Senadores perfilan una reforma para convertir al DF en el estado 32
Comisiones del Senado iniciarán la próxima semana la discusión de la reforma política del Distrito Federal, que plantea convertir a la capital del país en el estado número 32, así como que cuente con su propia Constitución y Congreso.
La reforma es una demanda histórica del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), que gobierna la ciudad desde 1997.
Sin embargo, el tema no había avanzado en el Poder Legislativo federal hasta esta Legislatura, cuando el PRD lo puso como condición al gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) para arrancar la discusión de la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto.
El proyecto de dictamen que empezará a debatirse —dado a conocer este viernes— plantea que la capital tenga el mismo estatus jurídico que los otros 31 estados del país y que su nombre oficial sea Ciudad de México. Con ello, sus habitantes "dejarían de ser ciudadanos de segunda", dijo el senador perredista Alejandro Encinas, quien fue jefe de gobierno interino en 2006.
La reforma política del DF ha sido impulsada por el actual jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, así como por senadores de diversos partidos como Mariana Gómez del Campo y Gabriela Cuevas, del Partido Acción Nacional (PAN), y Mario Delgado y Alejandra Barrales, del PRD.
La modificación implicaría, entre otras cosas, que las autoridades locales tengan mayor autonomía.
El jefe de gobierno, por ejemplo, tendría libertad para nombrar y remover a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP-DF) y de la Procuraduría General de Justicia (PGJDF), cuando actualmente deben recibir el visto bueno del presidente de la República.
La reforma, sin embargo, plantea que el mandatario tenga la facultad de retirar a esos funcionarios cuando incurran en faltas "graves" que definiría una legislación secundaria.
"El Ejecutivo federal podrá remover al servidor público que ejerza el mando directo de la fuerza pública a que se refiere el párrafo anterior, por causas graves que determine la ley que expida el Congreso", señala el documento.
En 2004, Marcelo Ebrard fue destituido como secretario de Seguridad Pública del DF por el presidente Vicente Fox, tras el linchamiento de tres agentes federales en una zona rural del sur del DF.
El entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, no pudo designar libremente al responsable de la seguridad en la capital, puesto que el perfil que envió a la Presidencia fue nuevamente rechazado. Quedó finalmente Joel Ortega, actual director del Metro.
El proyecto señala, además, que el jefe de gobierno no podría ser removido del cargo por el Senado, como la Constitución federal contempla actualmente.
Otro cambio implicaría que la Asamblea Legislativa (ALDF) electa para el periodo 2015-2018 deba asumir funciones de Asamblea Constituyente y redactar la nueva Constitución local, que tendría que estar terminada a más tardar el 31 de enero de 2016. Esa Constitución sustituiría al Estatuto de Gobierno actual, contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Hoy por hoy, el DF no tiene una Constitución ni puede decidir en sus términos su deuda pública. Este aspecto depende de la Cámara de Diputados.
Terminada la nueva Constitución local, la ALDF se convertiría en un Congreso como el que tienen los demás estados.
Las 16 delegaciones del DF, en tanto, se convertirían en demarcaciones territoriales —el equivalente a un municipio— que serían gobernadas por alcaldías compuestas por un alcalde y concejales. Actualmente, las delegaciones son gobernadas por jefes delegacionales.
Tanto los diputados locales como los funcionarios de las alcaldías podrían reelegirse, según lo aprobado esta semana en la reforma político-electoral .
El documento fue elaborado a partir de ocho iniciativas de legisladores de varios partidos y se prevé que comience a ser discutido el próximo lunes en las comisiones de Puntos Constitucionales, Distrito Federal y Estudios Legislativos, Primera.
La capital es la sede de los poderes federales y, con 8.5 millones de habitantes en 2012, es la segunda entidad más poblada del país, únicamente detrás del vecino Estado de México.
La reforma que discuten los senadores también contempla que la ciudad y localidades de los estados próximos conformen un Consejo de Desarrollo Metropolitano, que coordine las políticas comunes en materia de urbanismo, transporte y medio ambiente.
