La reforma energética cumple el último trámite para ser promulgada
La reforma que abre el sector energético mexicano al capital privado cumplió el último trámite legislativo que necesitaba. El diputado Ricardo Anaya, presidente de la Cámara baja, emitió la declaratoria de constitucionalidad y la envió al presidente Enrique Peña Nieto para que la promulgue.
Tan sólo seis días después de que fuera aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados, y posteriormente remitida a revisión en los estados, la Comisión Permanente del Congreso informó que la reforma energética recibió el aval de 24 legislaturas locales, más del mínimo requerido (16). Ese visto bueno se registró entre el 13 de diciembre y este miércoles.
Durante la sesión, el líder de los diputados del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, llamó a algunos de los opositores a la refoma "nacionalistas hipócritas" y señaló que el mayor riesgo para el país era no hacer nada.
"Es la hora de tomar decisiones. (...) Esa es la exigencia que tenemos todos en este México moderno. (...) Los problemas no se van a resolver por arte de magia ni menos abogando por resistencias absurdas", dijo.
También resaltó que "no es la primera vez que se reforma el artículo 27 constitucional sacrosanto", pues lo han hecho en otras ocasiones para tratar asuntos del campo.
"Hoy nuevamente avanzamos los que quisimos construir y se quedaron atrás los que no tuvieron otra cosa que ofrecer que su amargura", agregó Beltrones.
En tanto, el senador Javier Lozano consideró que esta reforma es "un triunfo intelectual" de su partido, Acción Nacional (PAN).
"Aquí se ha abusado del discurso, de la demagogia, para tratar de dividirnos. (...) Ya basta de esa mentira de que estamos privatizando", dijo Lozano, al descalificar los argumentos de la izquierda.
Al escuchar el comentario, desde su asiento, el diputado petista Manuel Huerta le gritó "¡Traidor!".
En sus posicionamientos, las bancadas de izquierda de Movimiento Ciudadano (MC), Partido del Trabajo (PT) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) reiteraron su rechazo a la reforma.
El senador perredista Manuel Camacho Solís dijo que sin consulta popular, la reforma energética es ilegítima.
"No sólo se batieron récords de tiempo, se cometieron burlas al debate. (...) Ningún sistema legal aceptaría este tipo de prácticas", señaló en su turno.
Manuel Bartlett, líder del PT en el Senado, y Ricardo Mejía Berdeja, vicecoordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, criticaron la rapidez con que los congresos locales revisaron la reforma.
Bartlett dijo que los legisladores de los estados sólo tomaron "minutos" para analizar un documento de unas 300 cuartillas y en algunos casos éste ni siquiera fue turnado a comisiones.
Con la declaratoria, el presidente tiene el camino libre para promulgar la que es considerada la principal reforma de su mandato (2012-2018). El mandatario, actualmente de gira en Turquía, anunció en días pasados que lo haría "de inmediato".
La reforma energética permitirá que el Estado se asocie con empresas nacionales o extranjeras para producir hidrocarburos, una tarea que le era exclusiva desde la expropiación petrolera de 1938.
El cambio, según los impulsores de la reforma, contribuirá a modernizar el sector petrolero y eléctrico, así como a impulsar el crecimiento económico y generar empleos.
Por el contrario, quienes se oponen a la medida —encabezados por los partidos de izquierda— afirman que se privatizarán los energéticos y han anunciado que recurrirán a instrumentos legales para tratar de echarla abajo.
