El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discute la posibilidad de hacer más transparentes las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos en México.
Los ministros de la Corte analizaron este martes la posible inconstitucionalidad del tercer párrafo del artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, un precepto que establece los límites al derecho ciudadano de acceso a la información pública.
En México, todos los funcionarios deben rendir anualmente una declaración patrimonial, cuyos datos y especificaciones solo se publican si así lo autoriza el servidor público. En los hechos,
En la sesión de este martes, cinco de los 11 ministros que integran el pleno de la Corte consideraron que el artículo mencionado no es inconstitucional, toda vez que —desde su perspectiva— el acceso de los ciudadanos a la información pública es un derecho que no es absoluto, sino que admite excepciones.
Se prevé que el próximo jueves concluya la discusión y se vote el proyecto del ministro José Ramón Cossío, quien propone amparar a un ciudadano que en 2011 solicitó “las versiones públicas de las declaraciones de situación patrimonial de cada uno de los 500 diputados federales” que integran la Cámara baja mexicana, de acuerdo con la propuesta.
Esas versiones le fueron negadas al solicitante, con base en el artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que establece, en su párrafo tercero, que
El ciudadano consideró que esa norma era inconstitucional, al presuntamente violar su derecho a la información, incluido en el artículo sexto de la Constitución, por lo que recurrió al Juicio de Amparo que analiza la SCJN.
En enero de 2013,