Un asesinato en Baja California Sur desvela vicios del sistema judicial

El caso del asesinato de un joven abogado evidenció vicios de un sistema que, bajo presión social, puede llevar a juicio de forma selectiva a sospechosos, según la fiscalía local.

Jonathan Hernández Ascencio, de 25 años, fue asesinado la madrugada del 4 de marzo de 2010 en un bar de la zona dorada del malecón de La Paz, la capital de Baja California Sur, en hechos que, a pesar de numerosos testigos, no se han esclarecido.

Por la muerte del joven fue destituido un procurador, fueron llevados a juicio cuatro personas sin implicación en el caso y se detuvo a otro joven que afirma que no estuvo presente durante el homicidio, como parte de una investigación que es desacreditada por los familiares de la víctima.

A Jonathan le dispararon con un arma calibre nueve milímetros mientras se encontraba en el bar Las Micheladas  con Daniel, uno de sus hermanos y con Héctor Hernández Ceseña, su amigo, quienes sobrevivieron al ataque.

Los jóvenes primero se negaron a declarar sobre quién los había atacado y solo dijeron que no habían visto nada, pero en una segunda comparecencia ante las autoridades, afirmaron que cuatro jóvenes, al calor del alcohol, tuvieron una discusión con ellos dentro del bar, dijeron a CNNMéxico fuentes de la procuraduría local.

Los jóvenes – entre ellos un sobrino del entonces procurador del estado, Fernando González Rubio Cerecer – fueron interrogados después del hecho y  puestos en libertad ante la falta de pruebas. Gary Gaines Hidalgo era uno de esos jóvenes.

Daniel, el hermano del fallecido, afirmó que Gary Gaines fue el atacante. De acuerdo con la fiscalía local, Gaines viajó a Tijuana y luego a Estados Unidos solo 24 horas después del crimen.

La familia Hernández Ascencio comenzó entonces una serie de protestas, con el apoyo de usuarios de redes sociales, donde se mostraba la foto de Gaines con la leyenda "asesino" y se exigía al entonces gobernador Narciso Agúndez Montaño, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que detuviera a los jóvenes y los sometiera a proceso, sin importar que fueran familiares de funcionarios ligados al poder.

Días después así ocurrió.

Agúndez Montaño destituyó a Rubio Cerecer el 8 de marzo, solo cuatro días después del crimen y creó una fiscalía especial para abordar el caso, la cual solicitó el arresto y extradición desde Utah de Gaines Hidalgo, ante la presión de los familiares, la proximidad del quinto informe del gobernador y la amenaza de protestas.

Gaines fue detenido tres semanas después del crimen en un centro comercial de West Valley, según imágenes mostradas por la televisora local KUTV , afiliada de CNN. Los tres jóvenes con los que había departido la noche del homicidio, ya habían sido detenidos.

Para el actual procurador, Gamill Arreola Leal, —quien tomó posesión del cargo en abril de 2011 luego de que el Partido Acción Nacional le arrebató la gubernatura al PRD— la fiscalía anterior fabricó culpables para satisfacer a la opinión pública.

"Se ejerció presión social e indebidamente, de manera ilegal la procuraduría (anterior) desvía la atención por atender las exigencias de la ciudadanía, de la familia", dijo Arreola a CNNMéxico.

Esto se vio demostrado, según el procurador, con el auto de libertad dictado a los tres jóvenes que permanecían en prisión, 19 meses y 18 días después de que fueron detenidos  y sujetos a proceso, así como con el desistimiento del proceso de extradición contra Gaines, quien fue puesto en libertad en Utah.

Los jóvenes afirmaron durante una entrevista con un medio local cuando aún estaban en prisión, que fueron torturados para declararse culpables y que en el caso de Gaines, decidió irse a Estados Unidos "por la madriza (golpiza) que nos pusieron" los policías ministeriales.

CNNMéxico conversó con Gaines Hidalgo, quien regresó a La Paz y recuperó su vida normal, pero el joven se negó a abundar sobre su caso, al afirmar que para él todavía es "un asunto muy delicado".

Arreola Leal acusó que las anteriores autoridades "fueron omisas" y presentaron acusaciones sin sustento, por lo que se abrió una investigación contra varios funcionarios, que no quiso nombrar.

