En manos de los estados, el despido de docentes que falten por plantones
Los gobiernos estatales tienen la "obligación" de hacer cumplir la nueva Ley General del Servicio Profesional Docente y despedir a los profesores que han faltado a su trabajo injustificadamente, afirmó este miércoles el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet.
Si los estados cumplieran con esta disposición, los miles de profesores de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y el Distrito Federal que se encuentran desde mediados de agosto en plantón permanente en la Ciudad de México serían despedidos.
La Ley General del Servicio Profesional Docente establece que los profesores que sin justificación falten al trabajo más de tres días consecutivos o discontinuos, en un mes, deberán ser separados del cargo, aunque podrán apelar esa sanción ante tribunales laborales.
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El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) pasó a las autoridades estatales la obligación de sancionar a los profesores, al defender la reforma educativa ante la Cámara de Diputados.
"El personal que falta a las clases, usted lo dijo perfectamente, está ubicado en el (artículo) 76 de la ley. Nada más que la secretaría ni tiene la nómina, ni administra los recursos, ni pasa lista a los maestros. Eso lo hacen las autoridades educativas locales. Por eso al terminar mi intervención dije que las autoridades educativas locales tienen la obligación de hacer cumplir esta disposición", dijo Chuayffet al ser cuestionado sobre qué sanciones se tomarán contra los profesores que desde mediados de agosto están en paro en protesta contra la reforma educativa.
Junto con las leyes General de Educación y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), la legislación del Servicio Profesional Docente entró en vigor el 12 de septiembre, un día después de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.
La diputada Nelly Vargas, secretaria de la Comisión de Educación y militante de Movimiento Ciudadano, dijo que separar del cargo a los profesores en plantón podría generar más tensión social y sería costoso para el Estado porque implicaría un despido masivo.
Consideró que Chuayffet elude su responsabilidad en el asunto al señalar que los gobiernos estatales son los que deben aplicar las sanciones.
"Él está endosando la problemática a las autoridades de los estados. Lo que hemos visto es a un secretario de Educación que se esconde cuando los problemas están presentes", dijo Vargas a CNNMéxico al término de la comparecencia.
Por el contrario, para el diputado Alfonso Robledo, también secretario de la Comisión de Educación y militante del Partido Acción Nacional (PAN), los estados sí deben cumplir la ley y cesar a los profesores faltistas, si bien coincidió con Vargas en que el titular de la SEP es quien debería coordinar las sanciones.
"La ley es la ley y él es el responsable de las políticas educativas en las leyes generales. (…) En esto se necesita valor. El asunto de la educación a nivel nacional no deja de ser un asunto del Estado mexicano", dijo Robledo a CNNMéxico.
"La reforma debe cumplirse"
Durante la comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados, Chuayffet dijo este miércoles que la reforma educativa no tiene "marcha atrás", a pesar de las protestas de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
"No hay marcha atrás. El Estado recupera de los poderes fácticos la rectoría en la materia. Las autoridades educativas locales en cada entidad están obligadas a hacer cumplir, sin excepción alguna, las nuevas leyes vigentes. Las normas no son negociables", señaló.
En el encuentro, Chuayffet dijo que las autoridades federales han accedido a dialogar con la CNTE y escuchar sus demandas, a pesar de que los tribunales laborales indican que la única organización magisterial con reconocimiento legal es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
La comparecencia se llevó a cabo mientras la CNTE realizaba nuevas manifestaciones en algunas de las principales avenidas del Distrito Federal. La coordinadora rechaza la reforma educativa porque considera que afectará los derechos laborales de los profesores.
Uno de los puntos clave de la reforma consiste en obligar a los profesores a someterse a evaluaciones periódicas para conservar sus plazas docentes. Si las reprueban en tres ocasiones, serán cesados o reubicados en tareas administrativas.
Los profesores de la CNTE que rechazan esas normas en el Distrito Federal provienen de los estados de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y del propio DF, en cuyo Zócalo instalaron un campamento del que fueron desalojados por la Policía Federal el 13 de septiembre.
Desde entonces se establecieron en la Plaza de la República, donde se ubica el Monumento a la Revolución. Aunque han sostenido encuentros con funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) y gobernadores, afirman que no han llegado a acuerdos y mantendrán su protesta.
