El gobierno de Mancera, sin respuestas contra la violencia en las marchas

Miguel Ángel Mancera cumple este sábado 10 meses como jefe de gobierno del Distrito Federal, sin haber encontrado una solución a la violencia en las marchas, que cada vez deja un mayor número de heridos y lleva a legisladores a exigir que se actúe de forma contundente contra los manifestantes que causan disturbios. 

El problema comenzó con anterioridad a que Mancera asumiera el cargo. Cuatro días antes, el 1 de diciembre, grupos autodenominados anarquistas causaron destrozos a comercios y monumentos del corredor turístico de la Alameda central, tras la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente. 

Hubo ocho heridos y el gobierno de Marcelo Ebrard detuvo entonces a 103 personas, de las cuales 14 fueron consignadas ante un juez por el delito de "ataques a la paz pública". 

Al iniciar su mandato el 5 de diciembre, Mancera heredó el caso de su antecesor. Tres semanas después, el 26 de diciembre, la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) aprobó una reforma al Código Penal local para reducir la pena y permitir la liberación de los acusados mediante una fianza . 

La reforma se concretó en pocos días luego de la presión de organizaciones civiles y familiares de los detenidos, que calificaron de excesiva la pena de hasta 30 años de cárcel. 

Mancera promulgó entonces la reforma impulsada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el mismo que lo postuló al cargo, y afirmó que su gobierno no actuaría de forma represiva. 

“Quiero dejar el mensaje muy claro de que el Gobierno del Distrito Federal de ninguna manera tiene una lógica de represión, una lógica que no atienda más que a la seguridad de los ciudadanos”, dijo. 

Seis meses más tarde, en las manifestaciones del 10 de junio para conmemorar la represión de estudiantes de 1971, grupos violentos volvieron a sumarse al contingente. Entonces hubo ocho heridos y 22 detenidos, de los cuales siete fueron consignados ante un juez y enfrentan su juicio en libertad tras pagar una fianza. 

“Se evitó hasta el máximo la confrontación, se instó, incluso por los propios organizadores de la marcha, para que dejaran de estar lazando objetos contra la policía, de estarlos atacando hasta que se tuvo que intervenir en el rescate de los compañeros”, dijo Mancera en esas fechas. 

La llegada de la CNTE 

En agosto, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instaló un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México y por más de seis semanas ha realizado marchas en las calles de la capital, en protesta contra la reforma educativa que promueve el gobierno de Peña Nieto. 

Ante las afectaciones viales, el GDF presentó como alternativa para los capitalinos la aplicación AGUMóvil, con la que desde un teléfono celular se pueden buscar rutas alternas a las bloqueadas por manifestaciones. 

El 1 de septiembre, cuando Peña Nieto tenía previsto dar un mensaje por su primer Informe de Gobierno, Mancera pidió a los organizadores del partido de futbol Pumas-América cambiar la fecha del encuentro, pues no tendría suficientes policías para controlar los posibles disturbios derivados del juego y las protestas de la CNTE contra el presidente, que también cambió de día su mensaje.

“Reitero mi exhorto para que el gobierno federal y los gobernadores de otras entidades, a través de un diálogo permanente y respetuoso, contribuyan a la solución de este conflicto (magisterial) que enfrenta el país”, dijo Mancera entonces. 

El 13 de septiembre, Mancera dejó en manos del gobierno federal el operativo para liberar el Zócalo del plantón de la CNTE, en el que se hizo uso de tanquetas con agua y casi 15,000 elementos de la Policía Federal. Los destrozos por parte de grupos anarquistas también se hicieron presentes. 

Este 2 de octubre, cuando se conmemoró el 45 aniversario de la matanza de Tlatelolco, los disturbios se dieron en las principales avenidas del centro de la ciudad. Se registró a 88 heridos, cuando un mes antes, en la marcha del 1 de septiembre por el primer Informe de Peña Nieto, hubo 17. 

