La PGR, sin pruebas contra cinco generales acusados de narcotráfico
La Procuraduría General de la República (PGR) informó a un juez federal que no ratificará sus acusaciones de narcotráfico contra cinco militares de alto rango que permanecen encarcelados debido a que no hay pruebas que puedan sustentar el delito, por lo que podrían salir en libertad.
El Ministerio Público envío al juez las conclusiones no acusatorias y están a la espera de éste solicite al procurador, Jesús Murillo Karam, una ratificación por escrito, necesaria para la liberación de los militares acusados, informó la PGR a CNNMéxico.
Los militares detenidos por presuntos vínculos con el narcotráfico son el general Roberto Dawe González , el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, Ricardo Escorcia Vargas, el mayor Iván Reyna Muñoz y el general Rubén Pérez Ramírez.
Reportes de medios nacionales señalan que el mayor Iván Reyna Muñoz tiene un juicio en curso por extorsión. CNNMéxico no ha podido confirmar esta información de forma independiente. El mayor sería absuelto de la acusación de narcotráfico, pero de tener este otro proceso en curso sería juzgado por ese delito.
Los acusados fueron encarcelados bajo las mismas acusaciones que el general Tomás Ángeles Dauahare que salió de prisión en abril luego de que la PGR ratificara que no había pruebas que lo inculparan.
Los militares fueron acusados por testigos protegidos de tener vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva. En enero, la PGR reconoció ante un juez federal que no tenía en su poder ninguna prueba que confirmara las declaraciones de los testigos protegidos Jennifer y Mateo.
La liberación de Ángeles Dauahare puso la atención sobre los casos de los otros cinco militares encarcelados así como sobre los exfuncionarios que integraron la acusación en su contra.
En abril, el procurador Jesús Murillo Karam informó que la Procuraduría General de la República (PGR) investiga si las personas que iniciaron el caso en 2012, durante el gobierno del panista Felipe Calderón, i ncurrieron en irregularidades al acusar al militar Tomas Ángeles Dauahare.
La indagatoria en la PGR se abrió después de que el Poder Judicial señaló inconsistencias en los dichos de algunos testigos protegidos y advirtió "una posible fabricación de pruebas", en casos de exfuncionarios detenidos en el marco de la Operación Limpieza.
El gobierno de Calderón nombró así al operativo encabezado por la PGR para detectar a funcionarios relacionados con actos de corrupción. Uno de los primeros aprehendidos fue Noé Ramírez Mandujano, extitular de la SEIDO, en 2008.
Tanto el general Ángeles Dauahare como Ramírez Mandujano, también liberado , eran altos mandos de seguridad cuando fueron detenidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.