PAN y PRD confían en que más sanciones "contengan" la ilegalidad electoral
Endurecer las sanciones para quienes violen la legislación electoral no acabará con esas faltas pero ayudará a reducir su incidencia, según legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).
La posibilidad de elevar las sanciones se discute desde agosto entre los principales partidos como una medida para "contener" las irregularidades, dijo el senador Benjamín Robles, uno de los representantes del PRD en las mesas del Pacto por México que negocian la reforma político-electoral.
Sin embargo, la propuesta genera dudas entre algunos especialistas y legisladores del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), primera fuerza en ambas Cámaras del Congreso.
El investigador José Woldenberg, presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) de 1996 a 2003, señaló en entrevista que endurecer las sanciones no frenaría la ilegalidad , por lo que llamó a los legisladores a evitar aprobar medidas que no sean "proporcionales".
Al respecto, Robles reconoció que mayores sanciones no acabarán con las violaciones a la ley, pero confió en que las limiten.
"Respecto de las sanciones, hay muchos temas, sanciones que no van a resolver problemas. Lo que pasa es que no se aplican las reglas. (…) ¿Cómo buscar detener eso? Es cuando uno piensa en mayores sanciones", dijo el legislador.
El senador Javier Corral, representante del PAN en las mesas del Pacto por México, coincidió en que el Congreso debe aprobar más sanciones, aunque esto no erradique las faltas.
Por separado, el PAN y el PRD dieron a conocer esta semana sus propuestas de reforma político-electoral , que incluyen anular una elección cuando un candidato incurra en gastos excesivos de campaña, utilice recursos indebidos o pague propaganda en medios de comunicación. Actualmente, esas faltas son sancionadas con multas.
"Son los fenómenos por ahora más distorsionantes de la equidad en los procesos electorales, de la legalidad, de la neutralidad, de la imparcialidad, de los procesos constitucionales que deben regir a las elecciones en México", dijo Corral.
Agregó que por esa razón deben reformarse las leyes para que el incumplimiento de esos principios constitucionales "cueste realmente".
Después de las elecciones de 2012, el IFE determinó que el único candidato presidencial que rebasó el tope de gastos fue Andrés Manuel López Obrador , de la coalición de izquierda Movimiento Progresista, integrada por el PRD, el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano.
Los partidos de izquierda impugnaron el dictamen ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que aún no resuelve el asunto, y acusaron al actual presidente, el priista Enrique Peña Nieto, de haber realizado erogaciones excesivas.
En el caso de la elección para diputados, el PRI fue el partido que tuvo más candidatos en gastos excesivos. De los 213 diputados priistas, 104 incurrieron en esa falta , según la revisión del IFE, que la dirigencia del PRI también impugnó ante el TEPJF.
El senador priista David Penchyna, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, coincidió con Woldenberg en que aumentar las sanciones no se traduciría en una disminución de las faltas electorales.
"En el mundo está demostrado que entre más sanciones no necesariamente los fenómenos disminuyen. (...) Si nada más nos vamos por la vertiente de la sanción y de más penas y multas, va a ser muy difícil que cambiemos la cultura democrática", dijo.
Cuestionado sobre la propuesta de incluir el rebase del tope de gastos como causal para anular una elección, el priista llamó a analizar el asunto con detenimiento.
"Creo que es una cuestión que hay que meditar bien, porque aquí el tema que habrá que estudiar para poder legislar de la mejor manera es el tema probatorio", dijo Penchyna, cuyo grupo parlamentario aún no da a conocer su propuesta de reforma político-electoral.
Las propuestas del PAN y del PRD también plantean desaparecer el IFE y los 32 institutos electorales estatales, para conformar un Instituto Nacional Electoral (INE) que organice tanto los comicios federales como los locales.
Woldenberg se opone a esa posibilidad porque considera que el sistema electoral actual funciona correctamente y que esa medida no implicaría ahorros significativos en ese rubro, como afirman sus impulsores.
Al respecto, Robles y Corral respondieron por separado que la reducción de órganos electorales sí permitiría ahorrar recursos porque significaría simplificar funciones.
También consideraron que crear el INE impediría a los gobernadores tratar de influir en los comicios en sus entidades, porque éstos serían organizados por una autoridad central con mayores facultades de vigilancia.