Mancera hizo un llamado a no marchar con el rostro cubierto ni llevar objetos que pudieran ser usados como armas al ser lanzados. Sin embargo, jóvenes con la cara cubierta con paliacates, máscaras y capuchas portaron explosivos, bombas molotov, tubos y rompieron las banquetas para extraer piedras. 

Todo lo coordinó Mancera desde el centro de mando denominado C4. Esa noche, hubo más 100 detenidos. 

La respuesta a los disturbios

Juan Salgado Ibarra, profesor de Derecho del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), atribuyó el aumento de la violencia en las marchas a dos factores.  

Por un lado, que las autoridades capitalinas no han actuado contra los líderes de los grupos más violentos identificados como anarquistas. Por el otro, la falta de protocolos para que la policía no solo “encapsule” a los manifestantes más agresivos, sino que los detenga con rapidez y evite que agredan agentes. 

“Vemos nuevamente a una policía que se ve rebasada. Finalmente los logra contener, pero hay una amenaza real y hay elementos lesionados por fallas tácticas”, dijo. 

Para otros analistas, la respuesta del gobierno de Mancera hasta ahora ha sido correcta porque ha logrado “contener” a los grupos violentos para poder identificarlos plenamente y actuar en su contra.

“Este tipo de situaciones no se resuelven de un manotazo. Se tienen que operar estratégicamente para no darle elementos a los provocadores para poder victimizarse. Son situaciones que llevan tiempo”, dijo Óscar de los Reyes, profesor de Derecho del Tecnológico de Monterrey. 

Mancera señaló recientemente que su gobierno asume el “costo” de las manifestaciones por ser la sede de los poderes federales. Incluso, llamó al gobierno federal a crear un Fondo de Capitalidad, para que la ciudad pueda enfrentar las posibles afectaciones causadas por protestas. 

Algunos legisladores, sin embargo, critican al funcionario porque consideran que su gobierno ha reaccionado con lentitud ante los hechos de violencia y no ha tomado medidas suficientes para detener a quienes causan disturbios. 

“La violencia que vimos, y de la que fuimos testigos todos, pues ocurre precisamente por el marco de impunidad en el que todo este grupo de violentos constantemente está desafiando a las autoridades, porque sabe que al final no les va a pasar nada”, dijo el jueves a medios el senador Javier Lozano, del Partido Acción Nacional (PAN).  

El secretario de Gobierno del DF, Héctor Serrano, declaró esta semana a medios que las autoridades capitalinas están investigando quiénes son los líderes de los grupos anarquistas y cómo se financian. 

CNNMéxico trató de contactar al funcionario para conocer más detalles del tema, pero no ha obtenido respuesta. 

Detenciones cuestionadas 

Las manifestaciones del último año también han derivado en cientos de detenciones. Únicamente en las marchas del 1 de diciembre, 10 de junio, 1 de septiembre y 2 de octubre las autoridades detuvieron a 243 personas. 

Decenas de esos arrestos, sin embargo, han sido cuestionados por organizaciones civiles que acusan una actuación arbitraria de las fuerzas de seguridad.

Tras las protestas del 1 de diciembre quedaron detenidas 103 personas, de las cuales se inició proceso penal contra 14 por “ataques a la paz pública”. Los detenidos enfrentan su juicio en libertad gracias a la reforma legal que redujo las penas por ese delito. 

En el caso del 10 de junio se abrió juicio contra siete detenidos, misma cifra que se registró luego de la marcha del 1 de septiembre. Esos 14 manifestantes consignados ante un juez también encaran sus juicios en libertad. 

Con relación a los detenidos del 2 de octubre, las autoridades del GDF presentaron cargos contra 19 de 102 detenidos . 

Cuestionado por la prensa, el secretario de Gobierno del DF rechazó que la policía haya realizado detenciones arbitrarias.

“Las detenciones son totalmente legales, sujetas a la norma, sujetas a derechos, y los detenidos fueron presentados (ante un juez) para que el proceso sea encausado”, dijo. 

La Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) informó en un comunicado que está investigando posibles agresiones contra periodistas y activistas en el lugar.