El PRD aún busca que un juez lo libre de una deuda por el plantón de 2006
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) busca que un juez lo libre de pagar más de 25 millones de pesos al empresario Rafael Goycoolea Incháustegui, quien asegura que el partido le debe los servicios que prestó durante el plantón que los perredistas montaron en 2006 en la capital mexicana, en protesta por los resultados de la elección presidencial de ese año.
La principal fuerza política de la izquierda acusa al empresario de falsificar los contratos en cuestión y, por ello, a finales de 2011 presentó ante tribunales una demanda por fraude que espera se resuelva lo antes posible, señaló Xavier Garza, secretario de Finanzas del PRD.
"El caso, creemos nosotros, todavía no está terminado. Nosotros tenemos un par de denuncias penales en contra de este señor Goycoolea precisamente por el uso indebido de documentos y firmas falsas, y vamos a ver en dónde topa. Todavía creemos que vive este caso", dijo Garza a CNNMéxico.
En acatamiento al fallo de un juez civil, confirmado en mayo pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Instituto Federal Electoral (IFE) acordó este lunes empezar a retener una parte de los recursos públicos que mensualmente otorga al PRD para que sean entregados a Goycoolea Incháustegui.
Se prevé que las retenciones se realicen durante ocho meses a partir de agosto —hasta cubrir el adeudo de 25 millones 134,634 pesos reclamado por el empresario—, aunque los perredistas esperan que otro juzgado, de tipo penal, falle a su favor en su demanda por fraude y frene los pagos.
"Hemos estado demostrando que se falsificaron contratos, que el entonces secretario de Finanzas, José Borges, no firmó esos contratos y que ya incluso se hizo un peritaje", dijo a CNNMéxico el diputado perredista Fernando Belaunzarán, representante del Poder Legislativo ante el IFE.
"Tenemos nosotros un juicio paralelo y estamos demostrando que se falsificaron las firmas, nunca firmaron ese compromiso. Ese asunto en 2006 no fue un asunto que hubiera contratado el partido, sino que es algo que nos quieren endilgar", agregó.
En el verano de 2006, el PRD instaló un plantón sobre Paseo de la Reforma, una de las principales avenidas de la Ciudad de México, para protestar contra el supuesto fraude electoral cometido en contra de su entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.
Goycoolea Incháustegui afirma que durante el mes y medio de la manifestación su empresa prestó servicios instalación de lonas y sistemas de audio y video, que no le fueron pagados.
Según el empresario, los contratos fueron firmados por Borges, quien renunció a la Secretaría de Finanzas del PRD en mayo de 2008 argumentando motivos personales.
Un nuevo precedente
La situación sienta un precedente al ser la primera ocasión en que el IFE —con base en una resolución de la SCJN— determina retener los recursos que mensualmente otorga a un partido para liquidar el adeudo reclamado por un proveedor.
El fallo de la Corte data de mayo pasado, cuando su Primera Sala determinó que las prerrogativas de las fuerzas políticas pueden ser embargadas para pagar deudas.
"Es la primera vez que ocurre. Lo que va a ocurrir ahora es que cualquier empresario o cualquier ciudadano o cualquier proveedor de un partido al que no se le pegue va a ir al IFE a decir: 'IFE, no se me está pagando, págame tú, retén el dinero del partido'", dijo a CNNMéxico el exconsejero electoral Arturo Sánchez.
Sánchez formaba parte del IFE cuando Goycoolea Incháustegui empezó a reclamar el adeudo en 2007. Entonces, el instituto se negó a embargar los recursos del PRD para que se le pagara, por lo que el empresario acudió ante tribunales civiles que le dieron la razón.
"Lo que el empresario logró ahorita es que se le pague. Entonces, el partido le pagará a través de sus prerrogativas. El IFE pondrá a disposición del juez el dinero que dijo que tiene que estar ahí y con ese dinero se le pagará al empresario, pero si después el PRD le gana el juicio (por fraude) al empresario y el juez dice: 'Empresario, tenía razón el PRD, devuélvele el dinero', no tiene nada que ver el IFE, ya sería otro asunto", dijo Sánchez.
El politólogo Jorge Javier Romero, excoordinador de asesores de la Secretaría Ejecutiva del IFE, señaló que el instituto ya suele embargar los bienes de los partidos que pierden el registro y tienen adeudos, aunque será la primera ocasión que ese mecanismo se aplique a un partido con registro.
La retención de los recursos del PRD comenzará mientras, en otro caso, el partido apela ante el Tribunal Electoral federal la decisión del IFE de multar a la coalición Movimiento Progresista, de la que formó parte, con 135 millones de pesos por irregularidades en los comicios de 2012, entre ellas, el rebase del tope de gastos en su campaña presidencial.