"En su oportunidad lo daremos a conocer quiénes son las personas que estuvieron trabajando este asunto en la procuraduría en tiempo anterior, daremos a conocer los nombres", afirmó el fiscal a CNNMéxico.

Giro en la investigación

El 4 de septiembre del año pasado, la procuraduría anunció el arresto de otro joven, Daniel Sánchez Ávila, que estuvo en el lugar la noche del crimen, pero que nunca fue llamado a declarar sobre el caso.

El joven estuvo arraigado 30 días, tras los cuales se anunció su vinculación a proceso, esto a pesar de que cinco testigos declararon que el joven se retiró del lugar antes de que ocurriera el homicidio.

La nueva línea de investigación pronto fue desacreditada por los familiares del joven fallecido, y por los del detenido, que lo calificaron como "un chivo expiatorio".

"Yo no creo que la persona que está detenida sea el que mató a mi hijo", dijo el padre de Jonathan durante una comparecencia del procurador en el Congreso loca en octubre pasado, según personas entrevistadas por CNNMéxico que estuvieron en la sesión. Luego de la interrupción, el padre fue sacado del recinto por escoltas del procurador.

"Soy inocente, yo ya me había ido, yo ya ni estaba cuando ocurrió el asesinato", afirma Sánchez Ávila, que habló con CNNMéxico desde el Centro de Readaptación Social de La Paz, donde se encuentra internado.

El joven dijo no conocer ni al fallecido, ni a los otros jóvenes que estuvieron detenidos y se dijo víctima de un sistema judicial que te presume culpable sin que existan pruebas incriminatorias.

"(Los policías ministeriales) nunca me mostraron una orden de aprehensión, ni estaban uniformados, yo creía que me estaban secuestrando, nunca imaginé que me estaban deteniendo por un caso de asesinato que yo ni siquiera presencié", dijo a CNNMéxico.

Durante el tiempo que duró su arraigo, Daniel afirma que "creía que iba a salir libre. Creía que me habían confundido. No había pruebas que me involucraran, no conocía a los testigos, ni al fallecido. Pero tres testigos cambiaron sus declaraciones y me acusaron a mí. Ellos habían declarado una cosa muy diferente antes", afirma.

El padre de Daniel, José Sánchez dijo a CNNMéxico que el fiscal actual está siguiendo un patrón similar al anterior, presionado por brindar resultados a más de tres años del homicidio, ya que los familiares habían recibido la promesa de las autoridades de que habría un detenido antes de septiembre pasado. "Desafortunadamente le tocó a mi hijo".

Aunque Daniel Sánchez Ávila ganó un amparo en enero pasado por parte de un juez federal, que calificó su arraigo como inconstitucional, y por tanto ordenó desacreditar las pruebas obtenidas en su contra durante dicho periodo, la fiscalía local apeló la decisión, que es discutida actualmente en tribunales locales.

Sin ofrecer mayores detalles, el fiscal Arreola Leal dijo que existen pruebas periciales que involucran al joven, y que informes policiacos lo señalaron desde un principio, aunque estos no fueron tomados en cuenta antes, "debido a la presión social"

Además, el procurador afirmó que el caso se contaminó políticamente desde un principio, algo que influyó en la anterior fiscalía.

A la espera de la audiencia, Daniel pasa su tiempo en prisión fabricando artesanías. Dice que las circunstancias lo han obligado a convivir con otros presos, a quienes no sabe si podría considerar "amigos", pero en quienes se apoya para no sufrir una agresión ante las amenazas que ha recibido.

Daniel afirma que su detención truncó sus planes de sacar adelante un pequeño puesto de tacos, que apenas había abierto junto con sus padres. "Teníamos un mes y medio de haberlo abierto", dice desde un teléfono público dentro de la prisión.

El joven, que estudió Desarrollo Turístico y que ahora duerme con otros cuatro internos dentro de una pequeña celda, no pierde la esperanza de salir pronto de la cárcel. "Extraño a mi familia, quiero disfrutar de ellos".

Daniel afirma desconocer qué motivó su detención, pero dice que no les guarda rencores a las autoridades.

"A lo mejor tienen otros intereses ellos, personales. Aunque estoy confiando que todos pagaran por lo que han hecho, por mi cuenta no voy a hacer nada. Yo solo se lo dejo al destino y a Dios".