Diputados aprueban elevar penas hasta 40 años de prisión por terrorismo
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes elevar las penas de prisión hasta 40 años y multas a delitos considerados como terrorismo y a su financiamiento, así como considerarlos delitos graves y de delincuencia organizada.
El documento fue aprobado en lo general por 318 votos a favor, 114 en contra y dos abstenciones. En la discusión en lo particular se desechó una reserva de la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem (PRD) y el Pleno lo avaló por 299 votos a favor, 113 en contra y cero abstenciones.
El dictamen fue turnado al Senado y reforma el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal de Extinción de Dominio.
Los legisladores acordaron imponer una condena de 15 y hasta 40 años, así como 400 a 1,200 días de multa, a quien utilice sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear o combustible nuclear, para actos contra bienes o servicios públicos o privados.
Las reformas contemplan que quien cometa el delito de robo de material radiactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo o fuente de radiación, se le impondrán de 12 a 20 años de prisión y de 12,000 a 20,000 días multa.
Mientras que a la persona que aporte o recaude fondos económicos o recursos, con conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar actividades de individuos u organizaciones terroristas, también se le impondrá una pena de hasta 40 años de prisión, informó la agencia Notimex.
Las penas por emplear explosivos o materias incendiarias, o que por cualquier otro medio destruya total o parcialmente instalaciones o vías de comunicación, servicios de navegación aérea o marítima o de aeropuertos, se le aplicarán de 20 a 30 años de prisión.
Los legisladores también determinaron imponer de cinco a 15 años de prisión a quien maneje recursos o bienes dentro del territorio nacional, o hacia el extranjero, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.
Las penas aumentarían hasta una mitad más cuando el que las cometa tenga un cargo público o se haya separado de su función dentro de los dos años siguientes, acordaron los diputados.
Además, se les impondrá inhabilitación para desempeñar el empleo, cargo o comisión en personas morales sujetas al régimen de prevención hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
Sobre la extinción de dominio, los legisladores también acordaron que el Ministerio Público o, en los casos acreditados, las autoridades que regulan el sistema financiero nacional puedan ordenar a las entidades financieras la inmovilización provisional e inmediata de fondos o activos , a fin de mermar las estructuras financieras de organizaciones criminales.
La inmovilización provisional e inmediata ordenada por el Ministerio Público tendrá una vigencia de 20 días contados a partir de que se ordenó la medida, dentro de este plazo, se solicitará al juez el aseguramiento de los fondos o activos.
En estos casos quedarán salvaguardados los derechos de las entidades financieras respecto de créditos otorgados, garantías u obligaciones contraídas con anterioridad y conforme a la ley.
El presidente Enrique Peña Nieto propuso a los diputados en junio , elevar las penas contra actos de terrorismo hasta a 60 años de prisión.
