El Congreso aprueba sanciones a profesores que reprueben evaluaciones

Los profesores mexicanos de educación pública básica y media superior tendrán hasta tres oportunidades para aprobar las nuevas evaluaciones obligatorias a las serán sometidos o de lo contrario serán sancionados, ya sea reasignándolos a otras tareas o quitándoles sus plazas, según la Ley General del Servicio Profesional Docente avalada por el Senado las primeras horas de este miércoles. 

La legislación, que ha generado protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), establece que si un profesor reprueba una vez entrará a programas de regularización y, a más tardar en un año, tendrá que evaluarse de nuevo. Si reprueba por segunda ocasión, podrá regresar a regularización y tendrá otro año para someterse a un tercer examen.  

“En caso de que el personal no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, se darán por terminados los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la autoridad educativa o el organismo descentralizado, según corresponda”, señala el artículo 53 del documento aprobado por mayoría, que fue enviado al presidente Enrique Peña Nieto para que sea promulgado. 

Para los profesores contratados después de que la ley entre en vigor, la sanción será la pérdida de su plaza. En tanto, para los que actualmente están en activo consistirá en ser reasignados a otras áreas del servicio público —fuera de los salones de clase— o ser exhortados a retirarse, indica el artículo octavo transitorio de la legislación. 

Los resultados de las evaluaciones serán información pública, aunque las autoridades no podrán detallar las “recomendaciones individuales” que den a un profesor porque éstas serán consideradas datos personales.

Desde que comenzó a discutirse en el Congreso, la ley causa molestia entre integrantes de la CNTE, que la consideran lesiva de los derechos laborales del magisterio.

Líderes de agrupación afirman que ese tipo de evaluación es “punitiva” porque facilitará el despido de profesores y, desde hace dos semanas, han convocado a manifestaciones en sedes legislativas, plazas, televisoras y algunas de las principales avenidas de la Ciudad de México. 

‘Blindaje’ contra las protestas

La discusión del documento este martes se llevó a cabo en un Senado rodeado de vallas metálicas y decenas de policías federales y locales, para prevenir que posibles protestas de la CNTE impidieran la entrada de los legisladores. 

Los integrantes de la coordinadora montaron un “cerco pacífico” en el inmueble desde las 7:00 horas (local) hasta pasadas las 18:00 y este miércoles prevén realizar una “megamarcha” contra la reforma educativa impulsada por Peña Nieto y los principales partidos.  

Algunos senadores que participaron en la revisión del documento consideraron que éste sí incluye algunas demandas de la CNTE, como permitir que las sanciones contra profesores puedan ser apeladas ante tribunales, una medida que no estaba en la iniciativa propuesta por el gobierno. 

“Sé que hay voces que señalan que no ha habido un proceso exhaustivo. Lamento no coincidir. En esto, por supuesto, el debate nunca estará agotado. Debatir no es reñir y discrepar no es reprimir. Se ha escuchado absolutamente a todos los actores, al magisterio en sus diferentes corrientes”, dijo desde la tribuna Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación y militante del Partido Acción Nacional (PAN). 

Daniel Amador Gaxiola, secretario de la misma comisión y miembro del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que la ley es necesaria para la reforma educativa.  

“Para garantizar que la educación se convierta en una verdadera palanca del desarrollo nacional, resulta fundamental elevar las exigencias para ejercer la función docente en las escuelas de educación básica y media superior del país. Este es el verdadero espíritu de la ley”, dijo en su intervención.

La ley también establece que serán cesados los profesores que, sin justificación, falten a sus labores más de tres días en un periodo de un mes (artículo 76) y que si un sindicato da un cargo a un docente, tendrá que pagar su sueldo en lugar de que lo haga el Estado, como ocurre actualmente (artículo 78).  

“El conflicto va a escalar”

Para los senadores de la izquierda, que votaron en contra del documento, la legislación no representa una reforma educativa porque no detalla qué mecanismos se usarán para formar y actualizar al magisterio, sino que se centra en medidas de carácter administrativo. 

“Nosotros creemos que esta es una ley de excepción laboral. Se trastocan derechos constitucionales, se trastocan derechos adquiridos. (…) Los maestros de México no son los responsables de la situación que vive el sistema educativo nacional”, dijo Raúl Morón, secretario de la Comisión de Educación y senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD). 

“Sin la participación real y genuina de los profesores, tarde o temprano este conflicto va a escalar”, señaló después Dolores Padierna, vicecoordinadora de los senadores perredistas.

La ley fue aprobada la madrugada del lunes en la Cámara de Diputados y, al no haber sido modificada por el Senado, este martes fue enviada al presidente para que la promulgue y entre en vigor.

Era la última de tres leyes que faltaba de ser aprobada para que la reforma educativa promulgada el 26 de febrero pueda funcionar.

Las otras dos —la General de Educación y la del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)— fueron avaladas a finales de agosto, en sesiones que los legisladores tuvieron que realizar en sedes alternas porque la CNTE bloqueó los recintos legislativos. 

Hasta la noche del martes, la coordinadora preveía llevar a cabo este miércoles su “megamarcha” contra la reforma educativa en la avenida Paseo de la Reforma, en el centro de la capital, y evaluaba qué otras acciones tomar.