La Auditoría advierte ineficiencias en el gasto para atender desastres
Los tres principales fondos que México tiene para enfrentar desastres naturales, que sumaron 20,130 millones de pesos en 2011, tuvieron fallas que impidieron un gasto eficaz de los recursos y obstaculizaron la atención de las localidades afectadas, según el más reciente reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El Fondo de Desastres Naturales (Fonden), creado para que estados y municipios puedan encarar una emergencia de forma inmediata, recibió ese año 10,000 millones de pesos. De ellos, 3,470 millones fueron entregados a Chiapas, un estado del sur del país que en 2010 resultó afectado por 13 eventos.
La fiscalización que la ASF hizo a esos recursos detectó que en 781 obras —con un costo de 800 millones de pesos— había entonces un avance "nulo".
"En otras, los avances no son congruentes con la urgencia de rehabilitar la infraestructura afectada por los desastres naturales, por lo que no se aseguró en todo momento el principio de inmediatez como elemento fundamental en la respuesta que se debe dar en caso de desastre natural", concluyó la ASF en su informe sobre la Cuenta Pública 2011, publicado en febrero pasado.
Por esa situación y otras anomalías como la rescición de contratos de obra, el órgano fiscalizador emitió 20 recomendaciones a las autoridades de Chiapas, entre ellas, investigar qué funcionarios fueron responsables del manejo de los recursos y sancionarlos administrativamente si cometieron alguna falta.
Chiapas es uno de los estados afectados este año por las lluvias generadas por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel. La entidad más afectada ha sido Guerrero y hay 1 millón 200,000 personas afectadas y al menos 50 muertos, en dos tercios del territorio nacional, debido a que es la primera vez en 55 años que dos tormentas afectan de forma simultánea ambas costas de México.
El fondo de reconstrucción
En 2011, la ASF también detectó fallas en el manejo del Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas, creado para que estados impactados por desastres reparen su infraestructura una vez que superan la situación de emergencia.
El fondo recibió entonces 4,500 millones de pesos que, según la ASF, no fueron entregados a través de un mecanismo "ágil y sencillo" sino mediante créditos bancarios, lo que dificultó que los estados afectados en 2010 por los huracanes Karl y Álex atendieran necesidades urgentes.
Las 18 entidades en cuestión fueron Baja California, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
La Cámara de Diputados determinó que los 4,500 millones de pesos serían administrados por las secretarías de Gobernación (Segob) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Según la ASF, la Segob debía fijar los requisitos para que los estados accedieran directamente a ese dinero. Sin embargo, en lugar de eso, esta y la SHCP lo ofrecieron a través de créditos a 20 años gestionados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).
"(El recurso) debió aportarse a las entidades federativas que requerían con urgencia atender los daños sufridos en su infraestructura por los desastres naturales acaecidos en 2010, a partir de disposiciones generales a emitirse por la Secretaría de Gobernación que, por tener ese carácter, debieron emitirse y publicarse en el Diario Oficial de la Federación", indica el reporte de la ASF .
"En contraste, se autorizó que Banobras otorgara créditos privados a los gobiernos de dichas entidades, a plazos de 20 años, a una tasa de interés promedio de 8.6% anual", agrega.
Ante la situación, la ASF recomendó al Congreso que reforme la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el objeto de que especifique de qué manera serán entregados los recursos del Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas.
Dinero "disperso" en los estados
Acerca del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE), que en 2011 tuvo 5,630 millones de pesos, la ASF realizó auditorías a un total de 2,480 millones de pesos distribuidos en 10 entidades: Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
El FISE incluye los recursos que cada año se otorgan a los estados para obras de alcantarillado, drenaje, urbanización, electricidad o caminos, que disminuyan el impacto de eventuales desastres.
De su análisis, la auditoría concluyó que los recursos son subutilizados, pues al cierre del año existía un subejercicio del 43.3%. También determinó que una parte de los fondos es utilizada en áreas diferentes a infraestructura, lo que atribuyó, entre otros factores, a que la Ley de Coordinación Fiscal no define con suficiente claridad en qué áreas podrá gastarse el dinero.
"El fraccionamiento y la dispersión de las inversiones ha sido una característica de algunos estados en el ejercicio de los recursos del FISE, así como, en ocasiones, su aplicación en otros programas o conceptos no vinculados con infraestructura", señala el informe .
De las 196 observaciones que la ASF hizo a los estados, los tres que más tuvieron fueron Guanajuato (28), Michoacán (26) y Oaxaca (24).
En el caso de Michoacán, la auditoría detectó errores y omisiones en la información financiera estatal por 62.5 millones de pesos, y que 152.8 millones fueron destinados a objetivos diferentes a los del FISE en Guanajuato, Oaxaca y Tamaulipas.
Dentro de sus observaciones, la ASF incluyó 43 recomendaciones para que autoridades estatales investiguen y, de ser necesario, sancionen administrativamente a funcionarios públicos. Las entidades con más recomendaciones fueron Michoacán, con 12, así como Chihuahua y Oaxaca, con ocho cada una.