En Michocán la alternancia propicia la violencia, asegura académico

El gobierno federal, legisladores, organizaciones sociales y empresarios firmaron este jueves el Acuerdo por Michoacán, que plantea estrategias para mejorar la seguridad, educación, generar más empleo, así como para mejorar la imagen de la entidad afectada por la violencia.

Desde el sexenio pasado, la entidad ubicada en el centro del país se ha convertido en una de las más violetas. El estado ha estado en disputa de varios grupos armados entre ellos Los Zetas y Los Caballeros Templarios, situaciones que han llevado a familias al exilio.

Esta situación, que el experto en tráfico de drogas Luis Astorga califica como "descontrolada", se debe a que en los últimos años se ha registrado alternancia política a nivel estatal y municipal, lo que ha influido en la situación de violencia actual en el estado, señaló el experto en tráfico de drogas.

"Michoacán vive ahora una tormenta perfecta", asegura el investigador en entrevista con CNNMéxico. Astorga considera que la violencia se agudizó cuando llegó la alternancia de partido en el gobierno de la entidad, porque los cambios políticos siempre van acompañados de reajustes en las fuerzas criminales y en todos los municipios de Michoacán la alternancia ocurrió sin que hubiera pactos políticos entre los grupos políticos entrantes y salientes para asegurar la gobernabilidad.

"Los criminales se encontraron un día que había varios interlocutores en un mismo municipio, e interlocutores de distinto color en cada alcaldía, algunos contrarios al gobierno estatal. Bajo este esquema, fácilmente el poder político se subordinó al poder criminal", explicó Astorga.

Otros dos factores influyen para Astorga: la presencia de un fuerte grupo criminal local con una amplia base social utilizada como escudo y un territorio que es defendido por la delincuencia organizada con una estrategia de guerrilla por su complicada geografía.

Estas tres condiciones, que no se han dado juntas ni en Sinaloa ni en Tamaulipas –los otros dos territorios cuna de los grupos criminales más fuertes del país, el cártel de Sinaloa y Los Zetas–, la convierten en la amenaza a la gobernabilidad más seria que ha enfrentado el Estado mexicano, advierte el académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Michoacán fue la primera entidad en ser intervenida por las fuerzas federales en 2006, lo que marcó el inicio de la estrategia de combate frontal al crimen organizado del sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).

Cientos de elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal se han sumado a operativos de seguridad en el estado donde primero apareció el grupo criminal de La Familia Michoacana y, tras la desarticulación de este, Los Caballeros Templarios.

Los Caballeros Templarios realizan actividades delictivas y del tráfico de drogas en el centro y occidente de Michoacán.

La actividad de este grupo criminal y la desconfianza en el desempeño de la policía local han propiciado la proliferación de grupos armados de autodefensa en varias zonas del territorio michoacano que mantienen el control en comunidades enteras.

El presidente Enrique Peña Nieto anunció en mayo un nuevo plan para el estado ahora gobernado por su partido , el Revolucionario Institucional (PRI). Fuerzas federales tomaron el control de la seguridad en los municipios donde se formaron grupos de autodefensa contra el crimen organizado.

El despliegue los elementos del Ejército hacia esa entidad, el primero durante el gobierno de Peña Nieto, no ha sido suficiente para contener la violencia. A finales de julio, fue asesinado el vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet . 

Días antes, murieron al menos 20 presuntos delincuentes y cuatro elementos de las fuerzas federales en enfrentamientos armados . 

Según la Federación Nacional de Municipios de México, Michoacán es, junto con Durango y Oaxaca, una de las entidades donde más alcaldes han sido asesinados desde 2006, cinco en total. Actualmente, los ediles de Aquila, Tepalcatepec, Buenavista y Aguililla despachan lejos de sus comunidades , debido a la violencia.

La alternancia política

La alternancia política se consolidó en 1995, cuando el Partido de la Revolución Democrática (PRD) obtuvo el triunfo en 53 de los 113 municipios. Siete años después, Lázaro Cárdenas Batel, hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, líder histórico del perredismo, se convirtió en el primer gobernador de oposición.

