Un juzgado de Aguascalientes concedió "la suspensión definitiva" de la orden de aprehensión contra el exgobernador de ese estado (2004-2010), Luis Armando Reynoso Femat, de acuerdo con un comunicado emitido este jueves por el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) estatal.
“El gobernador no podrá ser detenido, aun cuando existe la orden de aprehensión en su contra”, informó el STJ.
Para enfrentar en libertad las en su contra, el exmandatario estatal tendrá que pagar una fianza de 9 millones de pesos, agregó la dependencia; antes se le había impuesto una de 8 millones, concepto que no pagó.
Reynoso Femat "ya fue citado nuevamente para que concurra en su calidad de procesado al juzgado que se lleva su causa para continuar el procedimiento penal en su contra", de acuerdo con el STJ.
La Procuraduría General de Justicia del Estado acusa a Reynoso Femat, junto con otros exfuncionarios, por presuntamente simular la compra de un tomógrafo por un valor de 13 millones 800,000 pesos y por simular el robo de equipo de telecomunicaciones por un valor de 25 millones de pesos.
La jueza segundo de lo penal, Laura Elena Delgado de Luna, dictó el auto de formal prisión contra el exmandatario en marzo pasado por considerar que hay suficientes elementos para procesarlo como presunto autor material del delito, aunque la orden no pudo ser cumplida porque Reynoso Femat se amparó.
La Procuraduría de Aguascalientes sostiene que Reynoso Femat habría dado instrucciones para transferir 13 millones 800,000 pesos de la Secretaría de Finanzas del Estado al Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes con la intensión de “distraer esos recursos”.
El dinero fue depositado en una cuenta de la empresa Logística y Asesoría Comercial S.A. de C.V., según el TSJ.
Reynoso Femat ha negado los delitos que se le imputan: “Yo no voy a estar fuera de la ley”, dijo en junio pasado a los periodistas que lo entrevistaron al acudir a un juzgado junto con su abogado para conocer los detalles de las acusaciones en su contra.
La legislación penal de Aguascalientes da de uno a ocho años de prisión a quien cometa el delito de peculado, es decir, el uso de bienes o dinero propiedad del Estado. El castigo también contempla de 25 a 300 días de multa y la destitución e inhabilitación de uno a tres años para desempeñar un cargo público.