El gobierno mexicano busca 'saldar cuentas' en derechos humanos
Unas horas antes de que la situación de los derechos humanos en México fuera examinada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso cuatro iniciativas en la materia y solicitó que se retiren las reservas que el país tiene a tratados internacionales.
Varias de estas medidas son tomadas al menos dos años después de recomendaciones y sentencias que han emitido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), respectivamente.
Con ellas, según el mandatario, se busca que las leyes mexicanas se ajusten a estándares mundiales y que la protección de los derechos humanos se convierta en una política de Estado.
Militares con VIH/sida
El presidente envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas , relativa a los militares con VIH/sida, en la que propone que sólo deba retirarse del cargo a un elemento, cuando se cuente con exámenes médicos que comprueben que perdió la capacidad para estar en activo.
También se plantea que los militares afectados en menor grado por el VIH/sida sean reasignados de puesto cuando su tratamiento limite o impida que desempeñen sus funciones.
"En todos los casos en que sea médicamente posible, se deberá ajustar el control y tratamiento médico a las actividades específicas del militar, sin afectar al servicio y sin ningún tipo de discriminación", señala el texto.
Esta iniciativa llega nueve años después de que un militar presentara una queja ante la CIDH por posible discrimnación, tras haber sido dado de baja del Ejército por padecer VIH. En 2011, la comisión emitió una recomendación al Estado mexicano para reformas en esta legislación.
La suspensión de garantías
En la iniciativa de ley reglamentaria de artículo 29 de la Constitución , se definen los límites en los que el gobierno federal podrá suspender las garantías de los ciudadanos y se regula esta facultad.
El documento entregado al Senado plantea que las garantías podrán suspenderse en casos de "invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto", como amenazas a la seguridad nacional, desastres naturales o contingencias de salud pública.
La suspensión sólo podrá ser temporal, en un área geográfica determinada y deberá ser aprobada por el Congreso en un máximo de 72 horas posteriores a la solicitud presidencial.
En ningún caso se podrán suspender las garantías del derecho a la vida, a la integridad personal, a la no discriminación, a la libertad de pensamiento y a los derechos políticos.
La ley reglamentaria está pendiente desde 2011, cuando el Congreso aprobó una reforma constitucional en materia de derechos humanos.
La expulsión de extranjeros
El presidente también presentó al Senado una iniciativa de ley para reglamentar el artículo 33 constitucional , referente a los casos en los que el gobierno federal podrá expulsar a un extranjero del país.
Un extranjero únicamente podrá ser expulsado cuando incurra "en hechos que constituyan una amenaza para la seguridad nacional o para el orden o la seguridad públicos", y luego de una audiencia con las autoridades en la que pueda defenderse.
Durante el proceso, que no podrá durar más de 60 días, la persona deberá contar con un abogado, asistencia consular y con un intérprete, en caso de no hablar español, con lo que se busca garantizar el debido proceso.
La iniciativa incluye que en contra del acuerdo del Ejecutivo que determine la expulsión de la persona extranjera, "procederá el juicio de amparo".
Desaparición forzada
Tras la sentencia emitida en 2009 por parte de la CoIDH en el caso de Rosendo Radilla, se presentan reformas sobre el delito de desaparición forzada.
La cuarta iniciativa del presidente implica reformar el Código Penal Federal para endurecer las penas para las personas que cometan este crimen y que éstas sean proporcionales a la falta cometida.
El texto entregado al Senado plantea que no sólo se sancione a los servidores públicos que incurran en este delito, sino a particulares que les ayuden, y que quienes sean encontrados culpables sean castigados con una sentencia de 20 hasta 50 años de prisión. La pena máxima actual es de 40 años.
Además, se propone que los funcionarios involucrados en estos casos sean inhabilitados de forma permanente para trabajar en el Estado, cuando actualmente la inhabilitación dura un máximo de 20 años.
De aprobarse la reforma, el delito no prescribirá y las personas que sean sentenciadas por desaparición forzada no podrían recurrir a beneficios judiciales como el indulto o la amnistía.
Tratados internacionales
En su paquete de iniciativas, Peña Nieto incluyó una solicitud al Senado para que retire las reservas que México tiene a siete tratados internacionales .
La lista incluye la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención sobre Condiciones de los Extranjeros, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el reconocimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias.
El Senado, responsable de vigilar la política exterior, debe determinar si está a favor o no del retiro de reservas.