La Corte perfila aval para detectar celulares sin una orden judicial
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prevé declarar válida una reforma que permite a las autoridades judiciales localizar geográficamente en tiempo real cualquier teléfono móvil que se crea está relacionado con delitos graves.
Cuatro de los 11 ministros del pleno se pronunciaron este jueves a favor de un proyecto elaborado por la ministra Margarita Luna Ramos de 2012, que desecha una acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El proyecto declara constitucional el artículo 133 Quáter del Código Federal de Procedimientos Penales, así como de dos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones, al afirmar que ninguno de ellos viola los derechos humanos.
Según dichos artículos, reformados en abril de 2012, cuando exista una averiguación previa por delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas, el procurador o los ministerios públicos pueden solicitar a las compañías telefónicas, por simple oficio o medios electrónicos, la localización en tiempo real de un teléfono móvil sin orden de un juez.
Con el voto a favor de cuatro de los ministros —Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y Luna Ramos—, no se alcanzaría la mayoría calificada para invalidar los artículos que impugnó la CNDH.
Según Luna Ramos, la localización geográfica del aparato telefónico no permite conocer conversaciones, registros, domicilios ni información de ningún otro tipo, y en cambio ayudaría a combatir a la delincuencia.
La CNDH solicitaba que esta localización se hiciera solo mediante pedido judicial, pero para la ministra, esto significaría una pérdida de eficacia, ya que no se permitiría localizar inmediatamente, por ejemplo, el teléfono desde donde proviene una amenaza telefónica.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena afirmó que las señales de ubicación de los móviles ya forman parte de un ámbito disponible de información, no sólo para propósitos comerciales, sino también para una potencial regulación del Estado, por lo que "no puede esperarse razonablemente que esa señal de identificación sea de conocimiento privado de quien lo usa".
El ministro Jorge Pardo Rebollero se declaró a favor del proyecto, al afirmar que la medida permite dar "elementos valiosos para la investigación" a los ministerios públicos, sin afectar "el derecho a la inviolabilidad de un domicilio, a la privacidad en las comunicaciones privadas", como sería el caso en que se obtuvieran datos de un teléfono de un detenido sin orden judicial .
Al igual que Luna Ramos, el ministro Alberto Pérez Dayán afirmó que se trata de localizar un aparato, y no a personas en específico, ni tampoco de intervenir comunicaciones privadas.
Por su parte, José Ramón Cossio Díaz y Sergio Armando Valls se declararon en contra del proyecto, al considerar, al igual que la CNDH, que es solo mediante una orden judicial —al igual que en los cateos e intervenciones telefónicas— como se debe solicitar geolocalizar un teléfono móvil.
Cossio Díaz afirmó que no se puede "aceptar una intromisión en la vida privada de las personas, como la que se establece en el artículo impugnado, sin que exista un fundamento expreso en la Constitución".
Medidas como esta, según el ministro Cossio, "debe tener como salvaguarda mínima el control judicial previo".
En tanto, el ministro Valls afirmó que a su juicio la localización de un teléfono móvil "sí encuadra en la vigilancia de comunicaciones", y representa "una forma en la que podría obtenerse información del individuo", quien tiene derecho a la vida privada, según lo establece el artículo 16 de la Constitución.
Ese derecho, según Valls, protege no solo el contenido de las telecomunicaciones, sino también la ubicación desde donde se emiten, por lo que solo en casos excepcionales y mediante una orden judicial, podrían solicitarse dichos datos.
La sesión del pleno se declaró en receso hasta el próximo lunes, cuando se espera que continúe la discusión del proyecto de la ministra Luna Ramos, y ocurra la votación definitiva.