Se reduce el tiempo para aprobar las reformas política y energética
El Congreso mexicano tiene hasta antes del 15 de diciembre para aprobar la reformas política y energética, esta última considerada clave para el presidente Enrique Peña Nieto, y los trabajos de dictaminación aún no empiezan.
El debate de la reforma política se pospuso en el Senado para el lunes próximo a las 11:00 horas (local), informó el senador panista Héctor Larios, secretario de la Comisión de Gobernación de la Cámara alta.
"Será el lunes a las 11", dijo. "La idea fundamentalmente es conocer a fondo el dictamen y sobre todo plantear modificaciones".
La nueva fecha reduce el margen de tiempo para legislar la reforma energética, que busca aprobar el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el actual periodo ordinario.
Antes del 15 de diciembre, el Congreso tendría que aprobar la reforma política, condición que puso el Partido Acción Nacional (PAN) para el debate de la reforma energética.
El análisis de la reforma política se frenó este jueves tras el anuncio que hizo el Partido de la Revolución Democrática (PRD) de su salida de las negociaciones y del Pacto por México .
La izquierda se levantó de la mesa de negociación en protesta por algunos puntos de la reforma política y acusó que hay un acuerdo entre el PAN y el PRI para sacar adelante la reforma energética, a la que el PRD se opone.
"El PRD sabe que la llave para tener una reforma energética es la reforma política, y lo que hace es, simple y sencillamente, decir: 'Déjame intentar bloquear esta llave', con el propósito central de no tener una reforma energética, pero ellos estuvieron en la negociación hasta el último instante de la reforma política. Este es un tema meramente político. Se vale, pero no por eso deben dejar de sesionar las comisiones", dijo Larios.
El líder del PAN, Gustavo Madero, coincidió en que el objetivo del PRD es tratar de evitar la aprobación de la reforma energética.
"La forma de hacerlo es descarrilando el proceso de acuerdo con el Pacto de México", dijo Madero este viernes en entrevista con la periodista Carmen Aristegui, para MVS Radio.
El líder del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, señaló a Radio Fórmula: "La actitud de (la izquierda el jueves) me desconcertó un poco. Yo los exhorto y convoco a que regresen a la mesa. Ellos están en su derecho de retirarse cuando así lo crean conveniente".
Gamboa negó rotundamente que haya un predictamen de reforma energética pactado entre el PAN y el PRI.
Las comisiones dictaminadoras tenían previsto reunirse este viernes al mediodía. Sin embargo, se acordó que los senadores del PRI y del PAN lleguen a consensos en el tema durante el fin de semana.
El senador Larios dijo que entre los cambios que busca el PAN está fijar en la Constitución la reelección de alcaldes, en vez de dejar que los congresos locales legislen libremente en ese punto, así como precisar qué atribuciones tendrá el Instituto Nacional Electoral (INE) y cuáles los institutos electorales de los estados.
El priista Miguel Ángel Chico Herrera, presidente de la Comisión de Reforma del Estado, comentó por separado que su bancada espera convencer en estos días a los senadores del PRD para que regresen a la mesa de negociaciones.
"Nosotros lo que estamos buscando son dos, tres temas de redacción, consensuar con más compañeros, y ojalá que este tiempo también nos permita que en esta reforma político-electoral también podamos contar con los compañeros del PRD. (...) Es muy importante que todas las fuerzas políticas podamos suscribir este dictamen", dijo.
La reforma política incluye, entre otros puntos, la creación del INE, la reelección consecutiva de legisladores federales, aumentar del 2% al 3% el mínimo de votos que un partido deba obtener para conservar el registro y la autonomía de la Procuraduría General de la República (PGR) a partir de 2018.
El PRI busca que la reforma política quede aprobada lo antes posible para poder votar la reforma energética, que el presidente Enrique Peña Nieto considera clave para su mandato (2012-2018).
La reforma energética plantea abrir el sector a la inversión privada nacional y extranjera, una medida que el gobierno federal describe como necesaria para impulsar el crecimiento económico, en tanto la izquierda rechaza argumentando que equivaldrá a entregar a particulares los recursos energéticos.
