La Corte abrió la puerta a un "retroceso" en derechos humanos, según ONGs

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de establecer que la Constitución estará por encima de los tratados internacionales en derechos humanos firmados por México representa un “retroceso” en la materia, porque implica limitar la protección de las personas, consideraron representantes de organizaciones civiles este miércoles. 

“Para nosotros es una decisión preocupante. (…) Lo que la Suprema Corte declaró ayer (martes) al decir que los derechos reconocidos en tratados internacionales están al nivel de la Constitución, pero que pueden ser limitados por la propia Constitución y que en este caso se atenderá lo que diga la Constitución, está refiriéndonos a limitaciones mayores a las que ya se prevén en normas internacionales”, dijo Daniel Zapico, de Amnistía Internacional (AI), a CNNMéxico. 

“La decisión rompe con la tendencia en América Latina en años recientes que reconoce incondicionalmente la aplicación del estándar, ya sea nacional o internacional, que mejor protege los derechos de los ciudadanos. (…) Dado el gran debate sobre el tema, esperamos que la Corte tenga oportunidad de revisarlo pronto y revertir esta decepcionante determinación”, señaló por su parte Nik Steinberg, de Human Rights Watch (HRW), en un correo electrónico.

El fallo se produjo — por una votación de 10 ministros contra uno — para fijar un criterio de interpretación del artículo 1 constitucional, reformado por el Congreso de la Unión en 2011. 

La reforma estableció que en México todas las personas gozarán de los derechos incluidos en la Constitución y en los tratados internacionales signados por el país, una medida que los activistas consideraron positiva pero que generó dudas sobre qué normas tendrían mayor peso. Para resolver la situación, la SCJN determinó que la Carta Magna será la que tenga la última palabra en la materia. 

Edgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), consideró que el fallo de la Corte reconoce que el Estado está obligado a proteger los derechos consagrados en tratados internacionales. Sin embargo, también impone una “excepción” al indicar que cuando esos derechos se contrapongan con la Constitución, esta tendrá mayor jerarquía. 

Zapico y Cortez coincidieron en que un ejemplo de las implicaciones de este criterio está en el uso de la figura del arraigo, como se conoce en México a la detención a la que son sujetos los sospechosos de un delito mientras las autoridades investigan el caso. 

Dentro y fuera del país, organizaciones civiles señalan que esa medida es violatoria de los derechos humanos —porque la aprehensión tendría que realizarse hasta que se concluya una investigación—, pero desde 2008 está incluida en la Constitución mexicana. 

“Con esta excepción (aprobada por la Corte), ya no podemos cuestionar el arraigo, porque si hoy lo cuestionamos usando instrumentos internacionales, la respuesta va a decir: ‘Su cuestionamiento ya no vale porque está expresamente contenido en la Constitución’. Y en estos casos, lo que está en primer lugar es la Constitución y en segundo los instrumentos internacionales”, dijo Cortez a CNNMéxico. 

“Por eso creemos que es un retroceso, porque en nuestra opinión ese no era el espíritu de la reforma de 2011”, agregó. 

Antes de la discusión en el pleno de la SCJN, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos también llamó a los ministros a evitar “una interpretación restrictiva o regresiva” de la reforma al artículo 1 constitucional. 

“Hacemos un llamado enérgico a las y los ministros (...) para que reconozcan que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos a nivel nacional e internacional y asuman una posición congruente con el objeto y texto de la reforma en materia de derechos humanos, evitando una interpretación restrictiva o regresiva. De la decisión del máximo tribunal dependerá avanzar en la efectiva vigencia de los derechos fundamentales en México”, señaló la red en un comunicado difundido el domingo.

Consultados al respecto este miércoles, integrantes de la red dijeron a CNNMéxico que la agrupación aún está analizando la postura que asumirá en este tema. 

Zapico y Cortez, además, advirtieron que existe el riesgo de que el nuevo criterio aprobado por la SCJN dé pie a que legisladores busquen incluir en la Constitución otras figuras legales actualmente cuestionadas por los tratados internacionales. 

“La Constitución es una de las constituciones que más cambia en el mundo. (…) ¿Qué quiere decir eso? Que el día de mañana puede cambiar para mal en otros ámbitos”, dijo Zapico. 

Ante esa posibilidad, ambos activistas consideraron que algunas vías para reforzar la protección de los derechos humanos son plantear más casos de abusos ante la Corte, con el objeto de que esta pueda modificar su criterio, o impulsar leyes secundarias del artículo 1 que precisen mecanismos de protección para las personas.