Hemos apoyado la policía comunitaria, que es legal: gobierno de Guerrero
Un día después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) indicara que el gobierno de Guerrero ha realizado acciones para "alentar" el surgimiento de grupos de autodefensa, las autoridades estatales indicaron que su respaldo no es a ese tipo de movimientos, sino a la policía comunitaria que opera amparada por la ley.
“El gobierno de Guerrero ha apoyado con equipamiento a la Policía Comunitaria, que trabaja en la legalidad, y no así a los autodenominados grupos de autodefensa, que no tienen un marco jurídico que los regule”, expresó este miércoles el gobierno estatal, en un comunicado.
Las autoridades locales destacaron que la policía comunitaria, a diferencia de los grupos de autodefensa, está reconocida por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado.
La Ley 701 establece que la policía comunitaria es un “cuerpo de seguridad pública reconocido, de conformidad con los sistemas normativos de las comunidades y pueblos indígenas”.
Esa legislación se basa en la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado, que en su artículo 18 autoriza la creación y reconocimiento de “unidades o agrupamientos especiales de policía comunitaria preventiva con miembros de la propia comunidad” tomando en cuenta los usos y costumbres locales.
En agosto pasado, las autoridades estatales iniciaron el otorgamiento de credenciales a unos 923 integrantes de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades comunitarias (CRAC-PC), un grupo que tiene presencia en 48 comunidades de 11 municipios.
"La CNDH observa con inquietud la postura del gobierno de la entidad, que en un primer momento apoyó a estos grupos, incluso económicamente, los reconoció y realizó diversas acciones para alentar su surgimiento”, expresó este martes el titular de la Comisión, Raúl Plascencia.
"Ahora se está dando la detención de sus integrantes, sin que al momento se adviertan acciones a fin de atender las causas de fondo que originaron su surgimiento”, agregó.
Los grupos de policía comunitaria fueron incluidos junto con los de autodefensa en un informe que publicó el martes la CNDH, donde se alertó sobre el riesgo de generar una “espiral de violencia” con la conformación de ese tipo de movimientos.
En el documento, la Comisión indicó que la presencia de grupos de autodefensa abarca 46 de los 81 municipios del estado del sur de México.
Los movimientos de autodefensa aumentaron su presencia entre fines de 2012 y principios de este año como respuesta a las actividades de grupos del crimen organizado tanto en Guerrero como en el vecino estado de Michoacán, ambos en las costas del Pacífico mexicano.
En su informe, la CNDH indicó que el gobierno de Guerrero debe “implementar medidas inmediatas para recobrar las funciones de seguridad pública y garantizar la paz”.
Según el informe, unas 2,193 personas han sido desplazadas de sus comunidades en Guerrero debido a la violencia derivada de los grupos armados en el estado, que tiene una población de 3 millones y medio de habitantes.
El gobierno de Guerrero emitirá este miércoles un nuevo posicionamiento sobre el informe de la CNDH, luego de una reunión de sus dependencias de seguridad, indicó el área de Comunicación estatal a CNNMéxico.