Tras un año de desacuerdos, el Senado avala la comisión anticorrupción
Después de que el tema estuvo atorado más de un año por desacuerdos entre las principales bancadas, el Senado mexicano aprobó este viernes la creación de un nuevo órgano de combate a la corrupción, un problema que cuesta al país cerca del 10% del Producto Interno Bruto (PIB), según cálculos de la líderes empresariales.
La reforma constitucional quedó aprobada por 111 votos a favor, dos votos en contra y dos abstenciones.
La comisión anticorrupción tendrá autonomía constitucional y facultades para prevenir, investigar y sancionar por la vía administrativa las irregularidades que cometan servidores públicos y ciudadanos, señala el dictamen aprobado.
"Las sanciones administrativas consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas que deberán tomar en consideración los daños y perjuicios patrimoniales causados", indica el documento.
El catálogo de sanciones estará definido en una ley general de responsabilidades de los servidores públicos y combate a la corrupción, aplicable a funcionarios de los tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal—, que el Congreso deberá elaborar una vez que se cree oficialmente la comisión anticorrupción.
Para que el órgano se convierta en realidad, el siguiente paso es que la Cámara de Diputados apruebe la reforma avalada por el Senado, pero esto podrá ocurrir hasta el periodo de sesiones que arranca en febrero.
A pesar de que el actual periodo de sesiones termina el 15 de diciembre, la Cámara de Diputados entró en receso el jueves. Al respecto, senadores como Javier Corral y Alejandro Encinas, de los partidos de oposición Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), respectivamente, criticaron este viernes esa decisión, argumentando que retrasará la creación de la nueva comisión.
El órgano estará encabezado por un funcionario que deberá ser elegido por los votos de dos terceras partes del Senado y durará en el cargo siete años.
Una vez en funciones, la comisión reemplazará a la actual Secretaría de la Función Pública (SFP) —dependiente del gobierno federal— y tendrá que coordinarse con la nueva fiscalía especializada en combate a la corrupción de la Procuraduría General de la República (PGR), a la que corresponderá la persecución de irregularidades que constituyan delitos.
El organismo también deberá tener coordinación con las contralorías de las dependencias, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), al que el Congreso recientemente otorgó más atribuciones .
La reforma del Senado, además, implica que cada entidad tenga que crear su propio órgano anticorrupción.
El tema llegó a la Cámara alta en noviembre de 2012, cuando el presidente Enrique Peña Nieto, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo propuso al Congreso incluso antes de asumir el cargo el 1 de diciembre de ese año.
A la iniciativa de Peña Nieto se sumaron otras del PAN y del PRD, pero hasta ahora los partidos no habían llegado a acuerdos sobre puntos como quién encabezaría a la nueva institución o cuáles serían sus facultades.
La creación del nuevo órgano busca combatir un problema considerado grave en el país. A principios de diciembre, por ejemplo, la organización Transparencia Internacional (TI) dio a conocer un reporte que ubica a México en el lugar 106 de 177 naciones en su Índice de Percepción de la Corrupción, publicado anualmente.
En 2012, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) estimó que la corrupción tiene un costo de un billón 529,300 millones de pesos, equivalentes al 10% del PIB mexicano.
Los senadores afirman que la creación de la comisión anticorrupción representa "un avance" en la materia, aunque algunas organizaciones civiles consideran que la medida es insuficiente.
"La creación de una Agencia Nacional #Anticorrupción es una respuesta cosmética que no atiende el problema de fondo", publicó este viernes en su cuenta de Twitter el Colectivo por la Transparencia, que reúne a varias agrupaciones.
Para esas organizaciones, el país no sólo requiere una nueva institución, sino que varias conformen un sistema que detecte e inhiba posibles actos de corrupción en todos los ámbitos.
La creación de comisión, por lo pronto, consiguió salir adelante en el Senado. Sin embargo, para continuar su camino tendrá que esperar hasta que la Cámara de Diputados reciba el tema a comienzos de 2014.