La 'Fepadita' enfrenta al gobierno y al Congreso de Baja California Norte
El Congreso de Baja California Norte —de mayoría priista— creó una Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en el Estado (Fepade) que ha desatado un enfrentamiento contra el gobierno estatal —de extracción panista— porque a tres semanas de las elecciones de gobernador del 7 de julio la fiscalía sustituiría el papel de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
El gobernador bajacaliforniano, José Guadalupe Osuna Millán, presentó el viernes una controversia constitucional ante la Suprema Corte de la Nación (SCJN) para dejar sin vigor la reforma mediante la que el Congreso estatal elevó a rango constitucional a la Fepade local el 11 de junio.
El 11 de junio, el Congreso votó por la reforma que busca establecer las facultades, características y atribuciones de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales estatal, así como los requisitos que debe reunir quien ocupe el cargo de fiscal, cuyo el proceso de elección está planeado realizarse la próxima semana.
La reforma que elevó a la Fepade local a grado constitucional fue aprobada por mayoría calificada tras ser presentada por el diputado local Julio Felipe García Muñoz, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de los integrantes del Partido Verde (PVEM), del Partido del Trabajo (PT), así como del diputado independiente Marco Antonio Vizcarra Calderón.
Los cambios se aprobaron con 17 votos a favor, siete en contra — seis del grupo parlamentario del PAN y uno del PRD, así como la abstención de la diputada Arcelia Galarza Villarino del Partido Nueva Alianza —, con lo que se reformaron los artículos 69 y 70 de la Constitución del Estado.
Sin embargo, la Fepade estatal ya existía desde noviembre, solo que no era funcional. La fiscalía, surgió a la vida jurídica mediante el Decreto número 342, el cual fue publicado en el Periódico Oficial número 53, de fecha 30 de noviembre de 2012.
La Fepadita (como se le ha llamado en el estado, por sus atribuciones locales en comparación con la Fiscalía del mismo nombre a nivel federal) no funciona aún porque falta la designación de su titular, así como definir las atribuciones de la fiscalía, lo que se busca con la nueva reforma.
El diputado local que presentó la iniciativa de reforma para la Fepade, Julio Felipe García Muñoz, señaló que el funcionamiento del organismo en la entidad es necesario porque se deja que las averiguaciones previas y procesos iniciados reciban un tratamiento igual al que cualquiera de los delitos comunes, con lo que se pierde la continuidad en las investigaciones.
Los argumentos del gobernador panista
El gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, que se opone a la intervención de la Fepade en estas elecciones, señaló que con la controversia constitucional el gobierno del estado pretende "blindar" el proceso electoral que se desarrolla y con eso evitar que se “enturbie” y “confunda” a los bajacalifornianos.
El secretario general del Gobierno de Baja California, Francisco Antonio García Burgos, dijo en apoyo a Osuna Millán que con la creación de la Fepade estatal, la XX Legislatura de Baja California está “violando una ley”.
“El artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expone que las leyes electorales, federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”, dijo, citando el artículo.
A juicio del presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales de la Legislatura estatal, el diputado Juan Montejano de la Torre, el secretario general de Gobierno "miente con la finalidad de confundir a la ciudadanía".
Montejano de la Torre aseguró que la reforma no viola el artículo 105 de la Constitución como afirma el funcionario estatal porque desde noviembre de 2012 se publicó la reforma que creó a la Fepade, la que se encuentra vigente desde entonces aunque no tenía carácter constitucional ni autonomía.
Añadió que esta reforma tampoco no viola el artículo 105 de la Carta Magna, ya que no se trata de una reforma a la ley electoral local, ni incide en la organización del proceso electoral, sino que es inherente directamente a la investigación y persecución de delitos.
El diputado aseguró que llevaron la reforma a rango constitucional a fin de otorgar mayores garantías a los ciudadanos y evitar la posibilidad de un veto por parte del Poder Ejecutivo.
Fepadita enfrenta a panistas y priistas en el Congreso
Los panistas en el Congreso local están en desacuerdo con el funcionamiento de la Fepade en el estado y han expuesto su apoyo al gobernador Osuna Millán, también de origen panista.
El coordinador de la bancada panista en el Congreso local, Rubén Alanís Quintero, acusó al PRI de querer apoderarse “de la función persecutoria de delitos” y “enturbiar” las elecciones.
Quintero aseguró que los legisladores del tricolor y partidos aliados utilizaron el “mayoriteo” para aprobar que el Congreso del estado sea quien nombre al titular de la Fepade local, conocida como Fepadita.
Los habitantes de Baja California elegirán el 7 de julio entre el cambio de partido en el gobierno estatal y la continuidad del PAN que ha permanecido durante 24 años en el poder.
El panista Francisco Kiko Vega, candidato a gobernador de la alianza Unidos por Baja California —formada por el PAN y los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Nueva Alianza (Panal) y Estatal de Baja California (PEBC)— compite por el cargo con Fernando Castro Trenti, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Felipe Ruanova Zárate, de Movimiento Ciudadano.
En abril, algunos analistas consultados por CNNMéxico consideraron que la elección del 7 de julio será una contienda cerrada entre Vega y Castro Trenti , que en una encuesta reciente de la empresa Covarrubias y Asociados aparece con el 53% de la intención de voto, nueve puntos arriba de su rival panista.