Todos los municipios de la entidad han tenido alternancia política; 50 de ellos han sido gobernados ya por las tres fuerzas políticas principales del país –PRI, Partido Acción Nacional (PAN) y PRD-, y 11 por una alianza PAN-PRI.

Astorga considera que debido a esta alternancia, la escena michoacana comenzó a “descomponerse”. Tanto que Lázaro Cárdenas Batel fue el primer gobernador en pedir en 2005 al entonces presidente Vicente Fox la participación de fuerzas federales de seguridad para poder combatir a la organización criminal que se estaba consolidando, La Familia Michoacana.

Actualmente, el estado enfrenta además la ausencia del gobernador Fausto Vallejo Figueroa .

Grupos delictivos ‘pseudorreligiosos’ y con amplia base social

Para Astorga, en el gobierno del perredista Leonel Godoy (2008-2012) “se consolidó la lógica mafiosa, paramilitar y feudal de La Familia“, grupo que, a su parecer, logró el control de la actividad criminal en la entidad, pues hoy prácticamente todas las ramas de la actividad económica local “dan cuota” a sus herederos, Los Caballeros Templarios.

Este grupo ha desarrollado una forma de operar única y "muy peligrosa", dice el experto. "El componente pseudorreligioso vinculado con las organizaciones criminales locales es único, aunque lo más importante es el tipo de lógicas con las que están operando: mafiosa, paramilitar, feudal, con tácticas de guerrilla.

"Mafiosa y paramilitar, porque han desarrollado un mecanismo de extorsión que se extiende a todas las ramas productivas de la entidad hasta mejor que Los Zetas... Feudal, porque ellos mismos, antes como La Familia y hoy como Caballeros Templarios, se han autodenominado los defensores de Michoacán, los poseedores del monopolio de la fuerza en ese territorio... De guerrilla, porque el accidentado terreno michoacano se los permite. Pueden atacar rápidamente y esconderse", explica.

El carácter fue evidenciado desde noviembre de 2008, cuando fue hallado en un cateo un libro firmado por Nazario Moreno, El Más Loco, uno de los principales líderes de la organización, en el que daba consejos a sus integrantes sobre cómo comportarse y venerar a Dios.

Ademas, dice Astorga, hay que considerar la amplia base social que apoya a los grupos criminales, ya sea a Los Caballeros Templarios o a los nuevos grupos de autodefensa, así como el uso que los delincuentes le han dado a los medios de comunicación, principalmente Servando Gómez Martínez, La Tuta, quien ha difundido varios videos vía YouTube y se autodenomina el vocero de Los Caballeros Templarios.

La base social de La Familia apareció en escena desde febrero de 2008, cuando el grupo criminal organizó una serie de marchas en Morelia en contra de la presencia de fuerzas federales de seguridad en la entidad.

"El control tan claro de una población tan pobre como la michoacana, caracterizada por la migración hacia Estados Unidos durante décadas por la falta de trabajo y la pobreza, fue una consecuencia natural de la falta de un Estado que proveyera de lo más básico. Con ofrecer algo para el sustento, cualquier grupo puede usar a la población.

"El problema es que el Estado, aunque quiera llegar a la población pobre mediante una política social robusta, ahora a fuerza tiene que pasar por los intermediarios, por la delincuencia organizada. Eso es lo grave", explica el experto.

Astorga explica que para remediar la situación en Michoacán es necesario "fincar responsabilidades a todos los funcionarios locales que han colaborado con el poder criminal”. De lo contrario, el retorno de la gobernabilidad a la entidad será muy complicado, considera el académico.

Solo ha habido un intento de llevar a la justicia a funcionarios locales michoacanos por su presunta relación con el crimen organizado. Entre mayo y septiembre de 2009, 35 funcionarios, entre ellos ocho alcaldes, fueron detenidos por el gobierno encabezado por Felipe Calderón por supuestos nexos con La Familia. Sin embargo, en los meses siguientes todos los detenidos salieron libres por falta de pruebas . 

Además, el experto espera que el Acuerdo por Michoacán tenga resultados tangibles. De lo contrario, opina que la gobernabilidad en Michoacán seguirá siendo "solo un buen deseo”.