Familiares buscan a desaparecidos en las fosas de La Barca, Jalisco

Natividad Guerrero ha ido “infinidad” de veces al Servicio Médico Forense en Jalisco, y ya hasta perdió la cuenta. Tras el hallazgo de fosas en el municipio de La Barca, de donde se han extraído hasta la tarde de este martes 54 cuerpos las últimas dos semanas, decidió pedir información por teléfono.

"Los cuerpos no están aquí. Tiene que ir a la Ciudad de México", le respondieron.

"Quisiera volar para ir de aquí para allá, pero pongo los pies en la tierra, mi situación económica me lo impide”, dice con voz afligida vía telefónica desde su domicilio en Ahualulco del Mercado, un municipio al norte del estado.

Su hija Dalia Guadalupe Cruz Guerrero, de 24 años, desapareció el 30 de septiembre del 2010 cuando viajaba a Guadalajara junto a su pareja, Luis Ramón Enciso, de 21 años, y dos amigos más: Bernardo Cedano, de 28, y Carolina Naranjo, de 22. Ninguno de los cuatros ha vuelto desde entonces.

“La sangre se congela, lo primero que se me viene la mente es la probabilidad lógica de que uno siente que pudieran estar ahí los familiares de uno y la impotencia de no poder estar cerca para poder ver en realidad lo que está pasando, qué es lo que están haciendo”, describe Natividad al recordar lo que pensó cuando se enteró que entre  los cadáveres de la fosa de La Barca  había al menos dos mujeres.

El 10 de noviembre, autoridades federales y estatales iniciaron la extracción de cadáveres localizados en al menos 22 fosas de un predio en el municipio de La Barca en Jalisco, colindante con Michoacán.

El hallazgo ocurrió tras la búsqueda de dos policías federales desaparecidos en la región a principios de noviembre, secuestrados presuntamente por policías municipales de Vista Hermosa, Michoacán, quienes al momento de ser detenidos informaron sobre la existencia de las fosas.

Hasta el momento las autoridades federales encargadas del caso han reportado la localización de 54 cadáveres. 

Natividad quiso trasladarse a Ocotlán, municipio aledaño a La Barca, donde fueron depositados algunos cadáveres antes de ser trasladados a la Ciudad de México, pero sus recursos no alcanzaban.

Quiere a su hija de regreso, viva, pero tampoco descarta la posibilidad de encontrarla entre los muertos, afirma. A Dalia la esperan sus padres y su pequeño hijo que ahora tiene seis años de edad.

El "peregrinar" de Guadalupe

Guadalupe Aguilar vive en Guadalajara. Cuando se enteró del hallazgo en La Barca, viajó a Ocotlán, donde no consiguió información, y después viajó a la Ciudad de México.

Con sus recursos paga una estancia y el “peregrinar” por distintas dependencias federales preguntando por los cadáveres localizados en La Barca. Quiere saber si entre ellos está el de su hijo José Arana, que desapareció el 17 de enero de 2011, cuando tenía 34 años.  

Volverá el miércoles a Guadalajara, pero espera estar de regreso en la Ciudad de México la próxima semana, para estar pendiente de la identificación de los cadáveres.

Aguilar dice que se siente más segura y confiada con las autoridades federales que con las estatales de Jalisco,  y niega que sea complicado estar viajando a la Ciudad de México para descartar o confirmar que entre los 54 cadáveres hasta ahora localizados, esté el de su hijo.

“Para mí no lo complica (un problema), para mí es mejor, porque he estado en contacto con los forenses, los antropólogos y trabajan muy bien, hay más confianza en el trabajo del DF”, dice en entrevista telefónica.

A la espera de un banco genético

En los seis años de combate al crimen organizado que encabezó en México el expresidente, Felipe Calderón (2006-2012), y durante el año que está por cumplir el actual mandatario, Enrique Peña Nieto,  el proceso de búsqueda y localización de familiares desaparecidos ha variado con el tiempo, de acuerdo con organizaciones civiles.

Francisco Paredes, un activista michoacano de 57 años, desapareció en septiembre de 2007 en una carretera estatal, mientras conducía su auto. Su hija Cristina acudió en más de una ocasión al Servicio Médico Forense para identificar a algún cadáver que “podría tener” la media filiación de su padre.

“Los cadáveres que veíamos ni siquiera coincidían con la media afiliación de mi padre, fue cuando decidimos que solo acudiríamos cuando hubiera indicios reales de que el cuerpo encontrado pudiera corresponder al de mi papá”, afirma.

Dependencias estatales y federales han construido mediante esfuerzos aislados bancos de ADN, para evitar llamar a los familiares cada vez que localicen cadáveres, y solo lo hagan cuando coincidan los datos genéticos. En México hay 26,000 personas desaparecidas o no localizadas, según cifras del gobierno federal.

“Lo que se pretende es evitar una constante tortura hacia los familiares, así al menos acuden a la identificación cuando hay certeza de que se trata del ser que están buscando”, dice en entrevista Jorge Verástegui, integrante de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec).

“Cuando se difundía la noticia de la localización de una fosa clandestina como la encontrada recientemente en La Barca, las familias se movían a ese lugar a ver si podían identificar algún cuerpo. Las familias incluso todavía se mueven, algunas, pero antes lo hacían de forma más desorganizada. Al menos ya con este procedimiento (…) ya hay una certeza de que se está construyendo este mecanismo de comunicación más confiable y de que se está tratando de dar un seguimiento a los restos que localizan”, agregó Verástegui.

Cristina indica que en la Procuraduría de Michoacán a la mayoría de los familiares que tienen hijos o esposos desaparecidos ya les están pidiendo la prueba de ADN para tenerla ahí.

“Solo hacen el procedimiento, comparan el ADN que tienen guardado con los cuerpos que van encontrando, y si coincidiera ya ellos se comunican con la familia para decirles que han encontrado los restos de uno de sus familiares”, detalla.

Fuundec nació en 2009, ante el incremento en el número de desaparecidos, y mientras el gobierno federal libraba una guerra contra el crimen organizado. Como otras organizaciones en el país, esperan a que se concrete la demanda añeja de contar con un banco genético forense.

“Lo que pedimos es que se conjunte toda esa información en un gran banco de datos nacional, al que también tuvieran acceso las procuradurías locales, nos han dicho que la PGR sí comparte información con sus dependencias, pero no queremos que sea solo eso, pedimos que exista un organismo que centralice toda esa información y haga todo el cotejo”, explica Cristina.