Un tribunal federal ordena a la PGR indemnizar a dos mujeres indígenas
Más de siete años después de que las autoridades aprehendieran a dos indígenas otomíes de Querétaro, con la acusación de que habían secuestrado a agentes federales, un tribunal determinó que la Procuraduría General de la República (PGR) debe reparar el daño patrimonial y emocional que les ocasionó, al acusarlas y detenerlas "ilegalmente".
En 2006 se acusó a Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio por su supuesta responsabilidad en el secuestro en Querétaro de seis miembros de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI).
Quedaron libres en abril de 2010. Estuvieron en prisión tres años y ocho meses, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que hubo inconsistencias legales en el proceso que llevó a su detención.
Este miércoles el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) condenó a la PGR a pagar indemnizaciones, conforme a lo que establecen la Constitución, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y el Código Civil Federal.
"Durante la sesión pública del Pleno, los magistrados, con 8 votos a favor, 1 con los resolutivos y 1 en contra, sentenciaron, consecuentemente, el pago a cada una de las actoras afectadas (…) por concepto de la indemnización del daño patrimonial y actualizaciones, al no haber podido trabajar durante el tiempo que estuvieron en la cárcel”, indicó el Tribunal, en un comunicado.
La sentencia también estableció que la PGR tendrá que pagarles por indemnización ante daño moral, "haber lesionado su honor, sentimientos, vida privada, afectos, decoro, reputación y que su pueblo les haya perdido el respeto".
Otro punto indica que la Procuraduría General debe reconocer la inocencia de Alberta y Teresa en los mismos medios donde se publicaron las acusaciones. Lo que se conoce como una disculpa pública.
Luis Tapia, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que ha trabajado en la defensa de Alberta y Teresa, dijo en entrevista que después de la sentencia tiene que ocurrir la notificación oficial a las partes involucradas.
Después, la PGR tendrá la facultad de interponer un recurso de revisión, sobre la sentencia. En caso de que eso no ocurra, la sentencia quedaría firme, explicó Tapia.
"Nosotros desde el centro Prodh consideramos que acorde con las obligaciones en materia de derechos humanos surgidas a partir de la reforma de 2011, PGR no debe insistir en interponer este recurso, debe aceptar esta sentencia... porque también puede ser tomado como un precedente que sirva como garantía de no repetición", dijo el abogado.
“Es el primer caso donde hay una reparación proveniente de una autoridad pública por una violación a derechos humanos, el primero en México”, agregó.
CNNMéxico llamó a la PGR, para conocer si tienen alguna postura sobre la sentencia, y en su área de prensa indicaron que hasta el momento no se ha emitido algún mensaje sobre el tema.
"El fallo es sumamente relevante, pues genera precedentes en materia de reparación del daño a víctimas de violaciones a derechos humanos”, expresó Amnistía Internacional México, en un comunicado.
La organización explicó que el TFJFA también atrajo el juicio de reparación del daño de Jacinta Francisco Marcial, quien también estuvo detenida, por el mismo delito por el que se acusó a Alberta y Teresa, y que luego recobró su libertad.
Arturo Ascención contribuyó con este reporte