben incluir nombre del ciudadano, su domicilio, edad y año de registro, fotografía, huella digital y clave de elector.
La senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, señaló durante la discusión de la reforma que la modificación no implicará gastos significativos para el IFE, en tanto su compañera Itzel Sarahí Ríos de la Mora dijo que la medida fomentará la donación de órganos.
El cambio quedó aprobado en el Senado cinco meses después de que el IFE avalara un nuevo diseño de las credenciales de elector , en el que la fotografía pasará del lado derecho al izquierdo.
La modificación del formato de la mica no implica retirar o añadir datos, porque esas medidas necesitan la aprobación del Congreso.
A propuesta del entonces senador Arturo Zamora, en noviembre la Cámara alta exhortó al IFE a ocultar el domicilio de la credencial de elector , argumentando que esa información es usada por delincuentes para agredir o extorsionar a los ciudadanos.
El IFE rechazó hacerlo porque consideró que esa decisión requeriría una reforma legal aprobada por el Congreso.
