Los indígenas liberados por la matanza en Acteal luchan por una nueva vida

A casi cuatro años de la liberación del primer grupo de indígenas acusado de participar en la masacre de Acteal, en Chiapas, ninguno de los 73 liberados ha podido restablecer la forma vida que tenía antes de 1997.

Los últimos 15 hombres de este grupo, liberados en abril pasado , viven provisionalmente en un hotel en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado. Luego de su liberación, todos firmaron un convenio con el gobierno de Chiapas comprometiéndose a no regresar al municipio de Chenalhó, donde se ubica la comunidad de Acteal, para evitar más conflictos sociales.

El 22 de diciembre de 1997, un grupo armado entró a una iglesia de la localidad, cercana a la zona de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y asesinó a 45 pobladores que pertenecían a la organización de la sociedad civil Las Abejas: 21 mujeres —cuatro de ellas embarazadas—, 15 niños y nueve hombres. Otras 25 fueron heridas.

Tras la masacre, 78 indígenas fueron detenidos y encarcelados por su presunta participación en el caso.  En 2009, la Suprema Corte de Justicia ordenó la liberación de 14 , por irregularidades registradas en sus procesos jurídicos. A la fecha, en total han sido liberadas 73 personas.

Los indígenas liberados no pueden regresar a Chenalhó, “ni siquiera de visita”, dicen, porque  los sobrevivientes de la masacre los siguen considerando culpables  y su presencia en la región podría provocar un nuevo conflicto.

“Nosotros hicimos un convenio (con el gobierno de Chiapas) de que en tres o cuatro meses y ya estaría listo (el lugar para ser reubicados). Ya han pasado casi cuatro años y seguimos acá, en esta casa, donde solo hay cuartos pequeños”, explica Bartolo Pérez Díaz.

En el convenio que firman, las autoridades locales se comprometen a dar a los liberados un apoyo económico mensual de 1,500 pesos y una vivienda en otro municipio de Chiapas.

El Secretario de Gobierno de Chiapas, Noé Castañón, explicó a CNNMéxico que el proceso de reubicación de los liberados de Acteal ha sido largo, “porque se ha dejado en ellos la búsqueda y elección de las tierras donde vivirán”.

“Nos costó mucho encontrar las tierras que fueran al gusto de ellos, pero debíamos hacerlo para garantizar que no al poco tiempo abandonaran ese lugar y regresaran. Fuimos avanzando poco a poco”, explica.

Por el momento, solo 41 de 73 liberados han encontrado los terrenos donde vivirán, mismos que el gobierno del estado pagó a un costo de 25,000 pesos la hectárea. También les construyó un “pie de casa”, -una construcción que consiste en dos habitaciones y un baño de seis por cinco metros-, ubicados en los municipios de Villaflores y Acala, en el centro del estado.

El funcionario explicó que la idea es que una vez instalados, los indígenas generen sus propios recursos para ampliar sus viviendas; sin embargo, los terrenos no han sido ocupados porque no tienen servicios (luz, agua) ni garantía de insumos para siembra.

Nueva tierra, ¿para empezar de nuevo?

El primer grupo de 41 indígenas, liberados en 2009, tiene ya cuatro hectáreas de terreno cada uno, en posesión bajo el sistema de comodato; será completamente de ellos hasta cinco años después que la empiecen a habitar, según el acuerdo que firmaron con la Secretaría de Gobierno.

“Ya tenemos el terreno en Acala –un municipio de clima seco, ubicado en la zona centro del estado-, también nos construyeron dos cuartos y un baño para cada familia. Pero no hay luz, ni agua. La casa tampoco tiene cocina”, explicó Lorenzo Ruiz, quien representa a unos 43 de los liberados.

Los 32 indígenas que aún no cuentan con un terreno siguen en la búsqueda de un espacio dónde poderse dedicar a la siembra. En tanto, viven en dos construcciones rentadas en la capital del estado y una más en San Cristóbal de las Casas.

Bartolo Pérez habita en una de las dos casas rentadas por el gobierno del estado en Tuxtla Gutiérrez, que comparte con otros 16 de los liberados, algunos de ellos con sus familias. La casa común se ubica en una zona céntrica de la capital de Chiapas, a más de 200 kilómetros de Acteal, y ha sido modificada con divisiones hechas con tablaroca, para lograr un poco de intimidad para cada familia.

Los habitantes improvisaron algunas paredes en la azotea, para tener más cuartos y comparten entre dos baños, un espacio para la estufa de uso común, y un patio de seis metros cuadrados.

“Yo estoy trabajando de vender chicles en la calle para tratar de mantener a mi familia. Por eso ya de una vez queremos trabajar en el campo, y que el gobierno cumpla lo que prometió”, dice Pérez.

“Todo va muy lento. A otro grupo le compraron tierras en Villaflores –también en la zona centro. Estamos pensando cultivar maíz, frijol y jocote (una fruta que crece en las zona semiáridas); pero no conocemos bien qué tipo de tierra es, y si nos dará la siembra”, comenta.

Para sembrar, explica, requieren de instrumentos de labranza y semillas. En poco menos de un mes empieza la temporada de siembra, y no cuentan con ninguno de esos insumos. Aún cuando los tuvieran, la cosecha sería seis meses después, y la calidad y cantidad dependerá de la fertilidad del terreno.

“¿Y si nos vamos y el gobierno se olvida de su compromiso? ¿De qué vamos a vivir? ¿Con qué vamos a mantener a nuestros hijos? ¿A qué escuela los vamos a llevar?”, se cuestiona Ruiz.

Noé Castañón reconoció que con el cambio de gobierno, a finales de 2012, se retrasaron algunos trámites para dotar de los servicios de agua y luz a quienes ya tienen un terreno.

“Lo que queremos es que cuando se pasen a su nuevo hogar tengan un modo de vida que les dé estabilidad y puedan iniciar una nueva vida lejos de Chenalhó”, explicó.

Detalló que el resto de los liberados sigue en la búsqueda de sus nuevos hogares. Hasta el momento, el gobierno ha invertido cinco millones de pesos en la manutención, compra de terrenos, construcción de vivienda, y otros gastos generados por los 73 liberados y sus familias.