La evaluación policial se acerca al 'plazo fatal' con retrasos y críticas

A menos de dos meses de que venza el plazo legal para que a todos los policías de México se les apliquen pruebas de control de confianza, alrededor de 150,000 agentes estatales y municipales —el 30% del total— no han cumplido con ese requisito, una situación que genera polémica entre partidos políticos y expertos en seguridad en torno a las razones del atraso y al funcionamiento del modelo de certificación. 

El priista Omar Fayad, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, considera que el modelo de evaluación diseñado por el gobierno anterior, del panista Felipe Calderón (2006-2012), no debió incluir tiempos límite, bajo el argumento de que los cuerpos policiales tienen constantes ingresos y egresos de agentes. 

“No estoy de acuerdo con el programa de certificación de policías que inventó Felipe Calderón y su equipo porque está mal pensado, está mal estructurado, estuvo mal hecho. Es un programa que establece una fecha perentoria para certificar a todos los policías. No puedes hacer eso. La policía tiene mucha movilidad. Hoy está un policía, mañana no”, dijo Fayad a CNNMéxico. 

El modelo de evaluación comenzó a operar en 2010. Entonces se estableció que el 3 de enero de 2013 sería el último día para que todos los agentes del país estuvieran certificados, pero debido al retraso que tenían los gobiernos estatales, en diciembre de 2012 el Congreso de la Unión  aprobó un plazo de 10 meses extra que vence el 31 de octubre . 

Para completar la tarea, las 32 entidades federativas recibieron este año un total de 1,181 millones de pesos (unos 90 millones de dólares), según  un informe que el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) entregó al Senado , dado a conocer a principios de agosto. El SNSP es la institución del gobierno federal responsable de seguir el avance del proceso de certificación.

La última prórroga fue propuesta por el propio Fayad, quien justificó la medida argumentando que, de lo contrario, se generarían problemas de seguridad pública porque por ley todos los policías no evaluados tendrían que ser despedidos. 

Al respecto, el senador del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que es necesaria otra reforma, aunque no para volver a ampliar el plazo legal sino para modificar el modelo de evaluación policial y que en éste, además, se limite el uso del polígrafo.

Para ello, agregó, solicitaron al titular del SNSP, Monte Alejandro Rubido, que presente al Senado una propuesta en la materia. 

“Creo que le dejamos la puerta bien abierta a Monte Alejandro Rubido y al gobierno federal (del priista Enrique Peña Nieto) para que nos presenten una propuesta de cómo se llevará a cabo el control y la certificación de manera moderna y eficaz, más apegada a la realidad. Se siguen venciendo plazos y plazos y nunca se logra el objetivo porque está mal planeado, está mal trazado”, dijo. 

El papel de los estados 

El panista Fernando Yunes, secretario de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, consideró por el contrario que el retraso en la evaluación policial no se debe a fallas en el modelo empleado hasta ahora, sino a que los gobiernos estatales no han prestado suficiente atención al asunto. 

“Estamos hablando de que estamos en estándares (de cumplimiento) de alrededor del 68%, 70% más o menos. Todavía falta una buena parte, pero hay estados que están muy atrasados, como Quintana Roo, como Veracruz, que la verdad no han podido avanzar. (…) Más que una falta de voluntad, también es de ganas de invertir en el tema. Hoy los gobernadores deben tomar corresponsabilidad en el tema de la seguridad”, dijo Yunes a CNNMéxico. 

El más reciente reporte del SNSP — actualizado al 31 de julio — indica que los cinco estados con mayor retraso son Baja California Sur, Estado de México, Guerrero, Quintana Roo y Tamaulipas, que han certificado a entre el 25% y el 50% de sus agentes. 

Yunes, militante del Partido Acción Nacional (PAN), afirma estar dispuesto a discutir posibles cambios al actual modelo de evaluación policial, aunque considera que está funcionando. 

“Me parece que ha habido un falso debate en que los exámenes de control de confianza son solamente hablar del polígrafo. Hay que recordar que estos exámenes son también psicométricos, psicológicos, se hace el perfil socioeconómico de la persona. Creo que los exámenes en general son buenos. Como toda prueba, es perfectible”, dijo. 

Un modelo “incompleto” 

Algunos analistas, sin embargo, consideran que la evaluación policial tiene problemas tanto en el cumplimiento de los plazos legales como en la forma en la que opera.

El investigador Ernesto López Portillo, fundador del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), señala que las autoridades no están apegándose a las fechas establecidas porque desde el principio faltó una “ruta” que detallara las etapas y los recursos que se usarían para certificar a los policías. 

“Lo que faltó desde el diseño de origen fueron planes de implementación. (…) Se construyen objetivos, pero no se construyen los planes que permitan trazar una ruta para lograr en tiempo y forma los objetivos”, dijo a CNNMéxico.

Para López Portillo, además, la evaluación policial enfrenta un mayor problema, porque está basada en un modelo “incompleto” que evalúa si un agente es confiable o no, pero no si la institución en la que trabaja sigue procedimientos eficaces que le permitan dar mejores resultados. 

“La idea de evaluar a las personas que están en la policía es una idea por supuesto adecuada. El problema es que esa evaluación para certificar a las personas debe ser complementada con esta otra certificación que es la certificación de las instituciones. (…) No importa cuántos policías sean evaluados y certificados. Éstos trabajan en instituciones que tienen problemas de diseño y de operación todos los días”, dijo.

En la pasada sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, a finales de agosto, organizaciones civiles pidieron al presidente Peña Nieto que no solo se complete la certificación de policías, sino que se dé a conocer si el proceso está ayudando o no al funcionamiento de las corporaciones y la prevención del delito.

La solicitud ocurrió pocos días antes de que el mandatario envíe al Congreso su propuesta de paquete económico para 2014, en la que tendrá que incluir la partida presupuestal que busque destinar a seguridad.