El jefe de Gobierno de la capital mexicana, Miguel Ángel Mancera, regresó con observaciones a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) el decreto que pretende endurecer las penas por delitos que ocurran durante manifestaciones, marchas o concentraciones.
Ahora la Asamblea deberá discutir si acepta las observaciones, o si se confirma el decreto original.
En noviembre la ALDF
En su momento la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) expresó su “preocupación” por las medidas que aprobó la ALDF, y algunos legisladores locales mencionaron que podrían ser un intento de criminalizar la protesta social.
Mancera hizo cuatro observaciones al decreto, e incluyó la opinión técnica de la CDHDF, según un comunicado del gobierno capitalino.
"La primera observación es que la ALDF armonice el ejercicio del derecho a la libre manifestación de las ideas y la libertad de asociación, con el cuidado, respeto y protección de la vida, integridad física y patrimonio de las personas, es decir, con los bienes jurídicamente tutelados”, indicó el mensaje del gobierno del DF.
"La segunda, la relativa al principio de proporcionalidad de las penas, es que se analice doctrinal y estadísticamente el impacto de las manifestaciones para determinar si la punibilidad planteada en los tipos penales allí formulados se halla asociada a la gravedad del daño a los bienes jurídicos tutelados, antes mencionados”, agregó.
En la Ciudad de México se han registrado manifestaciones violentas, como las realizadas por los autodenominados anarquistas durante la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto, el 1 de diciembre de 2012.
También ocurrieron disturbios cuando Peña Nieto presentó su primer informe de gobierno,