Los estados y municipios tienen tres meses para evaluar a 190,000 policías
Los gobiernos de los estados y municipios tienen menos de tres meses para evaluar a 190,000 policías, que deberán ser dados de baja si no cumplen con ese requisito legal a más tardar en octubre, según un informe que el gobierno federal entregó al Senado mexicano.
La cifra equivale al 37% de los agentes locales del país, indica el reporte que el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) presentó en julio a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara alta y que fue dado a conocer este miércoles.
El documento señala que de enero de 2010 al 30 de junio de este año los estados y municipios han aplicado pruebas de control de confianza a 326,423 policías (222,006 estatales y 104,417 municipales), lo que representa al 63% del total.
Las entidades con mayor retraso en la evaluación de sus policías son Baja California Sur, Chihuahua, el Estado de México, Guerrero, Jalisco, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán, según otro documento publicado en la página electrónica del SNSP.
Las autoridades mexicanas están obligadas a evaluar a sus agentes desde 2010. Una reforma legal les dio como fecha límite para hacerlo el 31 de diciembre de 2012, pero debido al retraso que había en el procedimiento, el Congreso aprobó entonces un plazo adicional de 10 meses que concluye en octubre próximo .
La prórroga fue promovida por Omar Fayad, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado y legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien argumentó que cesar a los elementos no certificados "debilitaría" la capacidad de los gobiernos para enfrentar a los delincuentes.
Del total de policías locales que hay en México, el 49% aprobó los controles de confianza, el 7% ya fue evaluado pero aún no recibe sus resultados y el 8% reprobó los exámenes, indica el informe el SNSP.
Del 37% que sigue pendiente de evaluación, el SNSP llama a los gobiernos locales a dar prioridad a los jefes policiales.
"Propuesta de prioridades de evaluación: Que los centros de evaluación atiendan prioritariamente al personal de mando y operativo, y evaluar al personal administrativo únicamente cuando sea necesario, de acuerdo a su capacidad de atención, y sin que cuente para el cumplimiento de las metas", señala el texto.
Entrevistados por separado, los especialistas en seguridad Samuel González y Alejandro Hope consideraron que el retraso en la certificación policial se debe principalmente a la falta de "voluntad política" de las autoridades locales y a que algunos estados no tienen poligrafistas o psicólogos suficientes.
Hope agregó que una alternativa para agilizar los procesos de evaluación sería establecer un modelo diferenciado en vez de aplicar las mismas puebas a todos los agentes.
"Fue un error inicialmente tener un modelo universal", dijo. "(Puede crearse un modelo) donde no pase por el mismo proceso el policía de tránsito que el policía de la unidad antisecuestros".
González, por su parte, consideró que la evaluación policial no debería únicamente basarse en el uso de polígrafos, sino analizar el entorno en el que trabajan los agentes.
Tres de los estados con mayor retraso en el tema —Chihuahua, Guerrero y Tamaulipas— se encuentran entre los más violentos del país, con tasas de homicidio doloso superiores a la media nacional (18.56 casos por cada 100,000 habitantes).
En cuanto a los policías federales, el SNSP indica que hasta ahora ha sido evaluado el 98%. Del total de agentes federales, el 81% aprobó, el 11% espera resultados y el 6% reprobó los controles de confianza.