Las elecciones ponen al Pacto por México en riesgo de ruptura
El Pacto por México firmado entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y los principales partidos políticos quedó en riesgo de romperse, luego de que el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), segunda fuerza en el Congreso de la Unión, cruzaran acusaciones sobre la presunta intervención de sus gobernadores en las elecciones locales del 7 de julio.
Al mediodía de este lunes, el dirigente del PAN, Gustavo Madero, acusó al gobierno federal de ser “omiso” en la atención de sus quejas en torno a la actuación de gobernadores priistas en las contiendas o las agresiones contra sus candidatos y militantes.
“El gobierno federal ha optado por el silencio complaciente. El gobierno federal se ha puesto al margen para permitir que se desarrollen este tipo de acciones con plena impunidad”, dijo Madero en rueda de prensa a menos de una semana de las votaciones.
“Estamos muy conscientes de lo que está en juego. No sólo es el pacto. Es todo el futuro de nuestro país. Es todo el clima político que se puede enrarecer, deteriorar, crispar de una manera que sea muy difícil de recuperar los niveles previos que hemos construido en la colaboración del Pacto por México. Eso es lo que está en juego. Y el principal responsable de que esto suceda o no suceda es el PRI en el gobierno estatal y federal”, agregó.
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Las declaraciones de Madero ocurren pocos días después de que su homólogo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, se pronunciara en el mismo sentido, al señalar ante periodistas que los gobernadores priistas “están mandando por un tubo y al carajo” los acuerdos firmados por Peña Nieto dentro del Pacto por México.
El convenio incluye el compromiso del gobierno federal de garantizar la equidad en las contiendas electorales del 7 de julio, un punto que el PAN y el PRD consideran que no se ha cumplido.
“No hay nuevo PRI y hay un proyecto reinstaurador del autoritarismo en el sistema político nacional, que estamos constatando en estas 14 elecciones locales”, dijo Madero este lunes a periodistas.
La respuesta del PRI
Pocas horas después, el dirigente del PRI, César Camacho, rechazó las acusaciones de Madero y aseguró que quienes violan la ley son los panistas de Baja California, que renovará su gobierno estatal.
En conferencia de prensa, Camacho señaló al gobernador panista José Guadalupe Osuna Millán como presunto líder de una “estructura” que desvió 1,350 millones de pesos de recursos públicos para favorecer a la campaña del candidato Francisco Kiko Vega , postulado por una alianza entre el PAN y el PRD.
“Esto demuestra no sólo la ilegalidad de la medida, sino la absoluta carencia de ética política de parte de quienes suelen desgarrarse las vestiduras a través de denuncias que no son capaces de respaldar”, dijo el priista.
Cuestionado al respecto, Camacho reconoció que el Pacto por México está en riesgo, aunque llamó a los partidos a que las diferencias electorales no acaben con él.
“El Pacto por México está todos los días sujeto a riesgos. (…) Ha salido avante de cuantas dificultades ha afrontado. No es esta la primera, aunque esta no es menor. Se trata de 14 elecciones competidas en términos generales. El PRI reitera su disposición de mantenerse en el Pacto por México porque es un instrumento eficaz para la política nacional. (…) Las elecciones, por más importantes que sean, no dejan de ser incidentales cuando el Pacto por México ha atendido asuntos que por décadas han sido evadidos”, dijo.
Baja California es el único estado que el 7 de julio elegirá gobernador. El PAN busca retener el poder en la entidad fronteriza, donde gobierna desde 1989, aunque las encuestas pronostican una competencia cerrada entre Kiko Vega y el priista Fernando Castro Trenti.
Las denuncias de ambos bandos
La dirigencia del PAN informó también este lunes que hasta la fecha ha presentado 67 denuncias por presuntas irregularidades en los comicios.
Eduardo Aguilar, director jurídico del PAN, dijo que el partido ha detectado presunta intervención de gobernadores, actuación parcial de órganos electorales y procuradores, uso político de programas sociales, así como violencia contra candidatos y militantes panistas.
La acusación se produjo el mismo día en que la casa del abanderado panista a la alcaldía de Tlalixcoyan, Veracruz, Carlos Triana, fuera baleada por un grupo armado .
Aguilar también citó el ejemplo de la Unión General de Obreros y Campesinos de México que, según el panista, escribió a Peña Nieto una carta para denunciar que candidatos priistas en Veracruz usan programas sociales con fines electorales.
“Hasta la fecha, esa Unión General de Obreros y Campesinos, en su sección Banderillas, no ha obtenido respuesta del presidente de la República. Una carta enviada a sus oficinas en la cual ha habido omisión del presidente”, dijo.
Al respecto, Camacho informó por la tarde que el PRI ha presentado 110 denuncias. Agregó que las mesas de negociación instaladas por los integrantes del Pacto por México para preservar la equidad electoral sí funcionaron pero resultaron insuficientes.
“Lo que creo es que estas elecciones han generado tal efervescencia que ha sido insuficiente la mesa del adéndum. (…) Evidentemente, es muy difícil que todo lo que ocurra en la sociedad haya sido previsto. Siempre son mecanismos perfectibles”, dijo.
Consultados la semana pasada, dirigentes del PRI rechazaron que sus aspirantes incurran en irregularidades y, en cambio, acusaron al PAN y al PRD de realizar campañas de “guerra sucia”.
El cruce de acusaciones ocurre a dos días de que las campañas cierren el 3 de julio, previo a las votaciones en las que se renovarán el gobierno de Baja California, 13 congresos estatales y 1,348 municipios.