La comisión anticorrupción cumple un año atorada en el Senado
Dos semanas antes de asumir la presidencia de México, Enrique Peña Nieto propuso crear una comisión nacional anticorrupción con facultades para investigar irregularidades en todos los niveles de gobierno. Pero a más de un año de que el Senado recibiera el documento , la primera iniciativa formal del mandatario está detenida debido a desacuerdos entre los principales partidos.
Los grupos parlamentarios hasta ahora coinciden en el debate en comisiones en que el nuevo órgano pueda atraer casos federales, estatales y municipales, así como en que deba coordinarse con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las autoridades de los estados. Sin embargo, difieren en otros puntos clave.
El primero de ellos consiste en si la comisión dependería del gobierno federal, como plantea el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), o si contará con autonomía constitucional, como quieren los partidos de oposición Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).
"Nosotros pedimos una fiscalía especializada en delitos vinculados a la corrupción. Entonces, esa fiscalía queríamos que tuviera autonomía constitucional y que además tuviera el nombramiento (de sus integrantes) por parte del Senado de la República y que no dependiera del presidente. Ese fue el planteamiento en el que nos atoramos", dijo el jueves pasado ante medios el líder de los senadores del PAN, Jorge Luis Preciado.
Tanto el PAN como el PRD han señalado que aceptarían que la comisión sea parte de la Procuraduría General de la República (PGR), como propone el PRI, con la condición de que se apruebe otra reforma que haga autónoma a la PGR.
La autonomía de la PGR es uno de los puntos que los partidos prevén discutir dentro de la reforma político-electoral, antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones el próximo 15 de diciembre.
El líder de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, dijo el jueves que su bancada tiene "voluntad" para impulsar el tema de la comisión anticorrupción en las próximas semanas. Sin embargo, declaró tener "severas dudas" respecto de propuestas de la oposición, porque considera que equivaldrían a crear más procuradurías.
"Me parece un error tratar de sacar cinco procuradurías más, que generarían mucho más caos en un problema tan grave que tenemos en esa materia", señaló el priista ante medios.
La bancada del PRD, en tanto, ha condicionado su permanencia en las negociaciones para la reforma político-electoral a que junto con ese tema se concreten la creación del órgano anticorrupción, la reforma sobre transparencia —en la que ya se alcanzaron consensos— y las leyes secundarias que reglamenten la consulta popular.
"El gobierno federal ha sido omiso para esta definición. (…) Queremos que eso salga antes o al mismo tiempo que la reforma política: la reforma en transparencia y la reforma que corresponde al mismo modelo anticorrupción", dijo a medios la semana pasada el líder de los senadores del PRD, Miguel Barbosa.
Otro punto que divide a los partidos desde finales de 2012 se refiere a las facultades de la nueva comisión. El PRI plantea que esta tenga poder para sancionar casos de corrupción por la vía administrativa, con la inhabilitación de funcionarios o multas, mientras el PAN y el PRD buscan que pueda perseguir delitos, solicitando a los jueces cateos, detenciones o el uso de la fuerza.
Para los legisladores de oposición y organizaciones civiles, la creación del órgano anticorrupción es necesaria porque serviría para poner más controles al uso del presupuesto público , que en 2014 ascenderá a 4 billones 467,225.8 millones de pesos.
Una parte de ese dinero provendrá de los impuestos que el gobierno propuso dentro de su reforma fiscal, aprobada a finales de octubre por ambas Cámaras del Congreso. Entre esos gravámenes está el alza al Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la frontera, así como impuestos al transporte foráneo de pasajeros, bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico o chatarra.
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana (TM), dijo en septiembre a CNNMéxico que el gobierno federal solo puede justificar el cobrar más impuestos a la ciudadanía, si le da certeza sobre su uso y de que esos recursos públicos no serán desviados.
