El gobierno de Michoacán desistió de una denuncia en contra de 72 habitantes de la comunidad Nueva Jerusalén acusados de destruir una escuela primaria en agosto pasado, informó este lunes el gobernador interino Jesús Reyna García.
Los acusados se harán cargo de la construcción de una obra pública, una plaza del mismo valor que , a cambio de que el gobierno estatal no exija la reparación del daño de la escuela. Las autoridades del estado inauguraron una en esa localidad del centro de Michoacán.
Nueva Jerusalén, al occidente de México, es una comunidad fundada en 1973 para rendir culto a la virgen del Rosario; ha sido escenario de un conflicto entre los pobladores laicos y los conservadores, quienes emulan la forma de vestir y comportamiento que consideran seguían los primeros católicos.
“Se los digo con toda claridad, nosotros dijimos (a los habitantes de la Nueva Jerusalén) que si ellos construyen esta plaza pública nosotros nos desistiríamos de la reparación del daño, que es lo que ha estado reclamando el estado”, explicó Jesús Reyna.
Esto no significa que ya se haya determinado que los acusados son culpables o inocentes, ni que, en caso de ser culpables, sean eximidos de sanciones.
“Nosotros desistiríamos de la reparación del daño (…) lo demás es cuestión de los órganos jurisdiccionales, no es cosa nuestra” explicó el gobernador interino, quien consideró como positivo que se haya logrado un acuerdo y evitado la vía jurídica.
Fuentes de la Procuraduría General de Justicia del estado señalaron que aún existe la posibilidad de que se sancione a quienes resulten culpables con una multa o se les sentencie a una pena cárcel a los acusados.
Por el momento solo ha sido detenido uno de los acusados, Cruz Cárdenas Salgado, exencargado del orden de la comunidad. Los otros 71 acusados enfrentan un proceso judicial por "daño a las cosas", pero están en libertad, según la Procuraduría.
El delito de “daño en las cosas” en el estado de Michoacán, según el código penal vigente, impone un castigo de prisión de tres días a cinco años, y en el caso de edificios públicos de dos a ocho años, sin embargo esto depende de la valoración que haga el juez.
La nueva plaza se construirá en el lugar donde se hallaba la escuela que fue destruida por motivos religiosos.
El gobernador anunció que en la comunidad permanecerán elementos de la policía para evitar conflictos entre los pobladores, divididos entre grupos conservadores que se niegan al cambio de costumbres y disidentes que piden mayor apertura de la comunidad a hábitos no religiosos.