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A pesar de recomendaciones, México aún analiza los límites del arraigo

Esta figura es utilizada por las autoridades como un recurso más en sus indagatorias pese a ser una violación a los derechos humanos
jue 24 octubre 2013 06:12 AM

La eliminación del arraigo quedó como uno de los grandes pendientes para México ante la Organización de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos una vez más esta semana.

Aunque el organismo internacional ha pedido en nueve ocasiones que deje de aplicarse, el gobierno mexicano ha ignorado los llamados realizados desde 2002. De hecho, en 2009 México se negó a aceptar las recomendaciones de países para erradicar el arraigo.

Estonia, Bélgica, Austria, Alemania y Francia recomendaron eliminar esta práctica al considerarla violatoria de derechos humanos durante el Examen Periódico Universal en materia de derechos humanos realizado este miércoles ante la ONU.

Durante su intervención como parte de la delegación mexicana, Eliana García, titular de Províctima, respondió a los países sobre las acciones que emprende México sobre el arraigo y señaló que desde una perspectiva de derechos humanos, la figura del arraigo se está evaluando para determinar sus límites.

“La figura del arraigo se encuentra en revisión y debate en Congreso Federal y en algunos estados, esto es no solo por la profunda convicción de que el país debe avanzar progresivamente en la dignidad de las personas, sino porque esta medida debe ser aplicada estrictamente en situaciones especiales”, dijo.

Sin embargo, no se dejó claro si esta figura se erradicará de la legislación mexicana y cuándo ocurrirá eso.

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Según datos de la Procuraduría General de la República, entre diciembre de 2006 y marzo de 2013 se realizaron 7,984 arraigos, de los cuales en 464 casos las personas fueron liberadas sin enfrentar un proceso penal.

Lo ideal sería que “esa figura pueda eliminarse de tajo de la Constitución”, pero como “lamentablemente” está en ella, lo mejor es que se limite su aplicación solo al ámbito federal y no en los estados, y que se reduzca el número de días que una persona puede estar arraigada, dijo en entrevista, Raúl Plascencia, titular de la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH).

En una reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de derechos humanos, los ministros resolvieron que los tratados internacionales están al mismo nivel que la Constitución, lo que, consideran, deja a salvo figuras como el arraigo a nivel federal .

En septiembre pasado, la CNDH presentó ante la Suprema Corte de Justicia dos acciones de inconstitucionalidad a los códigos penales del DF e Hidalgo para evitar que estas entidades utilicen esta figura, que según Plascencia “se ha venido extendiendo y su aplicación cada vez es más frecuente” en el país.

En el caso de Hidalgo, la CNDH impugnó las modificaciones hechas al Código de Procedimiento Penales del estado de Hidalgo que autorizan la aplicación del arraigo por hasta 10 días.

El DF había eliminado formalmente la figura del arraigo con una reforma a su código penal en mayo pasado, pero al mismo tiempo creó la figura de detención bajo control judicial, la cual da a las autoridades un plazo de 10 días para mantener detenida a la persona mientras es investigada.

Se buscó la opinión del Gobierno del Distrito Federal sobre el tema pero no se obtuvo respuesta. En el caso de Hidalgo, el gobernador José Francisco Olvera Ruiz defendió la permanencia de la figura jurídica del arraigo, pues considera que los Ministerios Públicos y las policías no cuentan aún con la capacidad para impartir justicia pronta y expedita.

“El arraigo se está utilizando en todos los estados, desde 2008 se está utilizando en forma extensiva. Hemos visto como cualquier persona de la noche a la mañana están bajo arraigo por homicidio, secuestro o por un robo”, explica Daniel Joloy, director del incidencia de la asociación Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

En 2008 el Congreso de la Unión incluyó la figura del arraigo en el artículo 16 de la Constitución que faculta a las autoridades judiciales a aplicarlo cuando se trate de delitos de delincuencia organizada, por un plazo de 40 días que se pueden extender por 40 más.

La única solución para atender las peticiones de la ONU sería que el Poder Legislativo haga una nueva reforma para eliminar el arraigo de la Carta Magna. El gobierno federal envió la noche de este martes varias iniciativas de reformas y creación de leyes pendientes a unas horas de presentar el Examen Periódico Universal en derechos humanos.

En abril pasado se dio un primer paso en la Cámara de Diputados, la cual aprobó reformas a la Carta Magna para disminuir el tiempo de arraigo de 80 a 35 días como máximo. La minuta aprobada fue recibida por el Senado el 3 de septiembre y enviada a las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Primera, pero hasta el momento no se ha discutido ni dictaminado.

Un “recurso” ante la falta de investigación

El arraigo fomenta la poca investigación de los ministerios públicos, pues una persona es “privada de su libertad sin que haya existido un juicio previo sino simplemente por una determinación derivada de sospechas”, dice Plascencia.

La CNDH ha recibido 1,934 quejas por abusos en el cumplimiento del arraigo de 2005 a 2012, como mantener a la persona en lugar distinto al previsto por la ley o en condiciones que atentan contra su dignidad.

“Esta figura debe revisarse con mucho cuidado, sobre todo que tenga una reglamentación adecuada, y por otra parte en términos de la eficacia que ha logrado podemos afirmar que ha sido más dañina al sistema de libertades que benéfica para el sistema de justicia”, dice el Ombudsman nacional.

El mismo gobernador de Hidalgo justifica esta medida como una forma de subsanar las carencias investigativas de las policías en el país.

“Muchas veces, como no hemos alcanzado un grado óptimo en las policías de investigación, en tres días cuando hay un detenido, son insuficientes, para poder encuadrar bien un delito, por eso creo yo en el arraigo sin abuso, somos uno de los estados que bajamos el número de días sin abuso de él, es una figura que en mi concepto debe mantenerse”, dijo Olvera Ruiz esta semana ante medios.

Daniela Rea contribuyó a este reporte

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