Peña propone nuevos derechos sociales solo para empleados formales
Al nuevo sistema de seguridad social universal y al seguro de desempleo que propuso el presidente Enrique Peña Nieto, solamente tendrían acceso los trabajadores del sector formal, según las iniciativas enviadas al Congreso y que los legisladores analizarán en las próximas semanas.
En su propuesta de paquete económico para 2014, el mandatario reconoce que uno de los problemas del país radica en que el 61.2% de los mexicanos —71.8 millones de personas— carece de acceso a servicios de salud.
Por ello, plantea reformas legales para ayudar a que los ciudadanos tengan acceso a instituciones médicas públicas. Sin embargo, las reformas no crean nuevos organismos de seguridad social, sino que se enfocan en dar "facilidades" a las empresas del sector formal para que incluyan a más trabajadores en las instancias ya existentes.
"Para incentivar la incorporación a la seguridad social de los trabajadores que actualmente no están inscritos en el Seguro Social, se propone (al Congreso) dotar al Ejecutivo federal de las facultades para otorgar facilidades administrativas de carácter temporal a los patrones incluidos en el régimen de incorporación establecido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para que den cumplimiento a las obligaciones que establece la Ley del Seguro Social respecto a la inscripción de sus trabajadores y el pago de las cuotas obrero patronales correspondientes", señalan los documentos enviados al Poder Legislativo.
Peña Nieto también propuso crear un seguro de desempleo, cuyo objeto es "garantizar que todos los trabajadores del sector formal que caigan en situación de desempleo cuenten con una red de protección social que evite el detrimento en el nivel de vida de sus familias y les permita reinsertarse al mercado laboral formal de la manera más pronta posible", según los Criterios Generales de Política Económica incluidos en el paquete económico para 2014.
Los posibles beneficiarios, sin embargo, únicamente podrían ser las personas que hubieran trabajado en el sector formal durante al menos dos años antes de quedar sin empleo.
El seguro tendría una duración de seis meses —y solo podría accederse a esa prestación una vez cada cinco años— y en ese periodo el desempleado recibiría un porcentaje del monto de su último sueldo.
Por ello, la cantidad variaría, pero "el 70% de la población que pierde su empleo son gente que gana menos de cuatro salarios mínimos", dijo a medios el secretario de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, tras la presentación de la iniciativa en la residencia oficial de Los Pinos.
Los recursos del seguro se obtendrían de una subcuenta del trabajador a la que el patrón tendría que ir aportando cuotas cada mes. Si ese dinero resultara insuficiente, el gobierno federal aportaría más fondos para cubrir los dos últimos meses del seguro.
En su paquete de reformas, además, el presidente Peña Nieto propuso crear una pensión universal para los adultos mayores de 65 años.
La medida busca establecer en la Constitución que esas personas "tendrán el derecho a recibir una pensión para apoyar sus gastos básicos de manutención durante la vejez, en los términos que determinen las leyes que expida el Congreso de la Unión", según una de las iniciativas enviadas por Peña Nieto al Poder Legislativo.
El documento plantea como requisitos para acceder a ese beneficio que la persona no reciba otro tipo de pensión y tenga un ingreso mensual igual o inferior a 15 salarios mínimos, es decir, 945 pesos (72.6 dólares).
La iniciativa de Ley de la Pensión Universal propone que los beneficiarios reciban 1,092 pesos al mes (alrededor de 84 dólares).
Actualmente, las personas inscritas en el programa federal 65 y más reciben 1,050 pesos bimestrales.
Para 2014, el gobierno de Peña Nieto plantea que 65 y más obtenga un presupuesto de 45,225 millones de pesos, que serían transferidos al fondo de pensiones universales en caso de que el Congreso apruebe su creación.
Además de los nuevos derechos sociales propuestos por el gobierno, los legisladores tendrán que analizar la propuesta de reforma fiscal del gobierno y todo el paquete económico, que incluye los Criterios Generales de Política Económica, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año.
El paquete económico debe quedar aprobado a más tardar el 15 de noviembre. Aunque legalmente no hay un plazo para que sean votadas las reformas social y fiscal, éstas deben ser aprobadas de la mano del paquete económico para que entren en vigor junto con los cambios planteados en el proyecto de egresos de Peña Nieto.
Lizbeth Padilla Fajardo contribuyó con este reporte.
